Supongamos que Michele Taruffo, el ilustre jurista italiano, maestro del garantismo procesal, vuelve a la vida y se reencarna en un médico forense. Supongamos que le encargan una autopsia sobre un homicidio singular: la víctima no es un cuerpo humano, sino una institución, nada menos que el Tribunal Supremo español. El arma homicida sería el fallo sin sentencia que condena al Fiscal General del Estado. Veamos qué diría Taruffo en su informe forense. Este sería su dictamen:
El cuerpo llegó a primera hora, envuelto en el hermetismo de los fallos anticipados. A simple vista conservaba su forma solemne y aparatosa: aún llevaba el emblema del Tribunal Supremo, intacto en su piel exterior. Pero bastaba situarlo bajo la luz fría de la mesa para advertir que algo esencial faltaba. Era un cuerpo sin interior; una sentencia sin entrañas.
La superficie ofrecía una conclusión firme, incluso altiva: la condena quedaba proclamada con precisión ritual. Pero cuando intenté palpar el tejido que debía sostenerla, solo encontré silencio. No había rastros de fundamentos jurídicos, ni señales del hilo argumental que une, como un sistema circulatorio, los hechos probados con la consecuencia penal. Aquel cuerpo había sido entregado sin corazón ni pulmones; sin los órganos vitales que permiten a una sentencia respirar, razonar y justificar su propia existencia.
Al practicar la apertura de la cavidad craneal, donde deberían alojarse la lógica, la motivación y las inferencias necesarias; no hallé más que una oquedad vacía. Un eco sin retorno que no devolvía causa ni explicación. Cualquier intento de reconstruir la secuencia racional era inútil: el puente entre la premisa y el fallo estaba ausente, como si hubiera sido extirpado antes de la entrega.
Había señales de lucha interna: los votos particulares aparecían como hematomas azulados, marcas que revelaban tensiones hermenéuticas, discrepancias jurídicas o fracturas doctrinales profundas. Pero sin la columna vertebral de la motivación era imposible determinar si esos golpes provenían del proceso deliberativo o de la colisión externa de presiones políticas invisibles. Todo quedaba suspendido en la penumbra.
A la altura del tórax, al examinar los órganos procesales, encontré lesiones compatibles con la erosión del principio de presunción de inocencia: síntomas de inversión de la carga de la prueba, indicios de prejuzgamiento público, rastros de filtraciones mediáticas previas, y magnificas fracturas en la estructura de imparcialidad. Todo ello sugiere que la muerte institucional no es súbita, sino la culminación de un deterioro acumulado, casi clínico, del sistema jurídico español.
La conclusión podía leerse, sí, nítida y limpia, como una proclama pronunciada con voz segura. Pero el cuerpo que la sostenía estaba muerto. Murió antes de llegar a nuestras manos, quizá en el instante en que se decidió admitir a trámite la querella, o quizá cuando se aceptaron sin cautela las inferencias lesivas de la UCO. El anuncio del fallo sin permitir que sus razones lo acompañaran fue, sin duda, el golpe mortal. Sobre la mesa de disección solo quedaba un cadáver ilustre: un fallo sin alma jurídica.
No puede determinarse la causa última de la muerte inferencial mientras la motivación íntegra no aparezca , si es que aparece, pero todo apunta a un cese abrupto de la continuidad lógica: un colapso epistémico tras una desconexión total entre hechos y traducción penal, reforzado por una arritmia en el pulso interior que debería animar toda decisión judicial. Hasta entonces, el cadáver permanecerá en cámara fría, esperando que lleguen los órganos faltantes para saber si murió de necesidad jurídica… o de lawfare.