La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en Estocolmo en junio de 1972, la primera gran conferencia de la ONU en materia ambiental, marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional. La Unión Europea ha sido pionera en la defensa del medio ambiente y ha seguido una senda de buen hacer con la vista puesta en las generaciones venideras, intentando resolver los problemas actuales.
“En 2050 vivimos bien, respetando los límites ecológicos del planeta. Nuestra prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son la consecuencia de una economía circular innovadora, donde nada se desperdicia y en la que los recursos naturales se gestionan de forma sostenible, y la biodiversidad se protege, valora y restaura de tal manera que la resiliencia de nuestra sociedad resulta fortalecida. Nuestro crecimiento hipocarbónico lleva tiempo disociado del uso de los recursos, marcando así el paso hacia una economía segura y sostenible a nivel mundial.”
Esta visión de futuro que muchas personas compartirán es una desiderata del séptimo programa general de acción de la Unión Europea en materia de medio ambiente hasta 2020 que fue aprobado en noviembre de 2013 con el lema “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”.
La decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que aprobó el VIII programa hasta 2030, reconoce que la Unión puede asumir en la próxima década el liderazgo a nivel mundial en materia de sostenibilidad abordando los desafíos urgentes que requieren soluciones sistémicas. El cambio sistémico conlleva un cambio transformador y transversal que comprende giros importantes y la reorientación de los objetivos, los incentivos, las tecnologías y las prácticas, normas sociales y los sistemas de conocimiento, y los enfoques en materia de gobernanza. Los desafíos medioambientales y de sostenibilidad en Europa están íntimamente ligados a las actividades económicas y los estilos de vida, los que atienden a necesidades de los europeos como alimentos, la energía y la movilidad. Garantizar la coherencia de estas políticas con las políticas medioambientales haría avanzar a Europa en gran medida hacia la consecución de sus objetivos medioambientales hasta 2030 y de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Algunos desafíos detectados fueron respondidos con la adopción del denominado «Pacto Verde Europeo», una estrategia de crecimiento para la doble transición ecológica y digital, para transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, de economía sostenible, competitiva, climáticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos, y a la vez proteger, conservar y reforzar el capital natural al tiempo que mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
El Parlamento Europeo instó a la Comisión a que adoptara propuestas legislativas y presupuestarias futuras en consonancia con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C y que no contribuyeran a la pérdida de biodiversidad, mediante una amplia reforma de sus políticas en los ámbitos de la agricultura, el comercio, el transporte, la energía y la inversión en infraestructuras.
El Pacto Verde Europeo sentó las bases del Plan de Recuperación Next Generation EU, que fomenta la inversión en sectores que son clave para la transición ecológica y digital, con el objeto de fortalecer la resiliencia y generar crecimiento y empleo en una sociedad equitativa e inclusiva. Todas las iniciativas que se adopten deben respetar el principio de 'no causar un perjuicio significativo'.
El VIII Programa en materia de medio ambiente hasta 2030, va más allá del Pacto Verde Europeo. Los objetivos prioritarios trazan una dirección para la elaboración de políticas de la Unión, principalmente en los compromisos de las estrategias e iniciativas del Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad de aquí a 2030, el Plan de Acción para la Economía Circular, la Estrategia de Sostenibilidad para las Sustancias Químicas y el Plan de Acción «Contaminación Cero». Todo ello sin olvidar que hay que mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales y prosiguiendo los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C para 2030 con respecto a los niveles preindustriales, que reduciría significativamente los riesgos y los efectos del cambio climático.
Soplan malos vientos para el medio ambiente en Europa. Los intereses de las grandes corporaciones y algunas fuerzas políticas van en sentido contrario del bienestar de sus gentes. Solo es necesario ver como se inundan las redes sociales y los medios de comunicación interesados de noticias falsas. Abundan los opinadores sin formación específica que se creen tener derecho a verter su opinión por el simple principio de la libertad de expresión, e incluso se le da el mismo o más espacio que a eminentes científicos contrastados. Hablan sentando cátedra por encima de especialistas en crisis climática, energías renovables, biología de la conservación. Se le da máxima audiencia a personas interesadas en lo particular frente a lo general en medios de gran audiencia y no se contrasta la noticia con especialistas en la materia que se trate. Lo importante es lanzar la noticia el primero sin contrastar, o bien porque se quiere conseguir un efecto determinado.
Como lo ha dicho la televisión será cierto, esto es lo que piensan las mentes sanas de muchas personas que se dejan embaucar porque no tienen como comprobar la noticia. Los medios que permiten esta forma de actuar ejercen una mala influencia a su profesión que la van degradando poco a poco. Quizás es eso lo que quieren porque sus fines son espurios o bien como dice el refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores”, es decir, aprovechan la oportunidad para obtener beneficios o ventajas.
En los últimos meses se ha asistido a la adopción de una serie de decisiones en la Unión Europea, España y las Comunidades Autónomas que pueden estar en contra del Principio de No Regresión de las normas ambientales. Este principio fue formulado por la doctrina jurídico ambiental y se vio reforzado en la Conferencia Internacional Río + 20. En términos generales, busca evitar la supresión de normativa o la reducción de sus exigencias por intereses que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya que en muchos casos, dichas regresiones podrían derivar en daños ambientales irreversibles. En otras palabras, consiste en la obligación de no retroceder, no afectar umbrales y estándares de protección ambiental ya adquiridos, no derogar o modificar la normativa vigente; en la medida en que dichas modificaciones conlleven a disminuir o afectar negativamente los niveles de protección ya alcanzados.
Ha sido considerado como una cláusula de «status quo» o «de no regresión», con la finalidad, siempre, de proteger los avances de protección alcanzados en el contenido de las normas medioambientales, en base a razones vinculadas al carácter finalista del citado derecho medioambiental. Existen sentencias del Tribunal Europeo que señalan claramente que un espacio protegido perteneciente a la Red natura 2000, sólo es posible minorar dicha superficie cuando existe un interés público especialmente prevalente, acreditado y general; no cabe cuando dicho interés es particular o privado, por gran relevancia social que tenga.
Un ejemplo palpable de este principio es la decisión de la Unión Europea para presionar al comité permanente del Convenio de Berna para la conservación de la vida silvestre que ha aprobado bajar el grado de protección del lobo. Su categoría de “especie de protección estricta” se ha rebajado al de “protección simple” que permite cierta explotación. La Directiva de Hábitats también se ha modificado. No hay que ser muy iluso para darse cuenta que se abre una puerta muy peligrosa para la conservación de la biodiversidad viendo las corrientes políticas que se están imponiendo en Europa a todos los niveles que huyen de la evidencia científica para adoptar decisiones. En este caso el Defensor del Pueblo Europeo ha iniciado un expediente de investigación para conocer cómo Bruselas recopiló los datos en los que basó su plan de desprotección. Seguro que aún no se ha dicho la última palabra y el asunto acabará en el Tribunal Europeo.
Otro ejemplo del posible incumplimiento del principio de no regresión de las normas ambientales son los recurrentes anuncios de las comunidades autónomas de simplificación administrativa en los procedimientos de prevención ambiental, que se materializan en voluminosos decretos leyes. Si se analizan en profundidad puede encontrarse que numerosas actividades han desaparecido de los anexos o cambiadas de procedimientos hacia un menor análisis, y en muchas ocasiones se ha hurtado la información pública, que es una parte esencial del proceso de evaluación ambiental, y que siempre se ha considerado como fundamental y básica. En este caso, los constantes anuncios en los medios de comunicación de simplificación administrativa calan en la sociedad. El camino no es la involución ambiental sino la dotación de personal y medios eficaces a la administración para que realice más eficazmente su trabajo que es en beneficio del bien común, esa es la verdadera simplificación administrativa.
Toda la arquitectura establecida por la Unión Europea está siendo cuestionada por una corriente negacionista de la mayoría de estos planes relacionados con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Estos últimos están siendo objeto de una fuerte campaña de desacreditación como si fueran los responsables de todos los males del mundo.
En estos momentos habría que preguntarse sobre quién está en contra del fin de la pobreza y del hambre, de una mejora de la salud y del bienestar, de una educación de calidad, de la igualdad de género, de un agua limpia y un saneamiento adecuado, de tener una energía asequible y no contaminante, de tener un trabajo decente y un crecimiento económico, una mejora en la industria, la innovación y las infraestructuras, una reducción de las desigualdades, unas ciudades y comunidades sostenibles, una producción y consumo responsable,una acción para mejorar el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, que exista paz y justicia y las instituciones sean sólidas y por último que existan alianzas para lograr los objetivos.
Estos son los 17 objetivos que son tan vilipendiados por algunos sectores de la sociedad política y civil. Hay que ser poco empático con nuestros congéneres para hacer una enmienda a la totalidad de los mismos. La ciencia se abandona y sus logros y conclusiones se politizan y critican o se entierran en el ostracismo. Se camina hacia un mundo lleno de idiotas en su verdadero significado de la palabra, personas que no están interesados en los asuntos públicos y sólo miran para sí mismos. Es hora de reaccionar ante estas iniciativas que intentan socavar el marco establecido para mejora de toda la sociedad, para beneficiar el interés de sólo unos pocos. La perseverancia y la razón debe imponerse.