Cerdos en una macrogranja.
Cerdos en una macrogranja. STOP GANADERÍA INDUSTRIAL

“La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo, y la ocupación más noble para todo hombre libre” (Cicerón, siglo I a. C.).

Vaya la que se ha montado en torno a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las diferencias entre la ganadería intensiva y extensiva y las macrogranjas. El diario británico The Guardian publicó una entrevista con el ministro el 26 de diciembre. Las declaraciones de Garzón han provocado reacciones en contra del PP, Cs y Vox y de Asaja (Asociación agraria de Jóvenes agricultores), que han pedido su dimisión.

El ministro diferenciaba los dos modelos. Del intensivo señalaba que “hay grandes empresas que proyectan construir en pequeños pueblos del interior, macrogranjas con miles de cabezas que contaminarían los suelos y el agua, mientras que la ganadería extensiva es ecológicamente sostenible y hay múltiples ejemplos en España”. Garzón señala que sus palabras han sido malinterpretadas y las califica de bulo por parte del lobby de la industria cárnica”. Garzón fue muy criticado cuando en julio dijo que “sería aconsejable reducir el consumo de carne, porque el 14,5% de las emisiones de GEI proviene de la ganadería”. Entonces el sector cárnico y la oposición se le echaron encima.

Ahora, Enrique Santiago, secretario de Estado de la Agenda 2030, señala: “Que Garzón defienda la ganadería extensiva frente a las macrogranjas es lo que deberían hacer todos los ministros y todas las administraciones”. Las Organizaciones Agrarias COAG y UPA son contrarias en principio a las macrogranjas, aunque ahora en Castilla y León se posicionan contra el Ministro, como también algunos barones socialistas, como los presidentes de Aragón y de Castilla-La Mancha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, no han arropado al ministro de Consumo. Luis Planas se refirió a “unas desafortunadas declaraciones” y señaló que el Ministerio apoya tanto a la ganadería extensiva como a la intensiva. El presidente aboga en Twitter por “una ganadería sostenible, a menor escala, de gran valor ambiental y que genere empleo en el medio rural”.

Es verdad que el ministro Garzón podía haber consultado con el resto del Gobierno y con el presidente Sánchez, ante un tema tan sensible que afecta a los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y al de Transición Ecológica, y a la economía de decenas de miles de familias, en toda la cadena alimentaria. También es verdad que el Gobierno y el PSOE han cesado de seguir el juego al PP, en sus críticas y en su petición de cese de Garzón, toda vez que el PP y Vox se apoyan en la mendacidad y en la tergiversación de las declaraciones del Ministro que diferenció la buenas practicas de la ganadería extensiva frente a las macrogranjas, done impera la industrialización. 

En España hay 3.000 grandes explotaciones intensivas de porcino, y numerosos proyectos de macrogranjas en Navarra, Zamora, Ourense, Burgos, Albacete, Lérida.  El más sonado es el de Noviercas, Soria, un pequeño pueblo de 150 habitantes donde se pretende instalar una macrogranja para 23.000 vacas, que supondría un consumo de seis millones de litros de agua al día, superior al consumo de la ciudad de Soria, y emitiría 574.000 Tm de CO2 anuales, equivalente a las emisiones de 120.000 coches.

La empresa CEFU S.A.-El Pozo promueve otra macrogranja en Pozuelo, Albacete para 85.000 cerdos. Otro proyecto muy contestado es el de la macrogranja de porcino en Castilléjar, 1.330 habitantes, al nordeste de Granada, entre Huéscar y Baza, con capacidad para criar 650.000 lechones al año que genera altas emisiones de metano y nitratos en todo el entorno. Greenpeace entró en las instalaciones y denuncia la “situación de abandono y suciedad en las reducidas parideras, con cantidad de animales muertos, y el impacto ambiental de estas instalaciones, un modelo que contribuye a la crisis climática actual, a la pérdida de biodiversidad, al consumo excesivo de agua y a la contaminación de los suelos”.

La PAC

“España contará con una PAC más justa, más social y más sostenible”, según el ministro de Agricultura, el cordobés Luis Planas. Sin embargo, el informe remitido a Bruselas, no ha contado con el consenso de las CCAA ni de las Organizaciones Agrarias, tras tres años de negociación, y nos consta el esfuerzo del Ministro por llegar a acuerdos más amplios.

El Ministerio de Agricultura envió a Bruselas el Plan Estratégico de España para la reforma de la PAC (2023-2027) que será evaluado por la Comisión Europea. Los fondos de la nueva PAC suponen para España 47.724 millones de un total de 386.000 euros para toda la UE. España con Francia y Alemana son los países que más ayudas reciben de la PAC. En nuestro país se beneficiarán 630.000 agricultores y ganaderos. El 33% de los perceptores serán andaluces, pues Andalucía genera el 36% de la producción final agraria.

Las ayudas de la PAC se distribuyen en dos pilares. El Pilar I supone el 80% del presupuesto total y aplica las ayudas directas anuales y medidas para corregir algunas disfunciones del mercado. El Pilar II atiende al desarrollo rural, conservación ambiental y prácticas sostenibles. Novedad de esta reforma: pasar de las 50 regiones productivas de pago que tenía España, y que eran una barbaridad, a las 20 regiones que propone el Ministerio y que han suscitado tensiones con comunidades autónomas y organizaciones agrarias. Ahora los terrenos de pastos permanentes se engloban en una misma región. Otra novedad es rebajar las diferencias en la percepción, eliminando los “derechos históricos” y fijando un tope máximo para un solo receptor.

Sobre el concepto de “agricultor activo o genuino”, la presión de las organizaciones agrarias andaluzas y de la Consejería de Agricultura propició incluir a unos 50.000 productores pluriactivos, aquellos cuyas rentas no dependen solamente de su actividad agraria o ganadera, y que en Andalucía suponen casi la mitad de los perceptores de ayudas. En el informe español se incluyen los pequeños agricultores perceptores de menos de 5.000 euros y un programa específico para el olivar tradicional. Otras novedades son los fondos Next Generation” el apoyo a los jóvenes agricultores y a la agricultura y ganadería ecológicas, con el programa De la granja a la mesa y los “ecoesquemas”, que sustituyen al denominado pago verde que prima proteger el medio ambiente y mitigar los efectos del Cambio Climático.

En esta nueva PAC, la UE quiere favorecer la conversión de agricultores y ganaderos a sistemas más respetuosos con el medio ambiente. España es líder europeo en cuanto a superficie ecológica, con 2,4 millones de has, y Andalucía supone el 50% del total español. La asignatura pendiente es el consumo de productos ecológicos. Los daneses gastan 344 euros por cabeza y año, mientras que los españoles solo gastamos 54 euros.

En esta reforma, la Fundación Savia ha presionado al Ministerio y al Parlamento Europeo para que se distinga la ganadería extensiva (que pasta en dehesas, practica la trashumancia, conserva los ecosistemas, y produce alimentos saludables), de la ganadería intensiva o industrializada que contamina el medio ambiente, los suelos, los acuíferos y en muchos casos, por sobrepoblación ganadera, no cumple con la normativa europea sobre bienestar animal.

Para evitar el despoblamiento, es necesario proteger a los agricultores, ganaderos y pescadores, pues sin ellos, no podríamos alimentarnos. Pero debemos exigir buenas prácticas, para que esos productos sean bien acogidos por los consumidores, y las macrogranjas que se basan en el modelo norteamericano, no son el mejor ejemplo de bienestar animal, de producción sostenible, y de protección del entorno ambiental. Compremos productos cercanos, si es posible ecológicos, para que los productores puedan vivir dignamente, sin ver deteriorado su medio natural; y nosotros, los consumidores, podamos seguir disfrutando del medio ambiente rural, tan amenazado.

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