La sociedad tiene hoy tirria a los grises. Algo de eso condicionó la sesión en el Parlamento el pasado jueves, en el esperado cara a cara de Juanma Moreno y Juan Espadas ante dos grandes elementos que han marcado la semana política andaluza, y la marcarán mínimo por meses. Primero, que el juzgado ha admitido a trámite la denuncia del PSOE sobre los contratos de la sanidad andaluza con la privada, firmados para 2021 pero prorrogados cuando había finalizado legalmente el contexto que amparaba la emergencia. Por otro lado, que en cuatro provincias andaluzas, durante 2021, se abusó de la contratación menor y los interventores -funcionarios de la propia Junta- retratan un posible fraude de ley por "fraccionamiento irregular".
Le dijo Moreno a Espadas que lleva dos años, los que van de legislatura, intentando "hincarle el colmillo" y le deslizó que por la "ansiedad" de verse aún lejos del Gobierno andaluz, uno hace cosas que no son propias de uno. Le dijo, entonces, que no es propio de Espadas lanzar estas acusaciones. No habría sido mentir tampoco si Espadas, refiriéndose a algo tan etéreo como la imagen, hubiera dicho que tampoco parece propio de Moreno tirar esos balones fuera.
Pero la realidad es que estos dos asuntos vienen a envenenar las aguas del debate. No habrá ya reuniones con la oposición ni rondas de petición de apoyos que lo remedien. Hay que recordar que la Cámara, al completo, ha apoyado una reforma de la ley estatal que regula el acceso al funcionariado para adaptar los exámenes a personas con discapacidad intelectual. De Adelante a Vox, con PP y PSOE y por iniciativa de Por Andalucía. ¿Quedará mucho de eso en los dos años que quedan?
Lo cierto es que en la financiación ya se estaba agriando más el debate, tensándose. Y lo que rondará el tema, porque va a marcar la agenda de la Junta los próximos dos años, pedir más dinero a Pedro Sánchez. Pero, ¿de dónde venimos?
Pues venimos del simplista "putas y cocaína" y "miles de millones" del caso ERE. Un caso ERE que no fueron nunca 600, 700 ni 1.000 millones de euros robados. Entre otras cosas, porque la inmensa mayoría de los prejubilados eran trabajadores y en sus expedientes había intrusos. No es menor la cuantía que sí traicionó la confianza de los andaluces, un escándalo, pero seguramente entre 50 y 60 millones los que se desviaron a cuenta de un número excesivo de caraduras. Una barbaridad, por supuesto, pero donde han pagado también justos por pecadores.
Pero tan simple es decir eso como que se han robado 458 millones de euros. No es cierto. Decir esa frase es faltar a la verdad. Es más complejo que eso. 458 millones fue lo adjudicado por contratación menor -en packs de no más de 40.000 euros- en 2021 en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén. El día que los informes incorporen las mastodónticas Granada, Málaga o Sevilla, probablemente esa cifra se incremente. Porque es el funcionamiento de la administración en muchos casos: encontrar a una empresa que haga una tarea por un dinero concreto, con agilidad, como si fuera una empresa privada que necesita comprar material de oficina, medicamentos o arreglar un ascensor.
El problema de esos contratos es que se sumaban hasta 30 o 40 para la misma empresa en el mismo año en tareas similares, por ejemplo, para una obra, o para la comprar de medicamentos. En algunos casos, si un principio activo no puede ser explotado por terceros, pues igualmente solo se contrataría a tal farmacéutica si es lo mejor que se puede adquirir para curar a una persona. Decisiones de compra de directivos del SAS, en base a lo que le piden los sanitarios para sus pacientes.
¿Se hizo bien? Es obvio que tirar continuamente de los contratos menores no es lo mejor. Hasta lo vino a deslizar la nueva consejera en el Parlamento la mañana del jueves, Rocío Hernández. Mucho mejor un proceso si para unas obras de reforma se saca a licitación pública y concurren varias ofertas, para ver cuál es la mejor.
Pero hay que insistir, los contratos menores son legales y en muchos casos la mejor solución si la confianza con una empresa tiene razones honestas, que es lo habitual. Y, sobre todo, tampoco olvidemos, porque las administraciones a menudo se intentan escudar en que no pueden acometer una mejora, un arreglo, porque tienen que ir a licitación, y al problema se le da una patada para meses. Ejemplo: muchos ayuntamientos con arreglitos menores de colegios. "Eso, a ver si para este año se puede hacer". Y consiste en repintar por 3.000 euros, por ejemplo.
La actividad de la administración es compleja y a menudo hay que ir al resumen de qué define si una persona, al realizar una labor, es buena o mala: profesionalidad y honestidad. Profesionalidad como definición del conocimiento técnico, la preparación, la capacidad para resolver el día a día; y honestidad, si le guía en su cumplimiento que las cosas vayan mejor, sacrificando a veces tiempo en que finalmente no sea un churro, y tomando la complicada vía de no mirar para otro lado y no enriquecerse ni uno mismo ni a otros.
Como un bumerán, el jueves quizás le rebotaba al PP el trazo gordo que emplearon cuando acusaron a todos los dirigentes socialistas de lo peor imaginable, diciendo que habían robado "miles de millones". En cualquier caso, Espadas, aunque en algún momento pudo 'calentarse', hasta se atrevió a ir al terreno de lo gris, explicando en el Parlamento que el problema no eran los contratos menores, sino su fraccionamiento. El PP, ahí, interrumpió con voces desde su bancada y hasta lanzaba un tuit de mofa.
También entró Moreno en los grises, en reconocer que todo es complejo, cuando argumentó que el Ayuntamiento de Sevilla de Espadas había firmado muchísimo contrato menor, y que no por eso le iba a acusar de nada. Eso sí, decir que "no hay nada" tampoco resultaría correcto, entre otras cosas, porque es imposible saberlo si aquí o allí hubo cualquier caradura que sí tiró de una empresa mala y cara. Esa puerta, con este funcionamiento desprendido, está abierta.
Espadas y Moreno estuvieron a la altura del debate en general, que fue duro pero no excedió en el aspaviento. Y le condiciona que todos esperaban sangre salpicando. Por suerte y por ahora, no fueron ríos de ello. Se pidieron mutuamente explicaciones, se dijeron cosas que no dirían de cambiar las siglas de los partidos, o cosas que sí se escuchan en otros parlamentos autonómicos. Pero alrededor de todo esto hay un blanco o negro que no mejorará la política andaluza. Hay que insistir: ni en el caso ERE hubo un robo de miles de millones; ni tampoco lo ha habido en el SAS por abusar de los contratos menores o por ampliar más allá de la pandemia los acuerdos con la privada. En ambos casos, legítimamente, se puede argumentar que se hayan hecho cosas mal y que no haya sido la mejor política posible, y que por supuesto, hay que investigar, conocer más y ser transparentes, siempre vigilantes con la caja. Pero si esto se convierte en el nuevo 'caso de los ERE', pierden todos.