Una Constitución no es un texto normativo cualquiera. Es la Ley de Leyes, la Norma Suprema, la cúspide del ordenamiento jurídico, de la cual emanan todas las demás normas, y ninguna puede contradecirla.
La Constitución es el pilar sobre el que se sostiene todo el edificio jurídico de un Estado: define cómo se organiza, funciona y estructura el poder del Estado (legislativo, ejecutivo, judicial), cuáles son sus límites y contrapesos; qué derechos fundamentales y libertades tiene la población y las garantías para su ejercicio; expresa los valores supremos que rigen en dicho Estado (democracia, justicia, libertad, igualdad y el pluralismo político) que informan toda la vida jurídica y política del país. Define las reglas básicas para la vida en sociedad, promoviendo el orden, la seguridad jurídica y la participación ciudadana en la vida pública. Y, lo que es más determinante, surge de un poder originario, el poder constituyente, que es quien decide qué, cómo, cuándo y cuál será la forma de organización política del Estado.
La Constitución española, que entró en vigor un 29 de diciembre de 1978, estableció en su texto estas condiciones para la configuración del Estado social y democrático de Derecho que se aprobó por el pueblo español hace cincuenta años. Pero, cinco décadas después, la pregunta resuena con fuerza en la calle, en las redes y en las instituciones: ¿para qué sirve la Constitución? ¿Se cumple?
¿Para qué sirven las Constituciones?
Para responder a esta pregunta, conviene dirigirnos a la web del Congreso y citar lo que dice al respecto: “Las Constituciones sirven, sobre todo, para dar estabilidad a las reglas que determinan la forma en que se ejerce el poder público por parte de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado que están autorizados para ello”. “Si las reglas constitucionales estuviesen también sometidas a la [flexibilidad de aprobación y modificación de las leyes] … no podrían tener la estabilidad (es decir, la permanencia en el tiempo) que necesitan para cumplir su primordial finalidad de garantizar la libertad y seguridad”.
Esto viene a significar la que Constitución, su configuración, normas y mecanismos para la aprobación y reforma de las mismas sirven para garantizar la estabilidad del sistema y de las instituciones, para consolidar la democracia parlamentaria y el mantenimiento de las reglas de convivencia y de la paz social.
¿Se cumple la Constitución?
La respuesta no admite simplificaciones. La Constitución Española de 1978 representa un logro histórico del pueblo español y de las fuerzas políticas que apostaron por incorporar a España al marco democrático europeo y el progreso, dejando atrás cuatro décadas de dictadura. Cincuenta años después, el balance es ambivalente: su cumplimiento es deficiente y su eficacia está debilitada.
Muchas normas constitucionales no se respetan por quienes están obligados a acatarlas, empezando por las más altas autoridades, que en ocasiones se valen de sus privilegios para eludir su cumplimiento. Otras se aplican de forma parcial, interesada o insuficiente. Y en los últimos años se han aprobado leyes que generan tensiones constitucionales y de convivencia profundas, como la Ley de Amnistía, avalada por el Tribunal Constitucional pese a la evidente infracción de los artículos 9.3, 14, 25, 62.i, 103 de la CE; o la mal llamada ley trans o de autodeterminación del sexo, cuya constitucionalidad choca de forma frontal con los derechos de los menores y de las mujeres basados en el sexo, artículo 14.
Todas estas anomalías abren una brecha creciente entre la Constitución "formal" y la "real": entre lo que dice el papel y lo que vive la ciudadanía. Esa distancia socava el Estado de Derecho, deteriora la confianza en las instituciones, polariza a la sociedad y debilita la esperanza de un futuro mejor, especialmente debido a la precariedad en el trabajo, las dificultades para el acceso a la vivienda y, entre otros, el deterioro de la sanidad y la educación.
Más partitocracia que democracia
La raíz del problema reside en las deficiencias estructurales del sistema político español: una separación de poderes insuficiente, un modelo de partidos poco democratizado internamente, un sistema electoral que favorece el caciquismo bipartidista y una arraigada tradición clientelista. Todo ello convierte a España en lo que algunos analistas denominan una "partitocracia consolidada" más que una democracia plena, como se señala desde Hay Derecho. En lugar del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo que predomina es el dominio de dos partidos políticos, que controlan el poder público y su presupuesto, y lo ponen frecuentemente al servicio de poderes fácticos, sometiendo al Estado de Derecho a un funcionamiento intermitente, deficiente e injusto, en detrimento de los derechos de la población.
La ausencia de democracia interna en los partidos, su débil sentido del compromiso institucional con el interés público y la carencia de mecanismos de control independientes alejan cada vez más el objetivo de una democracia plena. Basta repasar la cobertura mediática de las Cámaras en las últimas legislaturas: escándalos de corrupción que salpican a todas las formaciones, debates broncos entre grupos parlamentarios, absentismo persistente, enchufismo de familiares y allegados y otras corruptelas, hasta los casos de acoso sexual y prostitución que han protagonizado los titulares más recientes.
Entonces, ¿en España sirve la Constitución?
La respuesta es rotunda: sí, la Constitución sirve. Que no se cumpla de forma satisfactoria no significa que sea prescindible ni que sin ella, o con otra distinta, se estaría mejor. Los problemas no residen en el articulado de la norma fundamental, sino en la falta de voluntad política, jurídica y cívica para cumplirla y hacerla cumplir.
Pese a los datos poco halagüeños sobre corrupción, disfunciones democráticas y desigualdad que se manejan a nivel interno, en el contexto internacional España mantiene niveles aceptables de calidad democrática, aunque claramente mejorables. Las elecciones son libres, las libertades civiles están razonablemente protegidas y existe una gobernabilidad aceptable que ha permitido gestionar crisis y mantener el crecimiento económico. Según el Democracy Index 2024 de The Economist Intelligence Unit, España se sitúa entre las "democracias plenas", ocupando el puesto 22 de 167 países analizados, con una puntuación de 8,07 sobre 10. Freedom House, en su informe Freedom in the World 2024, clasifica a España como país "libre", con 91 puntos sobre 100 en derechos políticos y libertades civiles, superando ampliamente la media global, en un mundo donde las libertades y derechos sufren recortes evidentes, mientras el autoritarismo se expande.
Aunque la percepción interna sea más bien pesimista, la realidad comparada indica que España supera el promedio mundial en funcionamiento institucional y protección de derechos, pese a las carencias evidentes en transparencia y lucha contra la corrupción. El reto no es refundar el marco constitucional, ni añorar los tiempos de autoritarismo y recorte de libertades, sino exigir que quienes tienen la responsabilidad de aplicarlo lo hagan con rigor, transparencia y compromiso con el interés general.
La Constitución no ha fallado; son las instituciones y las autoridades quienes no han sabido estar a la altura del pacto sellado hace 50 años. Y de esto la ciudadanía también tiene responsabilidad: la democracia no consiste sólo en votar cada cuatro años, sino en participar activamente de la vida política, exigir rendición de cuentas constante y luchar de forma activa por la preservación de nuestros derechos y libertades.