Este miércoles 17 de junio el Pleno de Diputación de Cádiz tiene una reunión decisiva respecto al futuro del CEIP Institución Provincial Gaditana, un emblemático centro de la ciudad amenazado con el cierre. Por esa razón, se han convocado para ese mismo día dos concentraciones vinculadas entre sí: contra el cierre del colegio, impulsada por la Coordinadora Escuela Pública de Cádiz, y para exigir una solución para las trabajadoras del servicio de limpieza, convocada por Autonomía Obrera. La doble cita, a la que acudiremos Ustea Cádiz, es frente al edificio de Diputación a las 13:30 horas.
El futuro de La Institución es preocupante. Este centro está edificado en suelo propiedad del Obispado, y su titularidad pertenece a Diputación Provincial, que desea deshacerse de la misma, mientras que la Consejería de Educación, la administración con las competencias en el ámbito educativo, se ha resistido siempre a asumirla. Un centro que está, como se ha dicho en varias ocasiones, en un “limbo administrativo” que es la clave fundamental para entender sus problemas. Ahora bien: en su muerte, que parece inminente, no solo ha habido desidia, sino también puñales por la espalda.
Lo que motiva el anuncio de cierre del centro en mayo es el hecho de que, según Diputación, la Fundación Aramburu Moreno de Mora le comunica la finalización del convenio de 1963 de cesión del espacio para octubre de 2020. Cuando se publica la noticia, varios portavoces de la Fundación la desmienten, alegando que se había ofrecido a Diputación prolongar la cesión mediante un nuevo convenio, pero Diputación responde sacando a la luz una carta de marzo de 2019 en la que el obispado le instaba a recuperar el espacio cedido. Desde Ustea Cádiz, mediante un comunicado de prensa, instamos entonces a la Diputación Provincial a aclarar públicamente la situación, en cuanto administración (pública) titular del centro.
Eso no significa que comulguemos -qué apropiada expresión para este caso- con la versión ofrecida por el obispado. Ni mucho menos. Quien escribe estas líneas no confía en absoluto en una supuesta filantropía o en un compromiso con la educación por parte del mismo. Las causas por las que el obispado puede querer dar por finiquitado el acuerdo pueden ser varias, y aquí la imaginación es libre. Habrá quien piense que el terreno es suculento porque está muy bien situado. No faltará quien crea que el cierre de este centro favorece además la educación concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia. Por la mente de las lectoras y lectores, en fin, podrán pasar otras posibles razones.
Pero no es menos cierto que el proceder de Diputación Provincial, gobernada por el PSOE, es muy opaco, incluso sospechoso. Sabían desde hacía mucho tiempo -más de un año, si nos atenemos a la carta del obispado que ellos mismos sacaron a la luz- que el convenio no se iba a prolongar, pero comunican el cierre del centro, tanto al AMPA del mismo como al Ayuntamiento de Cádiz, el 15 mayo. Cuando todo está paralizado por la pandemia. ¿Por qué tan tarde? A cualquier podría darle la sensación de que la intención de Diputación era, tan cerca ya el final del curso, no dar tiempo a reaccionar a las familias y empujar a estas a matricular a sus hijos en otros centros, acelerando el cierre de La Institución.
Pero no es menos llamativo el proceder de la Junta de Andalucía. Desde que la Diputación Provincial aprobara en un pleno de 2013 que la Consejería de Educación asumiera la titularidad de este centro público, pues es la administración con competencia en educación, la reacción de la Junta, durante los gobiernos tanto de PSOE como ahora de PP y Ciudadanos, ha sido la de ponerse de perfil. Ahora, cuando salta toda esta polémica, la Consejería de Educación hace público un comunicado en que rechaza claramente asumir la titularidad de La Institución. Se basan, sobre todo, en el hecho (ciertamente problemático) de que es un centro edificado sobre suelo completamente privado, mientras que los convenios que realiza la Junta se basan en la cesión de suelo municipal. Entonces nos preguntamos: ¿por qué la Junta de Andalucía se comprometió, cuando todavía gobernaba el PSOE, a que construiría un nuevo edificio para La Institución, compromiso mantenido por el gobierno de PP y C’s? ¿Quizás porque estaban convencidos de que La Institución se cerraría más pronto que tarde, y sabían que no estaban obligados a cumplir su promesa? ¿Cómo podemos pensar que el compromiso por parte de la Junta era real cuando sabían de las presiones del obispado a Diputación?
El miércoles estaremos frente a la Diputación provincial para seguir pidiendo la continuidad del centro, porque esta batalla la vamos a dar hasta el final. También para pedir una solución para las que, en caso se cerrarse, se llevarían la peor parte: las trabajadoras (precarias) del servicio de limpieza, que todavía no han recibido una aclaración sobre su futuro ni por parte de la empresa adjudicataria ni por parte de Diputación. Pero estaremos también para señalar públicamente a los culpables de la muerte de La Institución: al PSOE, sobre todo, pero también al actual gobierno de PP y Ciudadanos, y a dos administraciones, Diputación y Consejería. Que no lo han dejado morir solo por inacción: aquí también ha habido puñales por la espalda.
Moisés Martín Gómez, delegado de USTEA Cádiz
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