En un reciente artículo en La Vanguardia, Enric Juliana reflexionaba sobre la “tierra quemada” que nos está dejando el verano del año 2025. En el estricto sentido del término, en nuestro país, han ardido cerca de 400.000 hectáreas de terrenos forestales, superando el ya terrible registro de 2022. El 97% corresponde a los territorios de Galicia, Castilla y León y Extremadura, con más del 70% del total repartido entre las dos primeras regiones. Casi 130.000 hectáreas son de terrenos arbolados y más de 145.000 corresponden a espacios protegidos, comprometiendo el hábitat de más de 350 especies vulnerables. La práctica totalidad de la superficie arrasada lo ha sido en fuegos que han recibido la calificación de “grandes incendios”, al afectar a más de 500 hectáreas y presentar unas condiciones especialmente virulentas y difíciles de controlar. La superficie quemada supone un muy significativo 1,5% del total nuestros bosques.
Los incendios forestales no son algo nuevo en nuestro país. Así lo demuestran los relatos históricos. Pero, en tiempos más recientes, como han indicado los expertos, el despoblamiento del mundo rural, y los cambios tecnológicos en el sector agrícola y ganadero, han dado lugar a un descuido de los montes, coincidiendo con un abandono progresivo de la (forma de) vida rural, que ha impactado directamente en el modelo poblacional de país. En 1900 el 50% de la población de España, unos 9 millones, vivían en municipios de menos de 5000 habitantes; hoy en día, ese porcentaje de población solo representa el 15% (unos 7 millones de habitantes). Sin duda, la búsqueda de mejores expectativas sociales y económicas provoca un fenómeno que no es exclusivo de nuestro país, pero al que tampoco se atendió (ni parece atenderse) suficientemente.
España cuenta actualmente con más de 28 millones de hectáreas de superficie forestal, de las que más de 19 millones son arboladas. Esto es más de la mitad del territorio nacional. Es cierto que el 50% de esta superficie está sujeta a alguna figura de protección ambiental, pero también que más de un 75% es de propiedad privada. Se concatenan, pues, un aumento notable de la superficie forestal (incrementada en más de 7 millones de hectáreas desde los años 1960) y la referida, y más que notable, disminución tanto en términos absolutos como relativos de la población de las zonas rurales.
Además, parece que hemos caído en un exceso de confianza en la mejora de los medios y las tecnologías para combatir los incendios y hemos descuidado y desatendido el mundo rural, tanto a nivel social como económico. El abandono del campo y de los bosques nos ha hecho incumplir el aforismo de que los incendios del verano realmente se empiezan a combatir en el invierno precedente (y aún más, deberíamos decir, con una política de atención estructural que no parece estar suficientemente en “agenda”). Como gráficamente señaló en su día Francisco Castañares, exdirector de la Agencia del Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, es como si hubiéramos abandonado una casa con la llave de paso del gas abierta, quedando al albur de que “una chispa, inocente o no, provoque una catástrofe”.
El problema tiene muchas perspectivas y muchos puntos de vista, porque las consecuencias son terribles. El coste en vidas humanas es, sin duda, la peor parte de la tragedia, la más triste por su carácter irreversible. La sensación de desatención que ha podido tener la población de las zonas afectadas, y su miedo, son difícilmente recuperables y dejarán secuelas permanentes.
Pero los efectos a largo plazo sobre la economía del territorio son también muy graves. La revista científica Journal of Environmental Economics and Management publicó en 2023 los resultados de un amplio estudio sobre el impacto económico de los incendios forestales en los países del sur de Europa, entre 2011 y 2018, antes incluso de que nos viéramos inmersos en la actual plaga de los incendios forestales de sexta generación: megaincendios que crean su propio clima, viento y son prácticamente incontrolables al combinarse con fenómenos meteorológicos que se van haciendo más extremos, debido al cambio climático acelerado provocado por la actividad humana.
El panel de análisis de la publicación citada, considerando datos de Portugal, España, Italia y Grecia, llega a concluir una disminución promedio en la tasa de crecimiento anual del PIB del 0,11-0,18%, lo que implica una pérdida anual de producción de entre 13.000 y 21.000 millones de euros en las regiones del sur de Europa. La disminución del empleo que los incendios ocasionan sobre el territorio quemado se estima entre 0,09-0,15%. Su posible compensación con crecimiento del empleo fuera de esos territorios, en actividades relacionadas con seguros, bienes raíces, administración y servicios de apoyo, no hace sino aumentar la brecha de riqueza entre el mundo rural y el mundo urbano, contribuyendo a agrandar el problema.
Pero Enric Juliana va más allá en su artículo. Advierte que las cenizas y las pavesas que nos rodean no sólo provienen, este estío, de la tierra ennegrecida por el fuego. También afecta a las instituciones, prestigios y espacios que han continuado “ardiendo” este verano hasta dejar un paisaje de muy difícil reconstrucción.
En Europa queda muy afectada la propia presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, con su servil actitud ante Trump en la negociación sobre los aranceles El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de los países de la alianza, parecen ser no más que sicofantes ante las demandas del presidente norteamericano. Las esperanzas depositadas en el informe Draghi para revertir la decadencia económica y geopolítica de la UE se desvanecen ante la pérdida de protagonismo de una Unión en riesgo de caer en la insignificancia, en un contexto internacional en cambio. Y mientras el genocidio ordenado por Netanyahu en Gaza sigue sin respuesta, se esfuma la pretendida autoridad moral europea.
En EE. UU., la deriva autoritaria y militarista de Trump se ha acelerado internamente y se combina en política exterior con un infantilismo tan ridículo como manifiestamente incompetente en materias tan graves como la guerra de Ucrania o las relaciones con los regímenes autoritarios de Rusia o China, que se ven reforzados y parecen redoblar sus amenazas sin rubor.
En nuestro país, como bien dice Juliana, este verano hemos vuelto a asistir, de forma inexorable, al deterioro acelerado de “los puentes cívicos construidos durante la movilización democrática que puso fin a la dictadura hace ahora cincuenta años”. Ha sido penosa y dolorosa la confrontación en torno a la tragedia de los incendios, con los gobiernos autonómicos del Partido Popular reticentes asumir sus responsabilidades, para así culpabilizar al gobierno de España, mientras algún ministro, demasiado aficionado a las redes sociales, dejaba en el aire una reprobable sensación de frivolidad ante una situación dramática.
Hemos llegado a escuchar al secretario general del PP hablar de “cavar fosas” para derrotar al adversario político, una terminología guerracivilista, que es además una falta de respeto grave a los miles de familias españolas que siguen teniendo a sus seres queridos enterrados en verdaderas fosas excavadas por criminales asesinos, instauradores de un régimen de terror, corrupto hasta los tuétanos.
Es un error, con graves consecuencias, jugar desde los gobiernos a darle espacio a partidos populistas y extremistas, con la única expectativa de restar votos al adversario o descolocar a los partidos centrados en esa parte del espectro, que deberían tener una verdadera vocación de gobierno. Los últimos tres lustros de la política española han sido desoladores en este sentido, y no hay visos de cambios.
Si quienes tienen la responsabilidad de ocupar las instituciones siguen en el debate exclusivo de lo inmediato, centrados en ganar el “relato” coyuntural, continuarán ahondando en el descrédito y alimentando un peligroso oportunismo que interviene en el debate – siempre a posteriori y carente de propuestas de actuación – para defender intereses seguramente poco confesables, y provocando la desafección de la ciudadanía.
La llamada a la sensatez se hace obligatoria. El compromiso real debe ser con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que esperan soluciones y la construcción de un auténtico proyecto de país, España, con el que sentirse identificados.
También en la convivencia y en la política, la “tierra quemada” actual es el resultado de no despejar a tiempo el bosque de la “maleza” que impide la concordia y el entendimiento. El resultado es fácil de intuir: la catástrofe empezaría con una chispa… inocente o no.