El caso de Elisa Mouliaá ha evidenciado, una vez más, la trampa en la que quedan atrapadas las mujeres que denuncian violencia. Mouliaá hizo algo que el sistema patriarcal castiga con particular saña: puso nombre y apellidos a su denuncia cuando otros testimonios contra Íñigo Errejón circulaban en el anonimato. Y, cuando el desgaste se volvió insostenible, y la actriz necesitaba poner límites y autoprotegerse, Mouliaá tomó la decisión de retirarse; que no de retractarse, como ella misma señaló en su comunicado en redes sociales. Esa retirada del proceso se ha convertido en el argumento principal para cuestionar una vez más su credibilidad.
El foco siempre apunta a las mujeres
Aquí radica el primer signo de la violencia contra las mujeres: el escrutinio siempre se pone en la víctima, no en el presunto agresor. Recordemos que en el interrogatorio, el juez de la causa le hizo preguntas como “¿Sabe usted para qué se sacó el miembro viril?”. “¿Cuánto duró el tiempo que estuvo chupándole las tetas, tocándole el culo, el glúteo y todo eso?”. “¿Le bajó las bragas o algo?”, “¿cómo que se zafa y se va?”. ¿No sería que usted sí quería algo con ese señor y al no responderle, le denuncia?”. Estas formas revelan un discurso intimidatorio y hostil que cuestiona y revictimiza a la víctima, perpetuando los estereotipos más dañinos sobre la violencia sexual, pues pone el foco en su conducta y no en la del denunciado.
Elisa Mouliaá dio un paso al frente sin contar con apoyo colectivo, sin el amparo de estructuras políticas o mediáticas que la respaldaran. Denunció en soledad. Y el sistema reaccionó de la forma más previsible: dejándola caer. Las instituciones alientan a las mujeres a romper el silencio en nombre de la verdad y la justicia, pero las abandonan cuando el coste personal se vuelve insostenible. Se demanda coraje individual para suplir la ausencia de compromiso estructural de quienes tienen la obligación de proteger.
La vergüenza debe cambiar de lado
Gisèle Pelicot lo dijo con claridad rotunda durante el juicio contra su exmarido y los 51 hombres que abusaron de ella: "La vergüenza debe cambiar de lado". Sin embargo, lo acontecido con Elisa Mouliaá demuestra que ese cambio sigue siendo una excepción, no la regla. Su caso trasciende lo particular y funciona como advertencia: si denuncias, enfrentarás aislamiento, presión extrema y acoso digital; si el proceso te quiebra, tu fragilidad se usará en tu contra; si te retiras para protegerte, te acusarán de haber mentido. Este engranaje no responde a criterios de justicia, sino que forma parte de la violencia social, institucional, mediática y digital que revictimiza sistemáticamente a las mujeres y hace que desconfíen de la justicia.
Cuando una mujer señala violencia, especialmente si el señalado tiene poder en cualquier esfera, el foco raramente se mantiene en los hechos. La atención se desvía hacia el supuesto daño que causa la denuncia misma, como hemos visto en el caso contra Julio Iglesias. Se protege al acusado mientras se somete a escrutinio exhaustivo a la denunciante, exponiéndola a un vacío social implacable. Las preguntas no son "¿qué hizo el presunto agresor?", sino que suelen ser "¿quién es ella?", "¿cómo se comportó?", "¿qué ropa llevaba?", "¿cuál era su historial sexual?", “por qué tardó en denunciar”, “sino estaba cómoda, ¿por qué no se marchó?
Como señaló Mouliaá en su comunicado, ninguna mujer debería sostener en soledad el peso de señalar a un hombre con poder. No porque la verdad no exista, sino porque el precio que debe pagar para lograr justicia es desproporcionado. La presión extrema y soledad que ha sufrido Mouliáa, le ha empujado a retirarse de la causa, pero esto no significa que la denuncia sea falsa. De hecho, la formación a la que pertenecía Errejón reconoció en su momento que los mecanismos de detección y prevención de la organización han fallado y que asumen su responsabilidad, expresando su solidaridad y apoyo a "todas las mujeres que han sufrido acoso sexual" por parte del exportavoz de SUMAR. Si bien, debido a que los delitos de agresión sexual requieren denuncia de la persona perjudicada o querella del Ministerio Fiscal, ahora que la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa por la retirada de Mouliáa, se aboca al archivo de la causa.
La violencia sexual y su impacto económico
De acuerdo con la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, apenas el 11% de los casos de violencia sexual llegan a denunciarse en España, pese a que el 2,2% de las mujeres mayores de 16 años (más de 450.000) reconoce haber sido víctima de este tipo de agresiones. Las cifras más actuales indican que se presentan entre 14 y 15 denuncias diarias por violación, es decir, una agresión sexual con penetración denunciada cada hora y media aproximadamente.
Entre las razones que las mujeres señalan para no denunciar destacan la vergüenza, el temor a no ser creídas y el miedo al agresor. Estos datos revelan que la violencia sexual denunciada representa solo la punta del iceberg de una realidad mucho más extendida y silenciada, donde las mujeres y niñas siguen desprotegidas.
El impacto económico de la violencia machista y sexual en España se cifra en cerca de cinco mil millones de euros anuales, equivalente al 0,37% del Producto Interior Bruto. Esta magnitud no solo refleja el enorme coste social de este problema estructural, sino también el fracaso en su abordaje institucional. Entre 2017 y 2022 se destinaron 1.000 millones de euros a combatirla, a los que se añadieron 40 millones para los ayuntamientos en 2023 y 160 millones más para las comunidades autónomas en 2024. Pese al coste, persisten los malos datos en violencia contra mujeres y niñas y seguimos esperando la rendición de cuentas rigurosa sobre la gestión de estos fondos, que tendrían que auditarse de forma integral, en aras de determinar su eficacia real.
Las mujeres y niñas tenemos derecho a vivir sin violencia y a que el Estado, sus instituciones, servidores públicos y la sociedad nos garanticen el ejercicio efectivo de este derecho sin pretender que se convierta en un acto de heroicidad por nuestra parte.
