A la tierna edad de trece añitos vi por primera vez a Ana Diosdado en la pequeña pantalla de casa. Eran unas cintas VHS de mi madre con las que El Corte Inglés había editado por primera vez la serie de TVE Anillos de oro (1983). Aquel era el tercer capítulo de la serie y se titulaba A corazón abierto. Acompasaba la clásica historia de los abogados matrimonialistas Lola y Ramón con el caso de una pareja concreta, como era habitual. La pareja en cuestión tenía dos hijas, varios millones de pesetas, 20 años de matrimonio y una elevada posición social. Compartían un desapasionamiento recíproco y un alto tren de vida.
Intercambiaban frases corteses y whisky de marca en torno a una chimenea de obra y a una alfombra de diseño que la chica de servicio cuidaba con esmero. Se tenían cariño pero no se amaban. Probablemente no lo hicieron nunca. Se casaron porque debían hacerlo y cada uno adoptó el rol para el que fueron instruidos. Tuvieron dos niñas y cuando la pequeña tenía seis años, la madre decidió que no aguantaba más su papel de esposa con mayúsculas. Y quiso marcharse. En aquel momento, su niñita se le echó en los brazos y le rogó que no abandonara el hogar familiar hasta que ella fuera mayor, hasta que cumpliera 16 años.
Al paso de una década, la señora quiso mantener el pacto pero volvió a encontrar la oposición frontal de quien ahora era ya una mujer. La señora se confesó con Lola y se mostró dispuesta incluso a que sus hijas se quedaran con el padre. La abogada, en una descarnada charla de mujer a mujer, dijo entenderla bien y lejos de censurar su postura le advirtió de que había un perfil de madre muy peligroso: aquella que no soltaba a sus hijos ni aunque la matasen no por amor sino porque suponían su única mercancía, un objeto con el que traficar. Aquella escena me pareció tan sublime y cruda que no pude dejar de pensar en ella durante años. Quizá hasta hace bien poco no la he entendido del todo.
Estos días, las palabras de esa abogada progre de los 80 han vuelto a resonar en mi cabeza a propósito de las declaraciones de la socialista Isabel Celaá. Han pasado más de 36 años y la “propiedad” de los hijos sigue siendo motivo de controversia. Lo ha vuelto a poner de moda el dichoso debate en torno al pin parental. La cuestión parece ser hasta qué punto están legitimados los padres para determinar qué contenidos formativos deben recibir sus hijos en la escuela. Y el entorno aquí resulta ser lo determinante. Es en el entorno de lo privado en el cual los padres controlan el desarrollo formativo y la educación en valores de su progenie. Una progenie que, stricto sensu, no le pertenece, se pertenece a sí misma.
Por si no fuera suficientemente aterrador cargar con la responsabilidad de la formación de un ser humano —acongoja solo pensarlo—, algunos temerarios parecen estar dispuestos además a decidir sobre los contenidos curriculares y extracurriculares de un menor sin una formación pedagógica para ello. Resulta paradójico. Cuando los padres y las madres se centraban en enseñar modales y urbanidad para que sus hijos fueran personas de bien, los problemas eran otros. Todo era más sencillo cuando la paternidad se limitaba, de puertas para adentro, a peinar y a enseñar a doblar la servilleta. Ahora la cuestión es bastante más compleja aunque, para algunos, la necedad parece ser una dudosa virtud a transmitir.
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