Cuando escuchamos hablar de subsidio agrario en Andalucía (y Extremadura) rápidamente suele identificarse con el estigma etiquetado del agro andaluz indolente y subvencionado cuya mayor preocupación consiste en arreglar los papeles del paro para cobrar la paguita.
De las muchas lecturas que el PER (utilizamos PER por ser su acepción más conocida) tiene quizás el enfoque de género sea el menos explorado. En esta entrada me propongo plantear algunas pinceladas en clave sociológica de género que pongan de relieve la estructura demográfica del PER. El propósito de nuestro trabajo del que este post forma parte, se centra aportar análisis basados en datos oficiales para que en la medida de los posible podamos comenzar a desmitificar el subsidio agrario acercando su comprensión a la sociedad andaluza (Anula, 1996).
Si planteamos el análisis por cohortes de edades podemos observar como en las primeras y hasta los 35 años los hombres y las mujeres se igualan en número. Incluso en la primeras edades el número de hombres que acceden a la prestación es mayor que el de mujeres. Una vez sobrepasada la edad de 35 años observamos como cada una de las cohortes multiplican por dos el número de mujeres con respecto al de hombres. Explicado, en otros términos. Hasta los 35 años hombres y mujeres se acogen al PER y por tanto desarrollan una actividad profesional ligada al trabajo jornalero en el agro andaluz, sobrepasada esta edad el número de mujeres se duplica con respecto al de hombres llegando a partir de los 50 años a suponer el grueso de efectivos inscritos.
En base a los datos observados surge una pregunta clave ¿por qué presenta esta estructura demográfica el PER?
Para responder a esta pregunta en un post en primer lugar debemos considerar que se da por supuesto un conocimiento al lector de la intrahistoria del subsidio dentro del marco de la transición democrática y las transformaciones desde el Paro Comunitario, instituido por Franco hasta la reforma del gobierno de Aznar en el que se implanta la Renta Agraria, pasando por la que supuso el núcleo de la política pública a cargo del gobierno Socialista de Felipe González y Alfonso Guerra, el Subsidio para Trabajadores Agrícolas Eventuales (TEAS) o como hemos referido anteriormente el PER (Izcara-Palacios, 2002).
Comprender esta estructura demográfica implica en cierta forma asumir la tesis de Carmen Anula (Anula & Díaz, 1997) en cuanto a considerar los resultados de la política pública desde el prisma de los “beneficiarios”. La sociedad andaluza rural y agraria es un espacio laboral de pocas oportunidades. Las familias han desarrollado en este contexto “estrategias de supervivencia” basadas en el aporte de rentas de todas la unidades familiares, cada una de ellas en la medida de sus posibilidades y conforme al ciclo vital de su trayectoria profesional.
El rol de la mujer subordinado a lo doméstico ha encauzado las trayectorias vitales hacia el aporte de rentas extras a la unidad familiar. De esta forma Anula plantea un modelo familiar en el agro andaluz en el que el cabeza de familia (hombre por supuesto) sobrevive en base a encadenar trabajos, precarios la mayoría de las veces, a tiempo completo, mientras la mujer y los más jóvenes hacen su aportación monetaria extra a la familia desde el trabajo jornalero y las prestaciones obtenidas por el subsidio. A grandes rasgos este planteamiento explicaría esta pirámide de población tan orientada hacia la mujer en las cohortes superiores e igualada en cuanto al sexo para las cohortes de menor edad.
Es obvio que las limitaciones de espacio impiden desarrollar con mayor profundidad esta propuesta, sin embargo, si podemos apuntar como la sociedad rural del agro andaluz conserva en su estructura PER rasgos que invitan a reflexionar sobre escenarios prospectivos de subsidios, llámese Ingreso Mínimo Vital o Renta Básica(Torres-López, 2018).
Ni la sociedad andaluz, ni las estructuras familiares, ni las trayectorias vitales de las personas de hoy son las mismas que aquellas para las que fue concebida el PER. Sin embargo, si debemos resultaría conveniente a la hora de plantear futuros escenarios en un contexto de “fin de trabajo” destacar los paralelismos existentes entre políticas públicas prestando una atención especial a lo que a la postre resulte quizás lo más destacado, los resultados de estas políticas (Baladre & Social, 2004).
Como conclusión a esta entrada quiero destacar que impulsar políticas públicas de subsidios sin proponer medidas que posibiliten modificar las marcos sociales de dependencia del rol doméstico de la mujer pueden desembocar en estructuras demográficas de prestaciones que en parte se asemejen a la pirámide de población del PER. En otras palabras, implantar ingresos mínimos vitales sin proponer soluciones estructurales de desarrollo y progreso social puede desembocar en mecanismos que cronifiquen la dependencia y la subalternidad de los roles de género femenino al igual que en el caso del PER. A no ser que, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, que lo que realmente se pretenda es establecer mecanismos no explícitamente declarados de control social en Andalucía (López-García, 2015).
Anula, C. C. (1996). El mito de la Andalucía subsidiada. Revista Andaluza de Relaciones Laborales, 1, 63–76.
Anula, C. C., & Díaz, C. E. (1997). Mercado de trabajo y estrategias familiares : el caso de la Andalucía rural. Estudios Regionales, 48.
Baladre, E., & Social, E.-I. (2004). Vivir donde quieras. Del Subsidio Agrario, PER o Renta Agraria a La Renta Básica En El Medio Rural Del Sur. Ponencia IX Jornadas de Economía Crítica.
Izcara-Palacios, S.-P. (2002). Infraclases rurales: Procesos emergentes de exclusión social en España. Reis: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, No 97, 127–154. https://doi.org/10.2307/40184367
López-García, M. L. (2015). Políticas sociales como control social en el medio rural. El movimiento jornalero andaluz, resiliencia ante el capitalismo. In Universidad Libre. (Ed.), Estado actual de los Derechos Humanos. Un enfoque crítico (pp. 225–238).
Torres-López, J. (2018). La renta básica. DEUSTO.
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