En días como estos de mullido candor navideño, se entiende por qué el PP no quiera soltar su mayoría en el TC, y por qué el PSOE se esté volviendo loco por recuperarla. Este pavo del constitucional tiene un relleno jugoso. ¡Y hay para todos! claman los nacionalistas. Desde la izquierda más a la izquierda de la mesa, increpan a los jueces por conservadores, patriarcales y del Real Madrid, pero si hubieran logrado ya meter a los suyos, otro pavo gluglutearía.
Lo que uno se plantea, en un principio, viendo esta especie de penúltima cena, es si al Gobierno no le queda otra que caer indefectiblemente en las críticas de la oposición cada vez que aprueba una ley polémica. En su defensa podría argüirse que los socios que trae llevan la polémica escrita en la frente, y por otro lado, que la oposición tiene múltiples resortes en la sombra bien engrasados, últimamente los jurídicos. Pero dirigir el gobierno de un país y considerarse víctima, no cuela por mucho tiempo. Siempre hay margen, creemos, no ya para vencer por 7-0 como a Costa Rica, pero al menos sí como para no perder por la obsesiva posesión, esa posesión temerosa, maniatada, que niega el diálogo al contrario, y luego, como frente a Japón o Marruecos, en un desajuste de cinco minutos, te la meten.
—Son luchas de poder —escucho en el bar—. Ellos mismos retuercen las cosas para que no las entendamos. Porque en verdad, pasa lo mismo de siempre.
Es verdad que todo este jaleo de las renovaciones del TC no hay quien lo siga. Y parece lo más prudente seguir al pueblo en eso de la desconfianza. Entonces, cabe preguntarse, si acaso no sea este jaleo lo que precisamente se busca.
También en esta ocasión, la reforma legislativa ha sido un poco precipitada. El Gobierno presentó, el día 15 de diciembre, una proposición de ley sobre reformas penales de diverso tipo (entre ellas el polémico delito de rebelión, la estafa, o el anuncio de unas valoraciones para la modificación de la polémica Ley del sí es sí) de más de cien páginas y unas ochenta enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios. Dos de ellas, la 61 y la 62, fueron introducidas por los partidos de la coalición de gobierno, el último día, el 9 de diciembre (viernes), referidas a dos leyes orgánicas y que trataban sobre la renovación del TC. Estas dos, precisamente, han sido las suspendidas cautelarmente por el TC el pasado día 19, a raíz de un recurso de amparo presentado por el PP. La posible vulneración del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes (art. 23.1 CE) es de urgente excepcionalidad, dice la mayoría conservadora del TC. En el lenguaje de la calle, sería algo así como, échenos pero no por la puerta de atrás, al menos dé la cara. Así que el Gobierno ya tiene preparada la iniciática legislativa adecuada para recuperar el control del TC.
Y algunos se preguntan si todo esto no se podía haber hecho antes y mejor, ya sea por unos o por otros. Pues sí, pero a esta política, cuanto más a la vista, más esconde la cosa.
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