Los más envenenados lo llamarán justicia poética, para otros pasara totalmente desapercibida la coincidencia. El caso es que el joven liberal y conservador vicealcalde, Antonio Saldaña, tendrá que declarar en calidad de imputado el próximo 14 de abril, día de la República, por la querella interpuesta por Urbanos Amarillos, antigua concesionaria de los autobuses, por diferentes presuntos delitos penales. Así lo ha determinado el juez que instruye el caso en un auto, publicado en exclusiva por este medio, en el que en cambio no tiene por más que sacar a la alcaldesa, María José García-Pelayo, dada su condición de aforada al ser senadora del PP.

Tendría que ser en todo caso el Supremo el que dictaminase su imputación debido a estos vericuetos del ordenamiento español. Y será Saldaña, junto a tres delegados populares más, quien acuda el 14 de abril a dar explicaciones ante el juez. Curiosidades históricas y caprichos del calendario aparte, el secretario general del PP en la provincia se enfrenta a un giro inesperado en sus planes ante el escenario de las autonómicas -es el número 3 en la lista que encabezan el jerezano Antonio Sanz y la jerezano-gaditano-sanluqueña Ana Mestre- y, sobre todo, frente a las elecciones municipales del 24 de mayo. Ni los selfies de buen rollo navideño junto a María José García-Pelayo pueden tapar sus ganas de encaramarse al poder absoluto. ¿No es contradictorio que Saldaña pudiese esperar al menos la preimputación de Pelayo por la Gürtel para ser el candidato a la Alcaldía y que ahora sea él el imputado mientras su mentora se le escapa por el retrovisor? Pensándolo bien, puede que hubiese decidido que ha llegado la hora del relevo al frente del PP de Jerez tras el largo periodo que ocupa la actual alcaldesa, y esta citación chafe sus ambiciones.

Quizás sea mucho pensar, pero lo que sí es evidente es que si la gestión del PP en esta legislatura se ha regido por la manipulación, la división, la arbitrariedad y el oscurantismo en la toma de decisiones, con una de sus cimas en la privatización del ciclo integral del agua a una empresa del Grupo FCC, también tiene bemoles que, en principio, el caso paradigmático de esta antigestión sea el del rescate y municipalización del servicio de autobuses. Es decir, devolver la publicidad a un servicio privatizado. Recientemente, el líder del PP provincial, Antonio Sanz -¿ya delegado del Gobierno en Andalucía?-, matizaba entre casos de corrupción grave de otros relativos a "la gestión administrativa que implican la toma de decisiones" y que, a su modo de ver, "no tienen que ver con la corrupción". Por ello, subrayaba que han de tener "una consideración diferenciada". Siguiendo este código ético tan particular, es de suponer que mantenga a Saldaña en su candidatura dado el asunto que se instruye en los Juzgados de Jerez.

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