Las consecuencias sociales y económicas del Covid-19 se están dejando sentir con fuerza en todo el mundo. En España el anunciado cobro de los ERTE y del ingreso mínimo vital por parte de los más desfavorecidos paliará el desastre, al menos parcialmente, en un país donde existe una severa pobreza estructural en 850.000 hogares y donde los millenials tienen por delante un futuro descorazonador.
No es sólo el turismo o el comercio.
Si ya antes de la pandemia había grandes manifestaciones para llamar la atención sobre la mala situación del campo, ésta sin duda ha empeorado. Han faltado jornaleros para recoger las cosechas de diferentes productos que no han tenido salida por el cierre de fronteras y de los bares. Muchas fincas han quedado abandonadas. La agricultura no puede parar como una fábrica: por eso se pidió al gobierno que dejara entrar a temporeros de fuera. A finales de mayo se permitió que entraran en España para las campañas agrícolas sin pasar la cuarentena y que fueran considerados mano de obra esencial. Es curioso que sean ellos, los inmigrantes tan denostados por ciertos políticos, los que nos hayan dado de comer, con un trabajo duro que los españoles en general rechazan y que ha llegado a pagarse hasta a dos euros la hora.
También la ganadería necesita mano de obra extranjera : en mayo se consiguió que 250.000 esquiladores uruguayos viniesen a España para realizar un trabajo que adolece aquí de mano de obra especializada. Cada primavera tienen que recorrer 20.000 Kms. para llevarlo a cabo.
Ya a principios de febrero, el relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, visitó uno de los mayores poblados chabolistas de subsaharianos en Lepe (Huelva), y comentó sobre las pésimas condiciones de vida de estas personas que “no había visto nada igual en ninguna parte del mundo” y que “vivían como animales”. Que se sepa, nadie ha hecho nada hasta el momento. En Lleida, donde más segregación racial existe dentro de Cataluña, el futbolista senegalés Keita Balde decidió recientemente alquilar un edificio para 90 de los 200 temporeros que dormían al raso, sin comida ni ropa, tras la negativa de los hoteles a acogerlos. No sólo en Minneápolis hay racismo.
En la India ha sido peor: los trabajadores migrantes han sido literalmente fumigados por la policía con líquido desinfectante. Por suerte, el mes pasado Italia regularizó a muchos de los que trabajan en el campo o en el servicio doméstico, acabando con una descarada explotación.
Si falla el campo, también está fallando la ya de por sí escasa y desmantalada industria española. Los anunciados cierres de las plantas de la multinacional japonesa Nissan en Barcelona y de la estadounidense de aluminio Alcoa, en San Cibrao (Lugo), única de este tipo en nuestro país, que por cierto ha recibido desde 2011 693 millones del estado, lanzarán al desempleo a cientos de familias: en el primer caso se perderán 3.000 puestos de trabajo directos y 25.000 indirectos, y en el segundo, 534 empleos y 300 de empresas auxiliares. Aunque el asunto se está intentando remediar, la solución parece difícil. Es más, ya ni siquiera aparecen las protestas de los cientos de trabajadores afectados, incluidos cortes de carreteras e incendio de neumáticos, en los telediarios. Si no se ven, no existen.
Entretanto durante el estado de alarma han seguido llegando pateras de Africa, donde hay 47 países afectados por el Covid 19. El Consejo Noruego del Refugio advirtió, por ejemplo, que en la República Centroafricana sólo hay tres respiradores y cinco millones de habitantes.
Los CIE —Centro de Internamiento de Extranjeros— han cerrado en España por motivos de salud, que no por una cuestión de derechos humanos, como se viene demandando hace mucho tiempo, dados el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas y el trato vejatorio imperante en la mayoría de estos centros. Se teme que sea algo temporal y que se reabran cuando pase la pandemia, y se aboga por su cierre definitivo y por una gestión más humana de la inmigración.
Otra cuestión es el “tijeretazo” de la Junta de Andalucía, aprovechando la crisis del Covid 19, a los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (mena), que no de los centros de menores en general, de lo que se hacía eco este mismo medio el pasado miércoles. Han cerrado cuatro centros de la provincia de Cádiz, entre ellos los de Algeciras y Jerez. Ante las protestas de diversas ONG, la Junta ha optado por llevar a cabo “reubicaciones”. El que ha cerrado en nuestra ciudad albergaba a nueve menores, ya que son los centros más pequeños como el de Jerez los que echan el cerrojo. Estas políticas rompen los proyectos de vida de los chavales y masifican otros centros.
En otros países la situación es apocalíptica. En Yemen, tras cinco años de guerra, el 50% de sus hospitales están destruidos o dañados y no hay medios para realizar pruebas ni infraestructura sanitaria. La mitad de la población está contagiada, sólo se dispone de 500 respiradores y no hay agua potable. Se multiplica la mendicidad, la desnutrición aguda en los niños, los matrimonios infantiles. En Siria la situación es más o menos la misma. Los campos de refugiados sirios en Líbano y Jordania están sin recursos: sólo el 70% de los que viven allí tienen para comer y dependen de la ayuda humanitaria, además de no poder cumplir con las medidas higiénicas.
Aprovechando la situación creada por el Covid-19, Israel, con el apoyo de EEUU, intenta anexionarse más territorios palestinos. Es en Gaza donde hay más contagiados, debido al doble confinamiento, ya que allí se carece de lo más básico tras años de bloqueo israelí. El asesinato, además, el pasado 30 de mayo por la policía israelí de un joven autista palestino desarmado cuando iba a un centro de educación especial en Jerusalén ha provocado intensas manifestaciones, duramente reprimidas y que apenas han aparecido en los noticiarios. Como tantos otros crímenes, quedará impune. Ahora mismo el epicentro de la pandemia se encuentra en América.
EEUU supera ya los 110.000 fallecidos por el “virus chino” como lo llamó despectivamente Trump, siendo Nueva York la ciudad con un mayor número de contagios y muertos. Son, claro está, los afroamericanos, dedicados a “actividades esenciales”, ancianos y trabajadores pobres, los más afectados, los que duermen en el suelo de los grandes centros comerciales y los que llenan las enormes fosas comunes de la isla de Hart, al lado del Bronx. La situación se ha complicado con el asesinato policial por asfixia de George Floyd el pasado 25 de mayo, que ha provocado una oleada de indignación en todo el mundo contra la brutalidad policial sistémica en un país donde el derecho a la vida de los ciudadanos de segunda clase lleva décadas sin respetarse. El I can´t breathe es un grito de dolor que brota no sólo de las gargantas de la gente con otro color de piel, sino también de las heridas de un planeta cada vez más maltratado y de los pulmones de los contagiados por el Covid-19.
Las peores cifras de afectados y muertos por el nuevo virus en América Latina están en Brasil, donde Bolsonaro se pasea a caballo por las calles sin mascarilla e intenta evitar que se publiquen las aplastantes cifras diarias de muertos, a día de hoy cerca de 40.000, con 780.000 casos confirmados. Un país con grandes desigualdades y carencias sanitarias y dos ministros de Sanidad que han dimitido por divergencias con el presidente en las medidas a tomar frente a la enfermedad, calificada por este último de “gripecita”.Y es que a él no le interesan las vidas humanas, sino la paralización económica.
Perú es el segundo país con más muertos y afectados por el Covid en América Latina. Una situación alarmante es también la de Méjico, por la ineficiencia del gobierno y la crisis económica, dado que el 80% de la actividad laboral es trabajo informal. Es decir: si no trabajas no comes, con virus o sin él. La brutalidad policial, endémica en un país que tiene miles de desaparecidos, ha provocado también aquí fuertes protestas contestadas con más abusos y agresiones por parte de los uniformados. La causa más reciente: el asesinato en una comisaría de Jalisco el pasado 4 de mayo de Giovanni López, un albañil de 30 años, por no llevar mascarilla.
Argentina se mueve igualmente en la economía informal, por lo que la pandemia está golpeando fuerte al 40% de la población y se teme un tremendo aumento de la pobreza infantil. En Ecuador el sistema sanitario está a punto de colapsar; en Chile, con un estallido social que incluye incendios, saqueos y pancartas en las calles que gritan “tenemos hambre” y que ya existía antes del coronavirus, lo que éste ha conseguido es visibilizar las desigualdades estructurales y la enorme precariedad laboral, con un presidente, López Obrador, que promete ayudas que no llegan.
En Guatemala y El Salvador la gente más pobre cuelga trapos o mantas blancas en sus casas u ondea banderas de este color al borde de la carretera pidiendo auxilio por falta de víveres para subsistir. En fín, para no cansar, diremos que Cuba es la que puede presumir de la mejor situación, ya que gracias a su sistema sanitario está controlando el virus e incluso envía ayuda a otros países.
Lo peor en Europa: la desafección de los países del Norte hacia los del Sur, el aumento de las corrientes fascistas y el drama de los refugiados del campo de Moria (Lesbos), el mayor del continente, donde no sabemos cuántos infectados hay porque nadie entra allí desde hace semanas, cuando se decidió poner en cuarentena a una población de 20.000 personas en un lugar pensado para acoger a tres mil. Ridícula, por no decir sangrante, reacción al ya largo malvivir de estos desplazados, la que obliga a guardar distancias en medio del hacinamiento y recomienda medidas higiénicas en un erial sin agua.
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