Una vez más, la culpa la tiene la mujer. Según el líder del PP, Pablo Casado, las mujeres que deciden abortar son las principales responsables de que los pensionistas no tengan para comer. "Si queremos financiar las pensiones y la salud, debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos". Sí. Ha dicho "abortamos" y sin toser. Porque él también tiene útero para poder abortar.
Este es el mensaje que ha lanzado el joven —pero viejuno en ideas— político del Partido Popular. En parte, para honrar a su querido Aznar, y sobre todo para que el total del voto católico no desembarque en Vox. Pero, ¿de verdad espera que los pensionistas le compren este discurso? ¿Marea de pensionistas que están prácticamente unidos al movimiento feminista en las calles?
Casado ha manifestado que quiere derogar la actual ley del aborto de plazos que fue aprobada en 2010, para volver a la de supuestos de 1985 del Gobierno de Felipe González. ¿En qué se diferencian? La ley de supuestos —que respetó el 'padre' del actual líder del PP— despenalizó el aborto en tres supuestos: por violación; por riesgo para la salud física y psíquica de la madre y por malformación en el feto. Mientras que la ley de plazos permite que las mujeres aborten libremente en las 14 primeras semanas de gestación. Esta última es la ley adoptada en la gran mayoría de los países europeos como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia y Hungría, entre otros.
Ya en 2012 el Partido Popular quiso reformar la ley del aborto, un trámite que se cobró la vida política del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Entonces el PP deseaba contentar al electorado más conservador. Votantes que a día de hoy están experimentando una fuga hacia la formación de ultraderecha de Santiago Abascal. De ahí, la vuelta a reabrir el debate sobre el aborto en España. Un debate que las feministas creíamos ya superado.
Pero no. El tripartito andaluz de derechas nos ha dejado claro que el conservadurismo está más vivo que nunca y con él, el rearme del patriarcado. Lo curioso hoy es que la explicación que encuentra el PP para derogar la ley del aborto sea que no hay fondos para pagar las pensiones debido a la baja natalidad en España, que a su vez se debe al aborto libre. Es demencial. Sostener esta idea es tan fútil y superficial como decir que hay pocas mujeres ingenieras porque las estudiantes femeninas prefieren otras carreras.
Decir que no hay dinero para los pensionistas porque las mujeres pueden abortar libremente crea un cortocircuito mental. Produce dolor de cabeza. Y es que el PP juega a poner el foco en el aborto, y no en la precariedad laboral, siendo España el tercer país de la Unión Europea con mayor índice de precariedad laboral, con un total de 4,7% trabajadores precarios, según Eurostat. Porque si no hay trabajo digno, no se cotiza en la Seguridad Social. Y menos si no hay trabajo, ya que el número total de parados en España es de 3.285.761 personas, en enero de 2019.
Según los últimos datos, en 2017 se realizaron 94.123 abortos en España. Las mujeres que ejercieron su derecho al aborto —aunque el secretario general del PP, Teodoro García Egea, sostenga que no es un derecho, sino "un drama"— no han permitido que los nonatos contribuyan al sistema de pensiones en España. Porque claro, en España los 94.123 nonatos tenían asegurado un techo, el pan bajo el brazo, los estudios universitarios públicos y un puesto de trabajo con un salario digno. Claro. Por eso casi uno de cada tres niños en España está en situación de pobreza.
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