En las últimas semanas, estamos siendo testigos de la llegada incesante de inmigrantes a las costas canarias, en un número muy superior al normal y que ya se está cobrando enorme cantidades de vidas humanas en un periplo de los más peligrosos del mundo. Los factores de esta situación son muy variados, desde la grave crisis económica en Marruecos provocada por la pandemia mundial a la búsqueda de nuevas rutas de la inmigración por parte de la criminalidad organizada y alejadas de los controles fronterizos europeos en el Mediterráneo Central y Oriental. Nos encontramos desgraciadamente con la repetición de ya algo vivido, más allá de un simple déjà vu, anteriormente en la isla italiana de Lampedusa y en la griega de Lesbos. Y de nuevo observamos el mismo patrón de comportamiento de las instituciones europeas, y por ende, de los Estados miembros del club europeo que buscan alejar lo más posible del continente a cientos o miles de personas que únicamente buscan un futuro mejor.
La inmigración irregular hacia las costas españolas, incluida las Islas Canarias, no es un fenómeno, por desgracia, nuevo. En 1988 comenzaron a llegar las primeras pateras a las costas del sur de la Península. Hace entonces más de 30 años que se vive esta realidad. En aquel momento solían ser magrebíes, marroquíes de los sectores más empobrecidos. Ahora ha cambiado un poco el perfil: son, aparte de subsaharianos, marroquíes de los sectores más castigados por el Covid-19, tales como taxistas o guías turísticos, que han visto en la inmigración su única forma de recuperar una cierta dignidad. En el caso canario, la situación se asemeja a la crisis de los cayucos de 2005-2006, donde en los meses de verano llegaron casi 20.000 inmigrantes a sus costas. En este año, según datos oficiales van “solamente” 18.000. Ha habido entonces momentos peores. En aquellas fechas de hace quince años, España llegó a pedir ayuda a la Unión Europea, fundamentalmente medios policiales de control de las costas y fronteras marítimas. Aún retumba en los salones del cabildo insular las palabras del entonces ministro de asuntos exteriores alemán cuando restaba importancia a la petición española, alegando que España no se iba a hundir por 20.000 inmigrantes cuando en su país había en esa fecha ocho millones de turcos en situación, cuanto menos, (a)legal…
Vemos entonces en el actual caso de Canarias, una repetición de lo experimentado anteriormente en Lesbos y Lampedusa. La misma estrategia nacional – apoyada implícitamente por Bruselas – en la cual se busca crear en estos territorios insulares una especie de limbo, de zona de tránsito donde las autoridades puedan hacer una criba y proceder, en su caso, a la expulsión de estos inmigrantes, en una especie de “devoluciones en caliente”. El objetivo es claro: no quieren que lleguen a la Europa continental. Así, nuestro ministro del Interior ha dejado patente que no se permitirá el traslado de los inmigrantes a la Península, entre otros motivos por el “efecto llamada” que ello pudiera provocar. No parece que estas declaraciones hayan tenido mucha efectividad, pues ya son casi 1.500 magrebíes los que se han trasladado a la Península, costeándose ellos mismos el pasaje del vuelo comercial, y sin apenas control en el aeropuerto. Nuestro Cuerpo Nacional de Policía no da abasto…Quiten ustedes la chaqueta progresista a nuestro ministro y pónganle otra conservadora: la acción - efecto, me temo, sería la misma. En otras palabras, sigue sin existir una política de Estado (o europea) en materia de inmigración….o quizás sí que existe desgraciadamente, y que consiste directamente en negar el acceso de esta inmigración a la sociedad europea. Deshumanización de la política migratoria…
Pero hay más. Ante la continua llegada de inmigrantes, la Unión Europea ha lanzado en septiembre de este año un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Entre otras cuestiones, intenta favorecer la solidaridad entre los Estados, de tal modo que no sean siempre los mismos países los que asuman el coste-esfuerzo de la gestión de los flujos migratorios. Aclaro: según la normativa europea, el primer país por donde entra un inmigrante, es el responsable de gestionar su llegada, identificación, estudio y concesión de protección internacional (asilo y refugio) y, en su caso, expulsión o retorno (es el conocido como Sistema de Dublín). Si la mayor parte de la inmigración, o al menos aquella irregular en origen, llega por mar, los países con mayor carga de trabajo serán aquellos ribereños del Mediterráneo más cercanos a las costas africanas: España, Italia, Grecia y Malta. El Nuevo Pacto no parece establecer un reparto de la carga en la gestión de la inmigración de forma obligatoria entre absolutamente todos los Estados – ribereños o no -, lo que ha provocado, mientras no se modifique el Sistema de Dublín, la protesta reciente de estos cuatro países frente a los intentos de Alemania de aprobar la ejecución de lo acordado en el Nuevo Pacto.
Con todo, el panorama se observa dantesco en el contexto canario. Miles de inmigrantes alojándose en tiendas de campaña en espacios habilitados para ello y en unas condiciones cada vez más degradantes. Y no hablemos de los ya cientos de menores no acompañados, sector especialmente vulnerable... Un coste para las arcas púbicas regionales enorme mientras en Madrid y Bruselas parecen no saber o no querer darse por enterado. Lo mismo que se vivió en Lampedusa y Lesbos, y seguimos en la misma línea.
Solo un dato objetivo: en 2001 la UE aprobó una normativa para conceder protección temporal inmediata en caso de afluencia masiva de inmigrantes, previa petición del Estado afectado y cuando este no tuviera capacidad de gestionar él solo dicha afluencia en un periodo corto de tiempo. Vamos, la situación actual en Canarias y las anteriores en Italia y Grecia. Casi veinte años después de su adopción, las veces que se ha aplicado esta normativa han sido…cero. Lo dicho, deshumanización de la política migratoria, y me temo que Canarias será el ejemplo repetido sobre la Tierra, para mayor vergüenza europea y española.
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