Cuando uno pide un aumento de sueldo a su jefe debe estar muy seguro de que las circunstancias, la coyuntura de la empresa que le paga, y los méritos propios acordes a lo anterior son suficientes como para atreverse con tal demanda (que siempre encierra un grado de exigencia; un porque yo me lo merezco). Viene esto al caso en estos días en los que los ayuntamientos, pasadas ya las municipales y las investiduras, celebran lo que vienen en llamarse plenos de organización y en los que, sucintamente, los partidos y cargos políticos aprueban sus retribuciones económicas para los próximos cuatro años; ya sean personales, en forma de salario mensual; o para los grupos municipales, compuestos por cada partido, en forma de liberados, personal de confianza (aquel que se contrata a dedo porque, básicamente, viene a servir a los intereses del partido, no de la ciudadanía) y asignaciones mensuales para gastos de funcionamiento.
No es extraño que en este momento de cada cuatro años se haya vuelto a abrir la caja de Pandora sobre si nuestros representantes públicos cobran mucho o poco. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se justifica objetivamente? ¿No es lícito que un servidor público con teórica fecha de caducidad en el puesto perciba un salario mínimamente digno por ejercer dicha encomienda de la propia ciudadanía? ¿No debería ser asumible que alguien que pone, independientemente de su ideología, todo su esfuerzo, sus mejores armas y ganas, en pelear cada día, con atención y disponibilidad permanente, por sus ciudadanos perciba un sueldo a fin de mes? ¿Ese sueldo no debería ser acorde también a sus altísimas responsabilidades frente a sus convecinos y al grado de exposición pública que dominará en los próximos años su proyecto de vida?
Una de las derivaciones sociales de la gran crisis económica de hace once años fue la demolición progresiva y el cuestionamiento ciudadano de instituciones más o menos apuntaladas en el sistema como los partidos políticos y los cargos electos. Todo estaba en cuestión en aquel momento. Todos debían de ser gestos de austeridad y contrición. Había en tiempos de escándalo tras escándalo de corrupción, en la diarrea de la recesión tras el pelotazo, casi que pedir perdón por meterse en política. Daba vergüenza, sonaba mal. Daba miedo si te lo proponían. Hay que ajustarse el cinturón era una de las expresiones más socorridas para exculparse de algún recorte, mientras se acababan parte de las prebendas, beneficios protocolarios y dietas millonarias.
Tiempo después, los políticos no es que hayan mejorado demasiado su imagen a nivel general, no es que para el gran público hayan dejado de estar todos en el mismo saco del mal. Tampoco es que la crisis haya amainado y la cosa esté como para tirar cohetes. No se han solventado los grandes males de nuestra realidad social y económica. ¿Las administraciones públicas? Incumplen la ley de morosidad, pagan tarde y mal a sus proveedores. ¿Los barrios? Bah, ahí siguen, con demasiados bordillos levantados, alcorques reventados y papeleras atestadas. ¿Los proyectos de ciudad? Bueno, los sueños a veces se hacen realidad en la realidad. ¿Las promesas electorales, los compromisos programáticos? Ya se verán. Y claro, uno llega a una pregunta después de todo esto: ¿sería justo pedir a los jefes un aumento de sueldo ante tal coyuntura?
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