LA ROTONDA. La evidencia pública de las malas relaciones entre Ayuntamiento y Diputación recuerda a otros tiempos.
Mucho ha tardado en evidenciarse públicamente la ruptura de las relaciones entre la alcaldesa, Mamen Sánchez, y la presidenta de la Diputación —y jefa del PSOE provincial, ojo—, Irene García. La pérdida de unos fondos de la institución provincial destinados a reparar colegios de la zona rural de Jerez ha sido imputada directamente por el gobierno local a la mala gestión de la administración con sede en la gaditana plaza de España. La propia García lo ha desmentido con un rotundo "no es verdad". Y el ejecutivo socialista al frente del Ayuntamiento, dos días más tarde, ya no niega que puede que haya tenido parte de culpa en la fuga de 175.000 euros que iban a salir de las arcas de Diputación y que ahora, como mal menor, tendrá que asumir el presupuesto municipal. Llama la atención, una vez más, que dos administraciones públicas —y más teniendo en cuenta que están gobernadas por el mismo partido— no sean capaces de ordenar sus discursos, traten de subsanar la cagada, y eviten tirarse los trastos a la cabeza públicamente como si fuesen oposición. Este modus operandi, probablemente, solo puede explicarse una vez más si se baja a las cloacas.
Parece como si Irene García se la tuviese guardada a Sánchez desde que cerraron la lista para las elecciones municipales del pasado 2015. Una polémica que no trascendió en su momento pero que es vox populi en la clave interna del partido a nivel local y provincial. Un gol en fuera de juego, y en el tiempo de descuento, de la actual regidora jerezana, le permitió finalmente situar a su antojo algunos de los puestos de la referida lista. Un movimiento decisivo, por ejemplo, para que Carmen Collado entrara finalmente en el gobierno, pese a que su plaza la iba a ocupar una persona más afín a la dirección jerezana. Eso, como decimos, a pesar de que previamente el orden de los puestos había sido pactado y rubricado con el provincial. Esto es, con Irene García. Aparte de esa afrenta de partido —las que se suelen perdonar menos—, luego vino el desplante a Isabel Armario, concejal y diputada socialista, miembro de la ejecutiva regional, y persona de máxima confianza de la dirigente política sanluqueña. Sánchez le adjudicó tres delegaciones pero, en cambio, la sacó de la junta de gobierno local, por lo que Irene García hizo pública aquella petición de llevarse a Armario con "exclusividad" a Diputación para, en el fondo, liberarla de toda responsabilidad local, más allá de acudir a los plenos. En la práctica, el ejecutivo local socialista se quedaba con seis concejales de siete ediles electos.
En casi dos años de mandato socialista en el Consistorio jerezano, el apoyo explícito de la Diputación apenas se ha palpado. Eso, a pesar de que Jerez es clave para el mantenimiento del poder político en la propia institución provincial (El partido judicial Jerez-San José del Valle aporta 5 diputados). No ha habido avances en proyectos pendientes como el futuro de Ifeca, La Atalaya, la participación de la Diputación en el Circuito, en el Villamarta, en la gestión de la planta de reciclaje de Las Calandrias... Claro está que estas entidades provinciales deben dar prioridad a los municipios de menos de 50.000 habitantes, pero cuando se analiza su aportación a Cádiz capital y lo que, en paralelo, brinda a Jerez, el argumento cae por su propio peso.
Esta vez son 175.000 euros en obras para colegios del mundo rural los que se esfuman, pero ¿cuántos proyectos se han ido por el desagüe en todos estos años por culpa de torpedeos internos?
Tampoco se han detectado grandes apoyos por parte de la Junta de Andalucía, más allá de muchas fotos, una fugaz visita institucional de la presidenta Susana Díaz al salón noble del Cabildo y un par de proyectos (tras preguntar públicamente Jerez qué había de lo suyo en relación con los cuantiosos fondos ITI) que siguen sin concretarse. Eso, por no hablar del reguero de incumplimientos históricos: léase radioterapia, ronda sur, Ciudad de la Justicia, Parque Científico Tecnológico Agroindustrial y un largo etcétera. Pese a lo reiterado en multitud de ocasiones, Susana Díaz no fue realmente quien avaló la investidura de Sánchez (la tesis oficial era dejar gobernar a la lista más votada: el PP), sino que ésta recurrió a su entonces secretario general en el federal, Pedro Sánchez (¿les suena?) para lograr una autorización que negaba la dirección a nivel local. Algo similar sucedió en Cádiz, donde el socialista Fran González recibió la bendición del ahora aspirante a la dirección federal del PSOE (y encontró similar inhibición por parte de Díaz) para dejar gobernar a José María González Kichi. ¿Estará también pasándole factura a Mamen su sanchismo declarado? Cualquiera sabe.
Si la sempiterna división del PSOE desgraciadamente no es ni mucho menos nueva —nadie que no estuviese al tanto de la actualidad política local entre 2007 y 2011 podrá olvidar la guerra abierta entre la entonces alcaldesa socialista Pilar Sánchez y el presidente de Diputación, Paco González Cabaña—, tampoco lo es que las facturas de tantas fracturas políticas y guerras intestinas en los partidos las terminen pagando los sufridos ciudadanos. Eso es lo verdaderamente sangrante y relevante de todo esto. Porque esta vez son 175.000 euros en obras para colegios del tan necesitado mundo rural jerezano los que se esfuman, pero ¿cuántos proyectos se han ido por el desagüe? ¿Cuántas oportunidades se han perdido en todos estos años por culpa de torpedeos internos, nulas comunicaciones y zancadillas de baja estofa?
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