Acabo de llegar a casa de entrevistar a cuatro mujeres que trabajan en los colegios e institutos públicos andaluces como monitoras de integración social. Son las personas que se dedican a acompañar a los niños y niñas con discapacidades motoras y mentales para que éstos puedan tener derecho a una educación integradora como el resto de alumnos.
Son las mujeres que le dan el desayuno, las que le cambian el pañal, las que mueven a niños que apenas se pueden mover y quienes sacan y entran del recreo a los alumnos y alumnas andaluces que más necesitan los cuidados, los servicios públicos, la igualdad y una comunidad que proteja y no deje a nadie atrás ni tirado en el camino.
En cualquier sociedad sana, democrática, que tuviera la igualdad en la cúspide de su edificio principal, estas mujeres serían heroínas. Son quienes ponen la sonda a niños que no pueden hacer pipí, quienes le quitan el pañal a niñas que se hacen caca o quienes recogen los vómitos de adolescentes que escupen lo que comen en más ocasiones de lo deseado.
En Andalucía hay 1.300 mujeres que trabajan como monitoras de integración social para empresas privadas contratadas por la Junta de Andalucía. Digo mujeres porque un 90% de este grupo de trabajadores esenciales para la calidad de la educación son mujeres. Psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, pedagogas, maestras de educación especial y técnicas en integración que tienen contratos parciales no deseados de 25 a 30 horas, con salarios de miseria que no ascienden más de 800 euros en el mejor de los casos y que en los meses de verano son enviadas al paro e ingresan 400 y 500 euros.
Mujeres que no son independientes económicamente y que deben completar sus salarios con otros trabajos si viven solas con sus hijos, como es el caso de Yolanda. Una mujer de 45 años de un pueblo malagueño que está divorciada, con una sentencia de violencia de género a sus espaldas, y que cría a sus dos hijos con un exiguo salario de 800 euros. Si de hipoteca paga 300 euros, poco porque vive en la zona rural, lo que tiene al mes para tirar adelante son 500 euros, a los que hay que descontarle la luz, el agua y el teléfono. Imagina cómo lo hace María, con el mismo salario mismo pero viviendo en Sevilla capital donde el alquiler más barato cuesta 500 euros.
Son las kellys de la educación pública andaluza, las criadas de una administración pública, la Junta de Andalucía, en la que gobierna un partido que presume de ser feminista y estar a favor de la abolición de la prostitución. De cada 14,80 euros de dinero público que la Junta dedica a pagar la hora de monitores de integración social en las aulas, las trabajadoras perciben menos de 5 euros. Los diez euros que se pierden por el camino son plusvalía, las ganancias que la Junta le regala a sus empresas amigas a cambio de explotar laboralmente a 1.300 mujeres andaluzas que duermen con tranquilizantes para soportar los dolores musculares y la ansiedad crónica que padecen.
Esta misma semana, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha mostrado tajante a favor de la abolición de la prostitución. ¿Quién le asegura a la presidenta que alguna de estas mujeres no está obligada a prostituirse en su 'tiempo libre' para poder pagar todas las facturas y criar a sus hijos?
Claro que hay que abolir la prostitución pero también hay que abolir la explotación laboral que crea miseria y las condiciones idóneas para lanzar a las mujeres a la inmundicia, obligándolas en muchos casos a tener que vender su cuerpo a puteros que ven en ellas orificios que penetrar, de donde sacan beneficios con la misma alegría que las empresas privadas contratadas por la Junta extraen de las monitoras de integración.
Me sé sus nombres, sus edades, sus circunstancias personales y la vulnerabilidad con la que afrontan el futuro estas mujeres que hasta 2006 cobraban 1.400 euros al mes, antes de que se privatizara el servicio por un partido que se dice de izquierdas pero que contrata con la misma lógica explotadora que los puteros.
El discurso abolicionista de la prostitución en boca del PSOE andaluz suena hipócrita, interesado y electoral. No se puede ser abolicionista de la explotación sexual mientras se promueve la explotación laboral, los sueldos de miseria y las condiciones de vida que empujan a las mujeres a la indigencia vital.
No son sólo las monitoras de integración social las que tienen sueldos de miseria en contratas de la Junta de Andalucía. Están las auxiliares de ayuda a domicilio, las monitoras de comedor, las cocineras de los comedores escolares, o las limpiadores de edificios públicos, centros de salud, colegios, hospitales y otras dependencias de la Junta.
Un ejército de mujeres pobres que nunca se ven beneficiadas por ninguna ley de igualdad, por las que nadie guarda un minuto de silencio y que no son nunca invitadas a esos actos finos y elegantes de feministas ricas con los que el PSOE andaluz trata de convencernos de que está muy preocupado por la independencia económica y la igualdad de las mujeres andaluzas.
Yo estoy a favor de la abolición de la prostitución por la misma razón que estoy a favor de abolir la explotación laboral. Al igual que ninguna mujer nace para puta, ninguna mujer nace para ser la criada de la Junta de Andalucía. Igual para abolir la prostitución habría que empezar antes por abolir los trabajos de miseria que empujan a las mujeres a prostituirse. Igual habría que organizar menos eventos de feminismo Chanel y mirar con ojos de justicia a las mujeres que, en lugar de aspirar a romper techos de cristal, intentan no ser tragadas por el suelo de barro, subvencionado por la Junta de Andalucía, en el que se hunden cada día.
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