Se suponen que ellos son los que lo van a gestionar y en muchos casos, como los diputados y diputadas, legislar, es decir, hacer las leyes. A cualquier persona española que quiera trabajar en la administración pública se les exige conocimientos muy elevados sobre las leyes, ¿por qué a los políticos no?
Escuchaba terminar en una entrevista en Radio Jerez al popular Antonio Saldaña preguntar –sarcásticamente supongo– que si la periodista Ana Huguet cuando se refería a la alcaldesa de Jerez, se estaba refiriendo a "la alcadesa que había elegido la gente".
Debo suponer que estaba utilizando una ironía y una estrategia política, ya que como todo el mundo sabe o debería saber, a los alcaldes y las alcaldesas no los elige la gente, sino los concejales y concejalas que esos sí son elegidos por voto directo –a listas de partidos, que todo hay que decirlo– por la gente.
Pero todo esto me lleva a una reflexión. ¿Y si realmente este concejal diputado –que no creo– realmente no supiera lo que estaba diciendo? Lo que me lleva a otra pregunta: ¿cuál es la formación que tienen nuestros políticos en cuánto al funcionamiento de nuestra administración? Porque se suponen que ellos son los que lo van a gestionar y en muchos casos, como los diputados y diputadas, legislar, es decir, hacer las leyes.
A cualquier persona española que quiera trabajar en la administración pública se les exige conocimientos muy elevados sobre las leyes que regulan el funcionamiento de toda la máquina administrativa, ¿por qué a los políticos no?
¿Qué sabe un político de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que los funcionarios se saben como un papagayo? ¿Saben que se ha actualizado a la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? ¿Conocen el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía? ¿Conocen la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía? ¿La Ley 6/1985, de 28 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía? ¿Saben del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía? ¿Conocen Real el Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas?
Y cuando pregunto si saben, pregunto si se la saben al dedillo, de memoria, para no fallar un solo test.
Y no voy a seguir con la retahíla del temario de unas oposiciones, pero pienso que no, que no lo saben. Sí, ya me dirán algunos: ¡Para eso están los asesores! Pues creo que no. Creo que son los políticos los que tienen que estar preparados para sentarse en un escaño o en el sillón de un concejal. Que como mínimo, quien quiera ser político, tenga la formación que se les exige a los funcionarios públicos, porque ellos en el fondo son lo mismo, servidores de la ciudadanía. Incluso, muchos de ellos se jubilan siendo políticos. Esa formación también deberían demostrarla con una prueba. Cada candidato/a que proponga un partido debería someterse previamente a unas pruebas de nivel en administración pública. Y el que no valga, pues no entra. Igual que sucede con el funcionariado. Quien no saca la suficiente nota, aunque apruebe, no entra.
Porque sí, presumen muchos de ser ingenieros, doctores, licenciados en muchas materias, pero ¿qué tienen que ver con la administración pública? ¿Existiría corrupción en los contratos públicos si realmente el político fuera consciente de lo que está firmando y no dejándose llevar por lo que le diga un asesor contaminado políticamente por quién lo puso en el puesto? Ojalá la formación de los políticos también fuera un tema de debate.
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