Es peor que asombroso que la Democracia española haya pasado por alto la cuestión de los títulos nobiliarios franquistas (véase). No solo decenas de miles de personas siguen en fosas y cunetas olvidadas, sino que hemos de seguir sufriendo al general Franco o al general Queipo de Llano en sus ricos mausoleos, o la vigencia de los títulos nobiliarios del franquismo (véase).
Esta es una situación de peligrosa indignidad para los fundamentos de la Democracia. En resumen: la Ley de Memoria Histórica, como cuando muchos ayuntamientos pasan olímpicamente de quitar los símbolos franquistas de la vía pública, se incumple tan tranquilamente sin que pase absolutamente nada. ¿Y el abono, como sigue constando en los presupuestos generales del estado, de las pensiones militares a la Guardia Mora de Franco? (véase). ¿Y el increíble reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de la jefatura de estado a Franco desde el mismo verano de 1936 que dio el sanguinario golpe militar?. A la imposibilidad de votar monarquía sí o no, una imposibilidad impuesta por Franco, o a la impunidad que sigue garantizando la Ley de Amnistía de 1977, ¿para qué voy a referirme?.
Todo esto no solamente es vergonzoso, sino que es peligrosamente vergonzoso (véase). Las instituciones democráticas, inexplicablemente, miran hacia otro lado… porque la Transición no fue, ahora lo sabemos todos con reveladora claridad, tan modélica como se nos quiso hacer creer.
A mí me parece que importa mucho recuperar un texto, el del decreto franquista de 18 de julio de 1948 (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1948/200/A03297-03297.pdf), donde Franco explica las sórdidas razones por las cuales nombra a José Antonio Primo de Rivera o al general Mola, por ejemplo, duques con categoría de Grandeza de España. Importa leer esos sanguinolentos textos para que caigamos en la cuenta de que es imposible que podamos consentir ni un minuto más que estos títulos nobiliarios sigan vigentes al amparo de la Constitución de 1978. Leamos con atención:
“La Cruzada que España sostuvo durante tres años en defensa de Dios y de la Patria contra todas las fuerzas de la secesión política y social confabuladas para destruirla y contra los enemigos de la civilización cristiana, sirvió también para exaltar las egregias calidades de un pueblo que desde los albores de su historia y en todos los momentos cruciales de la humanidad ha sabido mantener enhiesta la bandera de los más altos valores del espíritu En esta sagrada empresa genuinamente española, en la que por cauce y bajo dirección castrenses confluyeron todas las corrientes sociales de la Nación, resplandecen con claridad diamantina nombres que por su heroísmo legendario por su genio militar, por sus doctrinas políticas, por las rutas que marcaron y, en definitiva, por haber sabido despertar en las almas de miles de españoles hundidos en el escepticismo y la desesperación la ilusión de rescatar una patria perdida, bien merecen, tanto ellos como los servicios y hazañas que realizaron, quedar grabados para siempre en el libro de la Historia y recompensados en prueba de gratitudnacional, con dignidades nobiliarias que sirvan además para perpetuo ejemplo de su alcurnia y su grandeza.
Pero dentro de esa genérica condición de héroes, mártires y estadistas, la voz de la justicia histórica nos ordena señalar, con la sobriedad necesaria, para no desvalorizar la gracia, a aquellos españoles excelsos, que por tan especiales y extraordinarias circunstancias que en ellos concurren, han de ser los que inicien la relación de Títulos del Reino otorgados después de la promulgación de la Ley de cuatro de mayo último sobre dignidades nobiliarias. Y en acatamiento debido a este mandato, que estamos ciertos ha de ser compartido con entusiasmo por toda la Nación destacamos los nombres de: José Antonio Primo de Rivera v Sáenz de Heredia. Fundador y primer Jefe de la Falange, símbolo de upa generación y el hombre que supo encender en la juventud de España la antorcha de la fe en los destinos de la Patria, por cuya unidad, grandeza y libertad ofrendó su vida…”
Cuando el designado hubiese fallecido, acreditada la cualidad de su inmediato sucesor, se expedirá a éste, sin más trámites, la correspondiente carta de sucesión. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos cuarenta y ocho. FRANCISCO FRANCO”
Es decir, las razones por las que Franco concedió estos títulos (véase) siguen, al parecer, vigentes sin que las autoridades democráticas hagan nada por evitar la flagrante ignominia. Muy recientemente pudimos leer la disposición en el BOE (véase) relativa a la sucesión en el ducado de primo de Rivera, porque falleció el que fue alcalde de Jerez Miguel Primo de Rivera y Urquijo. El mismo ducado de Franco fue no hace mucho revalidado por el Rey de España (quid pro quo).
Está claro que la memoria histórica tiene en este país un retraso más que serio. El PSOE, y para qué mencionar al PP, la Iglesia, la instituciones democráticas, etc., no han hecho gran cosa en estos 40 años. No lo han hecho y las consecuencias afloran por todas partes.
Por último, reflexionemos sobre una pregunta (https://www.sahara-occidental.net/2019/09/08/la-represion-franquista-ha-sido-blanqueada-desde-su-origen-historiador/) al destacado historiador Francisco Espinosa y su respuesta acerca de la fragilidad de los avances de la memoria democrática en este país:
“-La Universidad de Alicante borró -de determinados artículos publicados en su página Web- el nombre del secretario judicial que intervino en el Consejo de Guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, en 1940; así, la universidad atendía a la petición de un descendiente del militar que actuó como secretario, y que se acogió a la legislación sobre protección de datos. ¿Qué puso de relieve esta resolución de la Universidad? (la institución universitaria después rectificó y anuló el borrado).
Pone de relieve que todo lo que tan costosamente se ha avanzado desde la transición en un campo tan oscuro como el de la represión puede desaparecer de un momento a otro. Roza el esperpento que el hijo de un individuo que formó parte del aparato represivo judicial militar fascista solicite a una Universidad que se oculte de ciertos artículos de su página web el nombre del padre y que alguien en la Universidad decida hacerle caso. Como no le gusta que el nombre de su padre aparezca relacionado con un consejo de guerra del que fue secretario quiere borrar el pasado retocándolo. Pero la farsa no acaba aquí, ya que a continuación es la propia Universidad de Alicante la que decide validar la decisión [Parece que posteriormente han dado marcha atrás]. El hecho es grave en sí y plantea un oscuro panorama, ya que abre la posibilidad de que otros sigan el ejemplo. Imaginemos por un momento el caso contrario: que descendientes de personas que aparecen en la Causa General solicitasen al Ministerio de Cultura que se ocultasen sus nombres en Internet…”
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