La presidenta del BCE, Christine Lagarde, en una imagen reciente. FOTO: Adrian Petty/ European Central Bank
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, en una imagen reciente. FOTO: Adrian Petty/ European Central Bank

¿Qué tipos de ayudas se están poniendo en marcha? Ante la crisis económica y social que se está derivando de la crisis sanitaria del Covid-19 el gobierno está, de momento, implementando medidas de tipo económico que implican un progresivo endeudamiento de empresas, familias y del propio Estado, que se ha podido realizar por la suspensión de la Unión Europea del denominado Pacto de Estabilidad, que impedía endeudarse a los estados por encima de determinados parámetros.

Para poder lanzar medidas de apoyo ante la crisis, el Estado acude al Banco Central Europeo quien presta dinero a los bancos privados y éstos son los que reparten en forma de préstamos a las empresas, autónomos/as, familias e incluso al Gobierno. Esto conlleva la contrapartida de que los bancos cobran intereses más elevados e imponen una serie de condiciones económicas para hacer negocio (obligan a contratar algunos productos cruzados como seguros variados o productos bancarios, etc., obligan a domiciliar la nómina o a abrir una línea de descuento) y por su parte el Estado emite letras, bonos u obligaciones del tesoro.

¿Qué supone eso para la ciudadanía? Pues que para hacer frente al pago de las deudas contraídas y de los altos intereses, los Estados aplican las llamadas “políticas de austeridad”, es decir, recortes en servicios públicos, congelaciones salariales, precarización de las condiciones laborales, asfixia a los Ayuntamientos (durante el gobierno del Partido Popular esto llegó a implicar la retirada de algunas competencias a los ayuntamientos y comunidades autónomas). En el año 2011, por causa de la crisis de 2008, esta austeridad se plasmó en la modificación del artículo 135 de la Constitución española​ estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales.

Esta vez deberíamos intentar hacerlo de otra manera, el Banco Central Europeo debería financiar directamente la deuda pública, es decir, a los gobiernos, sin pasar por los bancos privados. Es una medida innovadora que se está planteando en Reino Unido y que les va a permitir medidas como por ejemplo otorgar subvenciones a las empresas para el pago de las nóminas de los y las trabajadoras, hasta un límite de 2.100 euros. Esto significa “inyectar liquidez”, ayudas a fondo perdido. En un país como el nuestro, que parte de un elevadísimo nivel de endeudamiento tanto de su población como por parte del Estado, lo que hace falta es “imprimir dinero”, dar ayudas a fondo perdido, sin hacerle el negocio a los bancos y sin aumentar las deudas.

De esta manera, en la medida de lo posible, se puede exonerar la obligación del pago de los impuestos a las empresas, conceder subvenciones para mantener el tejido empresarial hasta conseguir reactivar la economía, otorgar una renta básica a la población, etcétera.

Porque a pesar de que el Gobierno español ha puesto en marcha algunas medidas, que efectivamente se encaminan hacia liberar la carga de las empresas y autónomos/as, la realidad es que la mayoría de esta carga no solo no se está liberando sino que se está convirtiendo en deuda. Las moratorias y la línea de avales que ha puesto en marcha el Gobierno es una clara propuesta de “nos endeudamos juntos”, pero esta vez tenemos a nuestras espaldas las consecuencias y la experiencia del endeudamiento de 2008, por lo que ya sabemos que esto es un “caramelo envenenado”, por eso hay que rechazar esta forma de solución y trabajar en otra línea, exigiendo a Europa que tome una medida excepcional que de verdad libere y ayude: “Imprimir dinero”.

Las medidas que el Gobierno ha tomado para ayudar a las empresas y autónomos/as ayudan a una parte del tejido empresarial pero evidentemente hay mucho daño económico que no está recogido en estas medidas. Vaya por delante el apoyo al gobierno respecto al desarrollo de estas medidas pero creemos que hay que seguir ampliando el círculo de intervención. El cese de actividad ha sido urgentemente protegido pero hay un enorme volumen de empresas que lo que están sufriendo es un importante descenso de la actividad, sin llegar a cerrar pero con mucha dificultad para mantenerse. La propuesta de “endeudarse más” a algunas empresas, como aquellas cuyas expectativas son una disminución de su actividad, o que están al límite de capacidad para el endeudamiento, o que ya arrastraban impagos, o cuyos trabajadores/as monoparentales o monomarentales no pueden teletrabajar y tienen hijos/as a cargo, o sectores que se mueven en la economía sumergida, ...no les sirve e incluso les puede suponer “una muerte anunciada”.

De la correcta gestión de esta crisis económica, dependerá que podamos volver a cierta normalidad en el corto-medio plazo o que tengamos que gestionar un país con mayores tasas de precariedad, paro y pobreza.

Quizás haya que ir hacia un concepto menos capitalista de “ayudas”.

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