La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido determinando qué debe entenderse como poder judicial autónomo y no puede ser más que desde la separación de los poderes ejecutivo y legislativo, siendo que, ninguno de estos dos, puedan tutelar a los tribunales, sencillamente porque no son órganos jurisdiccionales.
Sin embargo, el esperpento que estamos viviendo a razón de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es todo lo contrario a la separación de poderes, a lo que está ayudando un sector de la magistratura que se ha atrincherado en lisa rebeldía en el órgano de gobierno de los jueces, favoreciendo el bloqueo al que está sometido, negándose a cumplir la Ley y la Constitución Española.
Que eso lo haga ese sector de la política corrupta que ya conocemos no sería de extrañar (va de soi), pero que lo hagan personas magistradas y juristas, se supone, de reconocido prestigio, que deben cumplir la ley, resulta del todo contrario a la función que tienen asignada por el Estado de Derecho, que determina con claridad y sin lugar a interpretación jurídica que, el “Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo” (artículo 568 LOPJ). A su razón, el expresidente del citado Consejo, el dimitido, señor Lesmes, remitió el acuerdo del CGPJ de fecha 3 de agosto de 2018, una vez cumplido el mandato del mismo (elegido en 2013) a la señora presidenta del Congreso de los Diputados y al señor presidente del Senado, “certificación expresiva de los datos del escalafón de la carrera judicial, así como de los datos del Registro de Asociaciones judiciales obrantes al día de la fecha en el Consejo General del Poder Judicial”, declarando “la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al turno judicial”.
Sin embargo, ahí siguen y la dimisión del señor Lesmes solo ha servido para que en su lugar se ponga a otro presidente designado por las mismas personas vocales que se mantienen en el cargo sin soporte legal y sin que, llama la atención, la presidenta del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado hayan adoptado “las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”, según se lee literalmente en el mencionado Acuerdo de 3 de agosto de 2018, por el que se disponía el inicio del procedimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y cual, puede ser la lógica de ese atrincheramiento. Sin duda, es una lógica de poder, desde luego no constitucional. Es más, me arriesgaría a decir que los supuestos líderes del partido popular, en teoría Ayuso y Feijóo, por ese orden, no tienen autoridad real, lo que parecen en realidad es ser la cara de un verdadero poder en la sombra, pero que no se oculta, cuya finalidad es secuestrar la soberanía popular que representa el Congreso de los Diputados. Desarmando la democracia. A eso se le describe como golpe de mano. El Mundo titulaba “El PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática al pacto del CGPJ” y acompañaba un tal Losantos “Feijóo no llegará a presidente”. Seguidamente, el partido popular se desvinculaba del pacto poniendo como excusa (otra más) la modificación del delito de sedición, cuando previamente la señora Gamarra no vinculaba ese cambio al acuerdo de renovación del Consejo. En la práctica supone el apoderamiento de un lugar llamado Tribunal Constitucional que en breve tendrá que decidir sobre leyes vitales del Gobierno de España. La finalidad no es otra que tumbar a la soberanía popular.
Esos jueces, los que están atrincherados ilegalmente en el CGPJ, no representan la soberanía popular, son culos de hierro que están fuera del marco constitucional y deben ser sustituidos democráticamente, utilizando las herramientas constitucionales que avalan las decisiones del parlamento español, que es donde únicamente reside la soberanía popular. A tales efectos la presidenta del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado deben dar curso al Acuerdo del mismo Consejo General del Poder Judicial y proceder a dar trámite a la renovación del mismo según el procedimiento legalmente establecido. No hay nada que justifique la permanencia contra legem de os actuales Vocales. En esto, también tiene responsabilidad el Gobierno de España.
La degradación de la separación de poderes en España ha llegado al grado de preocupante. La conducta de bloqueo está manchando el buen trabajo de la mayoría de los y las jueces españoles, de seguir ese deterioro y descrédito del poder judicial, el daño será irreparable. Es una cuestión de salud e higiene democrática.
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