Cuando la mentira preside la reivindicación nada hay que hacer más que rechazarla de plano, más cuando lo que se pretende es restringir el sistema de libertades y limitar derechos constitucionales, tales como el de reunión y el de manifestación. Sí, ese es el fondo de la manifestación de policías y guardias civiles contra la Ley mordaza, sobre la que pesa una censura democrática por organismos internacionales a los que pertenece España, como es la ONU, porque restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como son, además de los ya señaladas, la libertad de opinión y de expresión. También la Unión Europea es clara en este asunto, solo hay que acudir al dictamen (Comisión de Venecia) que sobre España ha elaborado el órgano consultivo del Consejo de Europa, que recomienda que se revise tal legislación en profundidad, haciéndola compatible con el ejercicio de los derechos humanos, dado su potencial represivo, como son las elevadas multas que se imponen y que van acompañadas de atribuciones coercitivas, que en la práctica llevan a abusos o censuras de las que ya se ha ocupado el Tribunal Constitucional que recientemente determinó que la prohibición de grabar a miembros de las fuerzas de orden público es una censura vedada por la Constitución Española.
Llama la atención que sindicatos policiales como el SUP, la UFP y la AUGC, teóricamente comprometidos con el desarrollo constitucional compatible de la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, apoyen una manifestación que se asienta sobre premisas falsas a la vez que arbitrariamente contradictorias , pues pretenden que la mordaza no se aplique a los policías cuando son estos los que se manifiestan, como después se dirá.
Conviene recordar que la ley mordaza fue redactada por la cúpula policial cuando el Ministerio del Interior se dedicaba a espiar a policías utilizando a policías y a ciudadanos, esto es la policía al servicio de un partido político. Se trata de la operación KITCHEN, prácticas corruptas y delictivas sobre la que guardan silencio los sindicatos policiales. Que el SUP, la UFP o la AUGC apoyen, como parece, más para no perder afiliación que por convencimiento, es, desde luego, descriptivo de la calidad y legitimidad de la supuesta reivindicación.
La ley mordaza se sustenta en que el ciudadano cuando se manifiesta es un delincuente, precisamente lo que presuntamente son sus redactores y a la cabeza el que fue Ministro del Interior. Dicen, que las identificaciones de personas indocumentadas estarán limitadas a dos horas, si bien, podrán ser ampliadas a seis, que es exactamente lo que hay ahora, siempre que se justifiquen las causas, es decir, que no haya arbitrariedad y sí transparencia. Es falso que el proyecto de Ley obligue a hacer de taxistas a los policías cuando tengan que devolver a la persona identificada desde la Comisaría al lugar donde fue detenida, eso no ocurre nunca, a no ser que esa persona sea detenida en Cádiz y la lleven a Cuenca (ya puestos a exagerar), circunstancia que de pasar, resulta de lo más lógico.
Es falso de toda falsedad que a los agentes de la policía se les reste o pierdan la presunción de veracidad. No solo es que se les mantiene, como debe ser, sino que, además, se matiza, de conformidad con las recomendaciones internacionales, incluido el Consejo de Europa, es que se exprese con sencillez, claridad y transparencia la exposición de hechos que el agente policial realice en el atestado o el acta que sirve como justificante para imponer la sanción administrativa que, debe ser coherente y conforme a derecho y sobre la que la persona sancionada puede presentar recurso, o lo que es lo mismo, que debe saber exactamente no solo la cuantía de la sanción, también el porqué y las normas y daños infringidos. Ese detalle protege más, si cabe, a la policía.
Es falso, así mismo, que se prohíba la utilización de material antidisturbios (pelotas de goma), lo que se exige es algo de perogrullo: que las autoridades competentes elaboren protocolos concretos que valoren, en base al principio de proporcionalidad, el uso de de medios menos lesivos para las personas en el horizonte de evitar lesiones irreparables. Por poner un ejemplo, no es proporcional el uso de una tanqueta militar para hacer frente a una manifestación de trabajadores en Cádiz.
Es falso, que el texto del proyecto de Ley deje sin efecto la consideración de sanción leve celebrar una manifestación o una concentración sin el trámite previo de su comunicación a la autoridad gubernativa. Esa obligación permanece, si bien, si falta, por sí misma, no es motivo suficiente para impedir el derecho constitucional de reunión y/o de manifestación. Pensemos en los actos espontáneos en repulsa por un crimen machista contra una mujer y sus hijos como consecuencia de la violencia de género. ¿O solo es posible eludir la comunicación cuando la convocatoria parta de Jusapol?, como ocurrió en marzo de 2020, que llegaron a romper el cordón policial cuando se concentraron en las mismas escalinatas del Congreso de los Diputados y del Senado, sin que haya habido, que se sepa, identificación alguna de los encapuchados policiales y sanción a estos, en aplicación de la misma ley que tanto quieren. Como falso es que los salarios de los policías y guardia civiles no haya subido. Todo lo contrario, han aumentado un 20% en los últimos tres años.
Acostumbrados a que los partidos de la oposición al Gobierno de coalición hagan de forma cansina reiteren que la actividad de este no es conforme a los mandatos, directrices y recomendaciones de los diferentes órganos de la Unión Europea, véase, CGPJ, ahora no hacen ninguna referencia a seguir las indicaciones de esos órganos respecto de la adecuación de la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) a los estándares de respeto a los derechos humanos y fundamentales. Esta claro, la coherencia es verde y se la come el burro conforme al interés electoral de un partido. Choca mucho ver caminar juntos a determinados sindicatos policiales democráticos y a la ultraderecha, esa misma que añora el peor pasado español, en el que la policía de entonces jugaba un papel político criminal y del que no se ha dado cuenta por la ley de amnistía. Aquella policía no es compatible con el Estado de Derecho que nos rige.
A los sindicatos policiales cuando se les pregunta en concreto porqué protestan no saben qué contestar y si lo hacen, unos responden con vaguedades y otros con las falsedades antes dichas. Lo que sí saben es contra quien protestan, a la vez que sirven de cauce para su utilización política y partidista. El Gobierno ni puede, ni debe ceder ante tal cúmulo de falsedades, sin perjuicio de que en el trámite parlamentario se mejore más la redacción de la Ley de Seguridad Ciudadana, haciéndola compatible al máximo con el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, enterrando la mordaza.
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