Los laboratorios de AstraZeneca, en una imagen de la propia compañia.
Los laboratorios de AstraZeneca, en una imagen de la propia compañia.

Leía en un periódico que la Casa Blanca evalúa suspender las patentes de las vacunas contra el covid, lo que permitiría que países más pobres produjeran los fármacos en sus territorios.

En una carta pública al presidente Biden, 170 premios Nobel y ex jefes de Estado de 100 países le pidieron que antepusiera el derecho colectivo a la seguridad de todos a los monopolios comerciales de unos pocos. A comienzos de abril, también 10 senadores del ala izquierdista del Partido Demócrata, le enviaron una misiva para que respaldara el llamamiento de la India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio sobre relajar temporalmente las reglas de propiedad intelectual.

La realidad es que miles de millones de personas de los países más pobres se quedan al margen de la vacunación que les puede evitar la enfermedad. Los países ricos acumulan las vacunas mientras que los más pobres están desabastecidos.

Pero, ¿Qué son las patentes?

Las patentes protegen la propiedad intelectual de un producto para que no pueda copiarse. En la industria farmacéutica, cuando se descubre y desarrolla un medicamento, la empresa patenta su descubrimiento para que nadie más pueda fabricarlo.

Esto le permite controlar el precio y la producción, lo que a su vez puede generar precios elevados y medicamentos que son inaccesibles para los más pobres.

Una de las propuestas para acelerar la producción de vacunas, diseñada por la OMS, es el llamado C-TAP (Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19). Este es un mecanismo global para compartir de forma voluntaria conocimientos, datos y propiedad intelectual de tecnologías sanitarias para la lucha contra covid.

La otra forma de hacer que las farmacéuticas compartan sus tecnologías es la que presentaron Sudáfrica e India a la Organización Mundial de Comercio para suspender los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia.

Objetivo de liberar las patentes

El objetivo es facilitar la transferencia de tecnología y el conocimiento científico para que los países en desarrollo puedan aumentar la producción de vacunas y hacerlas accesibles a sus poblaciones. Ante la catástrofe de la Covid-19, hay razones éticas y legales para suspender las patentes de vacunas para el SARS-CoV-2 y aumentar su producción a costes bajos, con el objetivo de llegar a más personas, y parece que una forma de hacerlo sería mediante la presión de la opinión pública y la profesión médica porque el mecanismo COVAX, diseñado por las propias empresas, para que esos países con menores ingresos reciban las migajas de la solidaridad de los más ricos, resulta totalmente insuficiente.

Pero, la historia parece repetirse: un abierto enfrentamiento entre quienes apoyan los derechos de propiedad intelectual en los medicamentos y los que piden acceso a fármacos más baratos para salvar vidas.


Ya ocurrió en 1998 cuando África se vio azotada por la epidemia de VIH y varios gobiernos del continente estaban pidiendo retirar las patentes de las farmacéuticas para poder obtener las medicinas que podían prevenir el Sida y evitar muertes.

Los países ricos, donde están basadas las farmacéuticas que producían esos fármacos, se negaron.

Y los costosos medicamentos antirretrovirales -que desde 1996 estaban disponibles en los países desarrollados- tardaron 10 años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible para todos. Ahora con la pandemia de covid-19 está volviendo a ocurrir.


Durante abril y mayo, los gobiernos se reunirán en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para revisar una solicitud presentada por India y Sudáfrica en octubre de 2020 que propone suprimir las patentes sobre las vacunas, tratamientos y medicamentos de la COVID-19 mientras dure la pandemia y hasta lograr la inmunidad mundial. El objetivo, que todas las herramientas médicas para vencer a la COVID-19 estén disponibles y sean asequibles para todas las personas en todo el mundo.

En Thee Conversation leo que: La solicitud de India y Sudáfrica, e incluso el debate reabierto en Estados Unidos, deben entenderse también en el marco de la función social que debe exigirse a toda forma de propiedad privada, incluida la propiedad industrial. El problema de la actual pandemia es que el programa C-tap, creado como instrumento de solidaridad internacional para compartir información protegida por patentes en la lucha contra la COVID-19, lleva desde mayo de 2020 criando telarañas digitales. Los mecanismos de fomento voluntario de la solidaridad internacional se han demostrado ineficaces en esta crisis.

Las farmacéuticas han recibido miles de millones de fondos públicos, principalmente de Estados Unidos y Europa, para el desarrollo de las vacunas de covid, por lo cual deben compartir su tecnología.

Un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos US$10.000 millones de fondos públicos y de organizaciones sin ánimo de lucro para financiar sus vacunas.

Y la cifra, dice el informe, quizás es un subestimado ya que muchos datos sobre estos proyectos no son públicos.


Pero indica que las cinco mayores farmacéuticas recibieron cada una entre US$957 millones y US$2.100 millones.  a cambio de este financiamiento, dice el informe, los países de altos ingresos pudieron asegurar contratos para recibir dosis suficientes para vacunar a toda su población.

Necesitamos que TODOS los gobiernos prioricen la salud por encima de los intereses comerciales y no obstaculicen el cambio del injusto sistema actual. Los países ricos, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Suiza y naciones europeas, se oponen a la propuesta, presentada por Sudáfrica e India y apoyada por decenas de países en desarrollo.
Argumentan que esas patentes son necesarias para incentivar la investigación y el desarrollo de medicamentos.

Se cree, desde algunos sectores, que una solución es establecer más acuerdos bilaterales -como los que han hecho las empresas AstraZeneca y Novavax con el Instituto Serum de India, y Johnson & Johnson con Aspen Pharmacare en Sudáfrica- para producir sus vacunas y distribuirlas a países de medianos y bajos ingresos. Se cree que hace falta más que solo los acuerdos bilaterales para acelerar el acceso de las vacunas de covid-19.

Sin embargo, a día de hoy, España aún no está apoyando esta solicitud ante la OMC. Un hecho que califico de contradictorio, ya que el Gobierno español expresó que los productos médicos para luchar contra el coronavirus se deben tratar como bienes públicos mundiales.

Los gobiernos de los países ricos se niegan a que las vacunas se puedan producir y distribuir masivamente y a precios asequibles en todos los países del mundo, como sería imprescindible para acabar con la pandemia.

Sin suprimir las actuales patentes, será muy difícil superar el actual cuello de botella que existe en la producción de las vacunas a nivel mundial, y no podrán llegar a todo el mundo. Sin apoyar este paso fundamental, no habrá garantía de que la tan necesitada vacuna llegue a cada persona en todo el mundo, esté donde esté.

Petición para la liberación de las patentes

Hasta ahora, más de 100 países ya apoyan esta petición en la OMC. Con tu apoyo y el de la mayor cantidad de personas que, como Médicos Sin Fronteras, creemos que durante la pandemia debe haber un acceso equitativo y universal a las vacunas, podemos cambiar las cosas.

Para desarrollar vacunas de distribución universal, como pide el FMI, es preciso la colaboración de científicos y productores de todo el planeta pero eso solo es posible si se ponen a disposición de todos ellos el conocimiento y las técnicas que las hacen posible, algo que es imposible mientras no se suspendan las patentes y derechos de propiedad intelectual, como dice Juan Torres en Público.

Y sigue diciendo: “La acumulación de vacunas en los países ricos no va a terminar con la pandemia porque esta es global y las mutaciones pueden venir de cualquier país donde la vacuna no haya llegado”. “Y van a morir innecesariamente millones de personas porque se da prioridad a los intereses comerciales”.

Podemos conseguir que el Gobierno español no impida esta solicitud. Podemos lograr que tanto la UE como otros países clave cambien de postura y cumplan con su deber. Está en su mano evitar que los acuerdos comerciales se antepongan a la salud de las personas.

Porque la salud no es un negocio, es un derecho universal. Y porque la vida de las personas es siempre lo más importante. Ahora, en plena pandemia de COVID-19, más debería serlo ante tantas personas que han fallecido.

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