El reciente suicidio de un residente ha vuelto a poner el foco sobre la salud mental en los hospitales. Pero sería un error —y una injusticia— reducir el debate a un solo colectivo. El problema no es exclusivo de los MIR ni de los médicos. Es estructural. Atraviesa a enfermeras, técnicos, celadores, auxiliares, personal de emergencias, profesionales de Atención Primaria y de hospitalización. Afecta a todo el ecosistema sanitario.
La evidencia internacional es contundente. En el congreso anual de la American Psychiatric Association se subrayó que los médicos presentan una de las tasas de suicidio más altas entre las profesiones. Pero los datos de enfermería son igualmente alarmantes: durante la pandemia, hasta un 85% de las enfermeras en España reconocían haber sufrido algún problema de salud mental; el 33% refería síntomas depresivos. El sufrimiento psíquico no entiende de categorías profesionales.
La pandemia actuó como catalizador, no como causa única. Antes de 2020 ya existía una combinación explosiva: déficit estructural de personal, contratos temporales, sobrecarga asistencial, guardias prolongadas, presión burocrática creciente y una cultura laboral que premia la resistencia y penaliza la vulnerabilidad. En España contamos con alrededor de 5,9 enfermeras por cada 1.000 habitantes, lejos de la media europea. Cuando faltan manos, sobran horas. Y cuando sobran horas, falta descanso, conciliación y salud mental.
Hay un elemento común en todos los colectivos sanitarios: el silencio. Solo una minoría de profesionales con síntomas graves solicita ayuda. El estigma pesa más cuando quien sufre es quien, en teoría, debe sostener a los demás. Reconocer ansiedad, depresión o ideación suicida se vive como un fracaso personal, cuando en realidad suele ser la consecuencia de un entorno sostenidamente adverso.
Además, existe el fenómeno de la “segunda víctima”. Cuando ocurre un evento adverso, el paciente y su familia son —con razón— la prioridad. Pero el impacto emocional en el profesional puede ser devastador: culpa, miedo, dudas sobre la propia competencia. Sin estructuras de apoyo, ese golpe puede cronificarse y convertirse en un factor de riesgo añadido.
España dispone de herramientas valiosas, como el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) impulsado por la Organización Médica Colegial, y algunas iniciativas hospitalarias de acompañamiento psicológico. Sin embargo, la cobertura es desigual y, en muchos casos, limitada a determinados colectivos. La salud mental de los sanitarios no puede depender del código postal ni del colegio profesional al que se pertenezca. Necesitamos estructuras transversales que incluyan a todas las categorías: desde quien realiza una intubación hasta quien traslada una camilla.
Las estrategias eficaces existen y están descritas en la literatura científica: detección precoz de ansiedad y depresión; protocolos específicos de prevención del suicidio; seguimiento activo de profesionales en riesgo; formación obligatoria en salud mental para mandos intermedios; revisión de las jornadas de 24 horas; reducción real de la temporalidad; incremento de plantillas. Países como Dinamarca demostraron que mantener políticas sostenidas de prevención durante décadas reduce las tasas de suicidio de forma significativa. No es utopía; es voluntad política y continuidad.
Pero más allá de los programas concretos, el cambio más profundo debe ser cultural. La sanidad no puede seguir sosteniéndose sobre la épica del sacrificio. No somos héroes ni heroínas; somos trabajadores cualificados que necesitan descanso, estabilidad y apoyo emocional. La vocación no inmuniza contra la depresión. El compromiso no protege frente al agotamiento extremo.
Cuidar la salud mental de los profesionales no es solo una cuestión ética; es una garantía de calidad asistencial. Un sistema agotado toma peores decisiones, comete más errores y se vuelve menos humano. Proteger a quienes están en primera línea es proteger a los pacientes.
La conversación abierta tras esta última tragedia no debería apagarse cuando desaparezcan los crespones negros de las redes sociales. No se trata de reaccionar ante cada caso con consternación puntual, sino de asumir que estamos ante un problema estructural que requiere financiación, planificación y evaluación continuada.
Los profesionales sanitarios —todos y todas— sostienen el sistema incluso en sus peores momentos. Ahora también es el sistema el que debe sostenerlos a ellos y ellas. Porque cuidar a quienes nos cuidan no es un eslogan: es una responsabilidad colectiva impostergable.