El Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la retirada de la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez, eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), según información de EFE. El pleno reunido en Estrasburgo ha aprobado así el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo español, atendiendo la recomendación que el Comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ya había formulado la semana pasada. La presidencia del Parlamento Europeo comunicará formalmente esta decisión al alto tribunal español.
La decisión abre la puerta a que el Tribunal Supremo pueda avanzar en el proceso judicial contra el eurodiputado por el presunto acoso en redes sociales a Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia. Este es el primero de los tres suplicatorios presentados contra Alvise Pérez por distintos asuntos judiciales, y cada uno seguirá sus respectivos trámites ante la Eurocámara.
La causa por acoso a la fiscal Susana Gisbert, desbloqueada
El caso que ha motivado este primer levantamiento de inmunidad tiene como eje central la presunta campaña de acoso que Alvise Pérez habría llevado a cabo en redes sociales contra Susana Gisbert, fiscal especializada en delitos de odio. Con la inmunidad parlamentaria retirada, el Tribunal Supremo queda habilitado para investigar y, en su caso, juzgar al eurodiputado por este asunto, que hasta ahora se encontraba bloqueado precisamente por la protección que otorga el escaño europeo.
Este desbloqueo no es un hecho aislado en la trayectoria judicial de Alvise Pérez. El líder de SALF acumula actualmente cinco causas abiertas en el Tribunal Supremo, lo que convierte su situación judicial en una de las más complejas entre los representantes políticos españoles con mandato activo en una institución europea.
Además de la causa por el presunto acoso a Gisbert, el Supremo investiga al eurodiputado por un presunto delito electoral y de financiación ilegal de su partido, asunto por el que también se ha remitido un segundo suplicatorio a la Eurocámara. En este caso, la investigación se centra en los 100.000 euros que Alvise Pérez habría recibido del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', de cara a las elecciones europeas de 2024. Si la Eurocámara da también luz verde a este segundo suplicatorio, el Supremo quedaría habilitado para investigar igualmente este asunto.
Cinco causas abiertas en el Supremo
Las otras tres causas completan un cuadro judicial de notable envergadura. Una de ellas está relacionada con la difusión de una PCR supuestamente falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Otra, más reciente, investiga el presunto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a las elecciones europeas de 2024 y posteriormente rompieron con el partido.
La quinta y última causa fue abierta el pasado 19 de marzo, a raíz de una querella presentada por José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, por un presunto delito de amenazas contra el líder de Se Acabó La Fiesta.
La decisión adoptada este martes en Estrasburgo marca un punto de inflexión en la situación jurídica de Alvise Pérez. Por primera vez, la protección que le otorgaba su condición de eurodiputado cede ante una petición del sistema judicial español.