España afronta un problema de proporciones crecientes en su tejido laboral: las bajas por problemas de salud mental se han disparado en los últimos años, convirtiéndose en una cuestión estructural que exige atención desde la salud pública, la empresa y las políticas sociales.
Según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), los procesos de incapacidad temporal (IT) por trastornos mentales han subido drásticamente desde 2015. En aquel año se registraron 150.187 casos; para 2024, la cifra alcanza 415.374, lo que supone un incremento del 176 % en menos de una década.
Una tendencia sostenida y preocupante
Lejos de tratarse de un repunte puntual, estos datos reflejan una tendencia sistemática. En 2024 la incidencia media mensual se situó en 2,18 bajas por cada 1.000 trabajadores protegidos, lo que representa un aumento del 9,5 % respecto al año anterior y del 118 % respecto a 2015.
Además, las bajas relacionadas con salud mental se encuentran entre las de mayor duración, lo que agrava su impacto en el bienestar individual, familiar y en la productividad de las empresas y del sistema social.
Factores desencadenantes: más allá de lo individual
Detrás de este incremento hay múltiples factores interrelacionados. Un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social afirma que el 26 % de los trastornos mentales comunes de la población española podrían atribuirse a condiciones laborales adversas: falta de control, exigencias constantes, inseguridad laboral o falta de apoyo.
Además, el 60 % de los trabajadores expuestos a condiciones psicosociales negativas presentan síntomas de sufrimiento psicológico (ansiedad, depresión).
Las mujeres, que conforman el 58 % de las bajas por salud mental según AMAT, se ven desproporcionadamente afectadas debido a su mayor presencia en sectores más expuestos, y por la doble carga (trabajo remunerado + tareas de cuidados).
La pandemia de covid-19 actuó como detonador adicional: la incertidumbre, el teletrabajo en condiciones improvisadas, los trabajadores esenciales y el impacto emocional acumulado sobre los profesionales de la salud y la educación han jugado un papel relevante.
Impacto económico y social: el coste no es solo personal
La repercusión no se queda en lo humano: también es un reto para la productividad, la economía y la sostenibilidad del sistema de salud y protección social. Según AMAT, la incapacidad temporal en España supone ya cerca del 5,4 % del PIB.
Un estudio del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) estimó que las bajas por salud mental durante la pandemia costaron al Estado 59,2 millones de euros entre 2020 y 2022.
Otro informe indica que los planes de salud mental podrían ahorrar 339 millones de euros anuales en bajas por motivos psicosociales.
Desde el punto de vista de salud pública, ello implica que no solo se trata de tratar síntomas o patologías ya establecidas, sino de intervenir en los determinantes sociales y laborales: condiciones de trabajo, organización, conciliación, cultura empresarial.
Salud mental, trabajo y equidad
La salud mental en el entorno laboral también pone encima de la mesa cuestiones de equidad:
•Género: Las mujeres están más expuestas a bajas por salud mental. Sectores con mayor precariedad, más presión y más tareas de cuidados informales hacen que su riesgo sea mayor.
•Edad: Los datos muestran que los grupos de edad entre 36 y 45 años están entre los más afectados, pero cada vez hay más señales de que también los jóvenes sufren una presión crecientemente intensa.
•Territorio y tipo de empleo: Los trabajos expuestos a inestabilidad, turnos, precariedad o alta exigencia emocional (sanidad, educación, servicios sociales) registran niveles más altos de IT por salud mental.
•Determinantes laborales: La precariedad contractual, la temporalidad, la inseguridad, la sobrecarga de trabajo, la falta de autonomía y de apoyo organizacional son identificados como factores de riesgo clave.
Prevención: una asignatura pendiente
A pesar de la magnitud del problema, la prevención en salud mental laboral sigue siendo insuficiente. Solo el 12 % de las empresas dispone de programas de bienestar emocional o protocolos para gestionar riesgos psicosociales, según estimaciones parlamentarias.
Este desfase entre la magnitud del problema y los recursos dedicados recalca que muchas veces la empresa y el sistema sanitario actúan cuando ya existe la incapacidad, cuando lo óptimo sería intervenir antes.
Hacia un cambio de enfoque necesario
Los expertos coinciden: no basta con tratar el malestar individual, hay que transformar los entornos laborales para hacerlos más saludables, sostenibles y humanos. Algunas reflexiones clave:
•Cultura organizacional: Se necesita un enfoque de “salud laboral integral” que incorpore la salud mental como parte esencial del bienestar del trabajador.
•Autonomía y control sobre el trabajo: Elevar el grado de decisión de los trabajadores en su organización del trabajo reduce estrés y mejora salud mental.
•Conciliación y soporte social: Políticas de equilibrio entre trabajo y vida personal, apoyo a familias, recursos para protección de cuidadores son clave.
•Detección temprana y atención accesible: Facilitar el acceso a servicios de salud mental, dentro del entorno laboral, en atención primaria o en la empresa, puede reducir la duración y severidad de las bajas.
•Datos e indicadores: Para actuar bien, hay que medir bien: indicadores de exposición psicosocial, de duración de bajas, de reincorporación, de repetición.
•Responsabilidad compartida: Gobierno, empresas, mutuas, sistema sanitario y sindicatos tienen roles que asumir.
•Coste-beneficio de la prevención: Las inversiones en bienestar emocional y cultura organizacional tienen retorno en reducción de bajas, en mejora de productividad y en salud colectiva.
En definitiva, las bajas laborales por salud mental no son una cuestión aislada: son un síntoma de transformaciones más amplias en el mercado de trabajo, en la organización empresarial, en la salud pública y en la sociedad. España se encuentra ante una “epidemia silenciosa” que exige respuestas estructurales, integradas y urgentes.
Invertir en la salud mental laboral no es solo un acto de justicia social o de bienestar individual: es también una decisión estratégica de salud pública, de productividad y de sostenibilidad económica. Nadie puede permitirse pensar que “no me va a tocar”.