La figura de un jefe del Estado que se nombre por herencia es la primera y más grande de todas las desigualdades.
Es célebre la frase acuñada por el historiador católico británico conocido como Lord Acton en la que atribuye al poder una característica universal, perpetua y, además, acumulativa: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. O dicho de otra manera: toda persona que ejerce el poder acaba siendo corrupta en un grado proporcional al del poder que ostenta. En cierta ocasión, Acton replicó a un obispo que no podía aceptar la presunción de inocencia del Papa o del Rey, pues consideraba que los grandes hombres son casi siempre hombres malos. Esto es, moralmente corruptos.
No seré tan radical como Lord Acton, pero comparto la idea de que el poder termina corrompiendo a quien lo ejerce de una manera o de otra, ya sea por las decisiones que tenga que tomar, cargadas muchas veces de intereses propios o ajenos, cuando no de arbitrariedades que, en todo caso, acaban afectando a aquellos que están bajo su mando. La figura de un monarca no escapa de este destino. La monarquía es una herencia del pasado más remoto que goza de muy buena salud en general. Si bien es cierto que las monarquías del mundo occidental son meramente simbólicas, entre los convencidos monárquicos, la fe en los reyes y reinas está fuertemente anclada con lazos emotivos a su concepción de la política.
Yo discrepo de los monárquicos negando la mayor. Por muy emocionales que sean los lazos que les unen a la monarquía, nada, desde un punto de vista lógico, hace suponer que la confianza que se deposita en los monarcas esté justificada. Al final, tal como se puede comprobar en cualquier libro de historia (o en las hemerotecas), sus vidas están plagadas de negocios turbios e infidelidades conyugales o traiciones mayores. Es decir, son personas normales. Ni más ni menos. Con sus mismas virtudes y sus mismos defectos. Además, desde la óptica de la igualdad de la democracia liberal, la figura de un jefe del Estado que se nombre por herencia es la primera y más grande de todas las desigualdades.
Estoy, por tanto, a favor de una república, en la que su máximo dignatario o presidente fuera elegido periódicamente por la ciudadanía. Pero hablar de república en nuestro país es difícil. Sus detractores no pierden la oportunidad de recordar cómo acabaron las dos anteriores, y sus partidarios no saben reivindicarla sin echar más leña al fuego con lemas guerracivilistas, tal como ocurrió el pasado sábado en Jerez durante la manifestación a favor de la Tercera República. Esto lleva a la conclusión de que, el establecimiento de un régimen republicano, como por ejemplo el francés, solo será posible cuando este país eleve sus niveles de lo que se ha venido en llamar cultura cívica, una cultura de participación pluralista basada en la comunicación y la persuasión, el consenso y la diversidad. Volviendo al ejemplo francés, esa cultura permite la convivencia bajo el régimen republicano a todo tipo de partidos, desde los extremistas del Frente Nacional hasta la Francia Insumisa, pasando por el centro de En Marcha. En caso contrario, sería un régimen excluyente. Y una república debe ser de todos y para todos.
Los procesos de advenimiento de los regímenes republicanos no son fáciles. Suelen ser resultado de convulsiones políticas y sociales de gran calado, en las cuales los regímenes monárquicos anteriores colapsaron, a menudo por causas bélicas. El referéndum celebrado en Italia en 1946 es un buen ejemplo de ello. Terminada la guerra y caído el régimen fascista, se votó y se aprobó convertir a Italia en una república.
Ahora sabemos que en España no se celebró un referéndum similar porque el gobierno de Adolfo Suárez temía perderlo. Tal como decía Lord Acton, el poder corrompe. En este caso, la corrupción consistió en forzar la salida que le convenía, no la que sería legítima por derecho. Al pueblo español se le debe un referéndum sobre la forma del Estado. Más tarde o más temprano habrá que pagárselo.
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