La más que preocupante situación por la que atraviesa la Fundación Teatro Villamarta (en inminente peligro de disolución legal, justo en la temporada que cumplirá su vigésimo aniversario) no es sobrevenida ni desconocida para su promotor, el Ayuntamiento de Jerez. Hace más de 10 años que se dio la voz de alerta sobre un problema estructural que afecta a su financiación y que es fruto de un trato discriminatorio e inexplicable con respecto a los demás servicios municipales, sea cuál sea su índole: en síntesis, el Ayuntamiento no cubre año tras año sus gastos de personal y funcionamiento (luz, agua, seguros, reparación y conservación). No estoy hablando de que la programación sea más o menos costosa o de que se haga más o menos publicidad. La cuestión es muy otra; pues, con el Teatro cerrado, se seguiría generando el mismo déficit.
Mantener por más tiempo esta absurda situación -¿se imaginan aplicar esta misma ratio de financiación a cualquier otro servicio municipal, ya sea administrativo, social o urbanístico; no cubriendo sistemáticamente un 40% del coste de las nóminas del personal y gastos fijos?- equivale a corresponsabilizarse de la firma del acta de defunción de la Fundación: por un imperativo legal, sí; pero también –y peor aún— por la irresponsabilidad y el cortoplacismo miope (urticaria cultural galopante, en ciertos casos) de sus promotores.
No voy a sustentar la gravedad del error que se cometería si se deja caer la Fundación argumentando las bondades intrínsecas de la cultura para los ciudadanos ni el valor que, como instrumento de desarrollo turístico y económico, ha tenido y tiene el Villamarta para Jerez. Soy consciente de que es tal la angustia que deben sentir nuestros nuevos munícipes ante la ruina heredada de las arcas municipales que debo aportar otros argumentos. Doy dos: el primero, que –habida cuenta que la Fundación la forman personas y salvo que, tras una indeseable disolución legal, se opte por despedir a sus trabajadores: algo que, estoy convencido, no contempla en absoluto el equipo de gobierno- el incremento resultante de los costes laborales para el Ayuntamiento equivaldría exactamente a la cantidad que necesita la Fundación para equilibrar su presupuesto: que, curiosamente, es la exigencia normativa para su no disolución.
El segundo es igual de contundente: toda la programación de la Fundación –incluido el Festival de Jerez, la ópera, los musicales, el teatro, los conciertos pop y los demás géneros escénicos— se autofinancia; es decir, se paga con los ingresos de las entradas; pero también (y de manera significativa) con las subvenciones, patrocinios y beneficios fiscales (entre ellos, la compensación del IVA) que le confiere su definición de entidad sin ánimo de lucro. Como también creo que, en el caso de la hipotética disolución de la Fundación, lo que no haría nuestro Ayuntamiento es cerrar el Villamarta; renunciar a su figura legal actual implicaría la imposibilidad de acceder a toda una serie de ayudas y beneficios que, indefectiblemente, llevaría no sólo a un empobrecimiento de su proyecto cultural; sino también a un golpe bajo a la potencialidad turística de Jerez.
Siendo consciente del caos económico de nuestro Ayuntamiento, nada remedia –sino todo lo contrario- no hacer lo necesario para mantener el estatus legal de fundación para el Teatro Villamarta. Hacer lo necesario es cumplir con lo que se viene reclamando desde hace una década, que es equilibrar su presupuesto anual, cubriendo sus gastos de personal.
Sólo sobre esta base y sobre el establecimiento de un contrato programa puede sustentarse un compromiso de futuro que haga viable un proyecto tan necesario para el desarrollo de Jerez como es el de la Fundación Teatro Villamarta.
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