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José Antonio Bustamante. Empresario y ciudadano indignado

Desde los lugares más recónditos de España. Desde todos los rincones. Lentas pero decididas, sin prisas pero sin pausas se dirigían provenientes de todos los puntos cardinales del país seis columnas de ciudadanos hacia Madrid. Seis tsunamis de ciudadanía que se movían de forma totalmente sincronizada para coincidir en tiempo y lugar en el mismo corazón de la capital con el fin de lanzar un grito común. Un clamor por parte de los desahuciados. Un bramido desde la sanidad pública. Un rugido lanzado al viento por los preferentistas. Bomberos, educadores, padres, alumnos, jueces, abogados, fiscales, pequeños empresarios, funcionarios, trabajadores de Coca-Cola, Panrico, autónomos, parados y tantos y tantos ciudadanos que se unieron en un alarido hermanado: Tenemos dignidad.

Según los organizadores fueron dos millones de personas las que se congregaron para mostrar su rechazo a tantas humillaciones en forma de recortes de derechos. Dos millones de ciudadanos que siguen sin entender que cuando ellos no tienen para pagar les quiten sus casas, pero cuando son los mismos bancos que les quitan sus casas los que no tienen para pagar, son los ciudadanos los que tienen que poner dinero de sus bolsillos para rescatarlos. Dos millones de indignados que demandan y exigen que los políticos y banqueros que hayan causado este enorme agujero gracias a una corrupción enquistada hasta lo más profundo, paguen por ello. Dos millones de almas, en torno a un manifiesto, que no están dispuestas por más tiempo a que la llamada troika siga gobernando sus vidas y decidan por ellos.

Cuando los ciudadanos se proponen organizarse, ha quedado demostrado que no hay nadie capaz de parar la fuerza que generan. No necesitamos gurús ni cabecillas que se quieran erigir en portavoces o iluminados. Lamentablemente, como casi siempre, fueron los políticos los que no supieron estar a la altura.

Por un lado, la llamada Izquierda Plural, ese entramado formado por IU y sus numerosas marcas blancas y apoyados por sus sindicatos, trataron de sacar tajada política del movimiento civil. Como ya hicieron con el 15-M, intentaron apropiarse de la megamanifestación y aprovechar el hartazgo general de la gente para conseguir sus objetivos.

Por otro lado, la eterna torpeza del PP. Tratar de minimizar el éxito puede parecer hasta obligado, pero de ahí a cifrar los manifestantes en 36.000 va un enorme trecho. González, el presidente de la Comunidad de Madrid e hijo de un conocido y reconocido franquista, manifestó varios días antes que las Marchas de la Dignidad compartían ideas con los neonazis griegos. Su portavoz, Salvador Victoria, no se quiso quedar atrás, aunque los cambió de bando, al afirmar que eran columnas de extrema izquierda. Y para finalizar tenemos a la Policía. Evidentemente no podían permitir que una manifestación de esta magnitud se acabara sin imágenes de violencia y detenciones. Todavía nadie sabe por qué se produjo esa primera carga poco antes de las 21:00 horas. En cualquier caso, y aunque todo tipo de violencia sea siempre condenable, 24 detenidos en una jornada durante la cual Madrid se colapsó como nunca, creo que es una cifra que ni la propia policía podía esperar. En su afán por querer criminalizar a los detenidos nos mostraron un arma que consistía en un punzón escondido dentro de una muleta y un tirachinas con bolas metálicas. Lástima que no recordaran que ambas armas ya la habían mostrado públicamente en ocasiones anteriores. "Buscaban asesinar a un policía", afirmó Antonio Labrado, Portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP). Torpeza extrema.

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