En medio de la conmemoración del 56 aniversario de los disturbios de Stonewall y en el día en que se cumple el veinte aniversario de la Ley 13/2005, en virtud de la cual se reconoció el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en España y derechos de filiación y adopción, hay que poner de presente la relevancia de estos hitos históricos y el protagonismo de las lesbianas en la construcción de los derechos de las personas basados en la orientación sexual.
Stonewall: una chispa encendida por una lesbiana
Una lesbiana fue la principal protagonista de los disturbios de Stonewall del 28 de junio de 1969, cuyo liderazgo ha sido sistemáticamente invisibilizado. Stormé DeLarverie, lesbiana afroamericana, fue identificada por testigos presenciales como la mujer que encendió la mecha de la rebelión al resistirse físicamente al abuso policial en el bar Stonewall, tal y como reconoce Fred Sargeant, líder gay que encabezó la primera celebración del orgullo en Nueva York, en 1970.
Según el testimonio de Sargeant y otros testigos oculares, fue DeLarverie quien, al ser golpeada por un oficial de policía, gritó a la multitud: "¿por qué no hacéis algo?". Este momento transformó una redada policial rutinaria en una rebelión histórica, que se sublevaba contra el abuso policial y la marginación social que sufrían las lesbianas y gays de la época. Su resistencia no fue accidental: como mujer lesbiana, afroamericana y pobre, Stormé enfrentaba múltiples causas de opresión que la colocaban en la primera línea de la vulnerabilidad social.
La determinación de mujeres como DeLarverie en primera línea resultó clave para la revuelta que dio origen al movimiento de liberación de lesbianas y gays pues, según el testimonio de Sargeant en su entrevista para Diario El Común, “No hubo líderes trans en el movimiento de liberación gay y lésbico”. Las personas con disforia de género (transexuales) se sumaron después, dando lugar a lo que actualmente conocemos como LGBT. Si bien, debemos señalar que, en sus orígenes, este acrónimo no empezaba por la L de lesbiana, sino por G de gay, al ser los hombres quienes tomaron el liderazgo del movimiento por la liberación de las personas homosexuales, marginando a las lesbianas. De hecho, en esta misma entrevista Sargeant manifestaba su contrariedad por el olvido de las lesbianas que lideraron el movimiento de liberación homosexual.
El cuidado como resistencia: lesbianas durante la crisis del VIH/SIDA
Durante la epidemia del VIH/SIDA de los años 80 y 90, mientras la sociedad abandonaba y estigmatizaba a los hombres gays enfermos, muchas lesbianas se quedaron y se hicieron cargo de la situación. Ésta no fue una decisión individual, sino una respuesta colectiva organizada que demostró la especificidad de su posición como mujeres con liderazgo y sentido del compromiso hacia con sus compañeros homosexuales.
Las lesbianas se organizaron para crear redes de cuidado y apoyo, como el Blood Sisters (hermanas de sangre, en inglés), a través del cual donaban sangre a los hombres gays, pues no fueron excluidas de las restricciones sanitarias; ofrecieron acompañamiento y se hicieron cargo emocional y físicamente de sus compañeros los moribundos. Lo hicieron por convicción política y sentido de comunidad, sin reconocimiento institucional ni mediático ni recursos públicos.
Encabezar el acrónimo "LGBT" con la letra L de lesbiana no es sólo una convención alfabética, es una declaración simbólica y de justicia histórica que reconoce el liderazgo, el compromiso político y social de las lesbianas que, pese a que enfrentaron discriminaciones múltiples, lideraron la lucha por el reconocimiento de la orientación sexual como categoría jurídica protegida, y cuidaron y acompañaron a los gays a los que sus familias y el Estado abandonaron por razón del SIDA/VIH.
La huella lésbica en el Derecho antidiscriminatorio
Las juristas, académicas y activistas lesbianas han conceptualizado y liderado batallas legales fundamentales en el desarrollo del derecho antidiscriminatorio moderno, tanto en el ámbito de la jurisprudencia, como en el impulso de la normativa nacional e internacional, que protegen la autonomía reproductiva y los derechos familiares no tradicionales. Los precedentes establecidos en casos de custodia, adopción y reproducción asistida por parte de lesbianas expandieron los conceptos jurídicos de familia, de las que también se beneficiaron los gays.
Su activismo académico y jurídico demostró que la orientación sexual no afecta la capacidad para maternar, estableciendo estándares que hoy protegen a todas las madres y padres homosexuales. Desde el caso Bottoms v. Bottoms en Virginia (1995), donde una madre lesbiana luchó por la custodia de su hijo, hasta los casos pioneros de reconocimiento de parejas del mismo sexo en Europa y América, las lesbianas han estado en el centro de la evolución jurídica y social.
El caso más paradigmático por los derechos de las mujeres lesbianas es el de la organización feminista escocesa, For Women Scotland, de la que muchas de sus integrantes y simpatizantes son lesbianas, entre ellas, Magdalen Berns, una de sus cofundadoras, célebre activista feminista lesbiana por los derechos de las mujeres basados en el sexo, la protección legal de las lesbianas y una de las principales voces críticas contra la ideología de la identidad de género, que niega la relevancia de la biología en la determinación del sexo de las personas.
For Women Scotland (FWS) es la organización feminista que llevó al Tribunal Supremo del Reino Unido la lucha por defender la definición de "mujer" basada en el sexo biológico, cuya protección se hizo efectiva en la sentencia de 16 de abril de 2025, donde el máximo tribunal de justicia británico vinculó la definición legal de mujer con la biología. Entre los efectos más importantes de la sentencia se halla la protección de los derechos de las mujeres basados en el sexo, así como la orientación sexual y los derechos y espacios materiales y simbólicos de las mujeres, tanto heterosexuales como lesbianas.
Aun así, pese a las grandes aportaciones que han hecho a la causa las lesbianas académicas, juristas, políticas y activistas, muchas se sienten invisibilizadas, marginadas y hasta acosadas dentro del movimiento que ayudaron a construir; tanto así que algunas han comenzado a cuestionar la permanencia de la L en el acrónimo LGBT, como sucede con el movimiento de feministas lesbianas de Liberación de la Mujer, “Get The L Out”, que reivindica sacar la L del acrónimo LGBT. En este sentido, son numerosas las organizaciones de lesbianas, gays y bisexuales (LGB) que se han separado de la TQ+ y han instituido organizaciones progresistas que se oponen a las leyes trans, por vulnerar los derechos de las mujeres, menores y homosexuales, como LGB Alliance y Red LGB, entre las específicas de lesbianas y gays. En España, también destaca la organización feminista Alianza contra el Borrado de las Mujeres, liderada por Ángeles Álvarez, la primera política en reconocer su lesbianismo y una de las primeras en casarse.
Las leyes de identidad de género que borran a las lesbianas y sus derechos
Las leyes de identidad de género que permiten a los nacidos varones ejercer la autodeterminación de género para cambiar el sexo registral a discreción, sin requisitos médicos ni legales, para adquirir la condición de mujer a todos los efectos legales, está teniendo efectos perjudiciales para las mujeres y, muy específicamente, para las lesbianas, porque si cualquier hombre se puede autoidentificar como mujer por su mera voluntad, se desdibuja la base material (el sexo biológico) sobre la cual se construyen los derechos de las mujeres y las políticas públicas dirigidas a combatir las causas de discriminación, opresión y violencia que sufrimos por ser mujeres; así como nuestro movimiento emancipatorio: el feminismo.
Esta misma situación se da en el caso de las mujeres homosexuales, pues si cualquier hombre puede identificarse como mujer, entonces el concepto de lesbianismo (que significa la atracción sexual y afectiva entre mujeres) se vuelve equívoco y se desprotege a las lesbianas frente a cualquier forma de coacción que pretenda imponerles preferencias sexuales, diluyendo la lucha histórica por sus derechos. Esta preocupación, que plantearon hace muchos años feministas lesbianas como Sheila Jeffreys, Mary Daly, Adrienne Rich, entre otras, no es sólo una cuestión política, también tiene implicaciones jurídicas profundas y muy concretas en el marco de los derechos y libertades de las lesbianas.
Obligar a las lesbianas a aceptar como parejas a personas nacidas varones, o forzarlas a tener que compartir sus espacios reservados, lesiona sus derechos a la intimidad, integridad moral, a la autonomía sexual, es decir, a elegir pareja según su orientación sexual y sexo; así como también el derecho a organizarse y asociarse según sus preferencias. El fenómeno conocido como "techo de algodón", término que describe la presión social y política ejercida sobre lesbianas para que incluyan a las personas transautoidentificadas como parejas sexuales potenciales, representa una forma contemporánea de coacción sexual que vulnera las normas más básicas de consentimiento, autonomía sexual, libertad sexual y libertad de expresión que se vulneran al grito de “transfobia”.
Y, lo que es más grave, debido a la influencia del transgenerismo queer que, al amparo de las leyes de identidad de género (leyes trans), adoctrina en el dogma de los cuerpos equivocados, se le hace creer a las niñas y adolescentes que rechazan los roles y estereotipos de género atribuidos a la feminidad que podrían ser ‘chicos trans’. Todas estas situaciones constituyen una flagrante violación de los derechos de las lesbianas a ejercer su orientación y autonomía sexual reconocidas por las leyes y la jurisprudencia como parte del núcleo duro de la identidad personal, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, lo que supone una interferencia inaceptable en su vida privada.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que el Estado tiene la obligación positiva de proteger a las personas contra la presión social o institucional que busque alterar la orientación sexual y las preferencias de las mujeres y hombres homosexuales. De ahí que la ley trans esté afectada de inconstitucionalidad, pues socava los derechos de las lesbianas, desmantela la categoría ‘orientación sexual’ derivada de la categoría jurídica ‘sexo’ y las desprotege frente a las terapias afirmativas que promueve la ley de identidad de género, conocida como ley trans. Y, por esta misma razón, está afectada de inconstitucionalidad e ilegalidad la recién admitida a trámite propuesta de ley que criminaliza las terapias exploratorias que indagan las causas del malestar con el cuerpo, y blinda las terapias afirmativas que encaminan a los menores vulnerables a hormonas y cirugías, sancionándolas como delito, al considerarlas injustamente “terapias de conversión”.
La "L" no es sólo una letra, es la cristalización jurídica y política de décadas de lucha por el reconocimiento de que las mujeres homosexuales tienen derechos específicos que merecen una protección específica que ya es innegociable. Sólo puede considerarse como tal el Orgullo que reconozca la dignidad y la plenitud de los derechos de las mujeres lesbianas.