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A menos de un mes para el inicio del curso escolar aún se encuentra en el aire la norma legal que va a regir la vida académica en las aulas.

A menos de un mes para el inicio del curso escolar aún se encuentra en el aire la norma legal que va a regir la vida académica en las aulas. La controvertida Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce), también conocida como ley Wert, comenzó a aplicarse durante el curso anterior en los cursos impares de la Educación Primaria y en la Formación Profesional Básica, siguiendo un calendario que la propia ley establece. Para este curso está prevista su generalización en Primaria y FPB, así como su implantación en primero y tercero de la ESO, primero de Bachillerato y en FP de Grado Medio.

El cambio político producido tras las elecciones autonómicas, ha provocado una suerte de rebelión contra la ley en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación presidida por el nuevo ministro del ramo, Íñigo Méndez de Vigo, ahora con una mayoría de Comunidades Autónomas no controladas por el Partido Popular. Esta rebelión se ha traducido en la petición de un aplazamiento del calendario de implantación antes referido. Dado que la ley había nacido sin el mínimo consenso requerido en su momento, es de esperar que, en un parlamento sin una mayoría absoluta del PP, la ley sea derogada o modificada, por lo que es lógico que se pida ahora su no implantación. Para ello será necesaria seguramente la participación y acuerdo de varios grupos políticos.

Y razón no le falta a la oposición en pretender parar la Lomce. Es una ley extemporánea, anclada en los valores de la sociedad industrial, individualista y competitiva, y por lo que supone de retroceso en materia de secularización de la educación. Prima en ella el economicismo olvidándose de la importancia de la formación integral como personas del alumno y de la alumna. Pone el foco en el esfuerzo pero no habla del cambio metodológico necesario para adaptar la educación a la realidad del siglo XXI. Busca la excelencia, pero introduciendo mecanismos que favorecen a la educación privada en detrimento de la pública, o consintiendo la segregación por sexos en las aulas. Es decir, un modelo de excelencia basado en la discriminación. Según el economista Thomas Piquetty, los sistemas educativos europeos son una pieza fundamental de nuestro modelo social, más justo que el de economías como la estadounidense, más desreguladas. Así, nuestro sistema educativo destaca precisamente por la equidad, es decir, el éxito escolar no depende de la clase social del alumnado. Ello no quita que se deba trabajar para mejorar la excelencia del sistema educativo, pero la mejora tiene que ser para todos, no para unos pocos solamente.

Pero no es posible apretar el botón y volver al estado de cosas de 2011. La Lomce ha implantado nuevas enseñanzas y ha empezado a desarrollarse en la Primaria. El regreso al pasado (o al futuro, según se mire, si se considera esta ley como de un tiempo anterior) no es posible. Es por ello que cualquier nueva mayoría que pudiera surgir de las próximas elecciones generales debe buscar un pacto educativo a toda costa, como ya lo intentara el ministro Ángel Gabilondo en la anterior legislatura. Ese pacto debe acabar con la inestabilidad legislativa en materia de educación, para que los cambios de gobierno no se vean acompañados de cambios de la ley educativa. Debe incluir, además, un incremento de la inversión de forma que se puedan afrontar los cambios necesarios y que hasta ahora ninguna ley ha propuesto firmemente. Me refiero al cambio metodológico. Buena parte del sistema educativo vive anclado en el pasado, en las inercias de la era industrial, sin tener en cuenta los cambios y los retos que la nueva sociedad del conocimiento plantea, por lo que el cambio urge. Pero recuérdese que no hay pacto sin servidumbre. Todos deberán ceder en algo para que todos ganen. Por el bien de la educación.



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