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Lo más chocante es que la mayoría de los partidos acepten sin rechistar esa desigualdad por cálculos electorales o por no querer perder algunos sillones en el Gobierno Vasco.

La Comisión Europea, en un reciente informe sobre empleo en la UE, coloca a España entre los países con mayor grado de desigualdad de Europa, junto a Bulgaria Grecia y Lituania. Según ese estudio, el 20 por ciento de los que más ganan en España superan seis veces y media los ingresos del 20 por ciento de los que menos cobran. Desde la crisis económica esa asimetría económica ha crecido vertiginosamente en nuestro país. La falta de paridad es una constante que se va abriendo paso y, a veces, hasta se fomenta desde el Gobierno e, incluso, recibe el apoyo mayoritario de los partidos de la oposición. Prueba de ello es lo que sucedió en el Congreso de los Diputados con la aprobación del cupo vasco.

El cupo o concierto vasco, como tal, nunca estuvo recogido expresamente en nuestra Constitución, aunque sí implícitamente. Se implantó de rondón, como si fuera en un contrato, en este caso social como diría Rousseau, por la letra pequeña. Me refiero a que se ha incorporado a nuestra legislación por el desarrollo de la disposición adicional primera que recoge que nuestra ley de leyes ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Derechos históricos que se remontan a las guerras carlistas y que sólo pervivieron durante el franquismo en Álava, dentro de Euskadi, por su apoyo al golpe militar, y en Navarra, por el mismo motivo.

Lo curioso es que estas concesiones de la Constitución del 78 se realizaron en un momento muy delicado para el país, precisamente cuando el separatismo vasco estaba alzado en armas y el terrorismo de ETA atenazaba la libertad y la voluntad de mucha gente. El principal motivo para transigir con el concierto fue aplacar las veleidades guerreras y separatistas de los nacionalistas más furibundos. Aún así, la Carta Magna española no fue respaldada por la mayoría del pueblo vasco. Euskadi fue el único territorio español donde no se alcanzó un consenso amplio. Conforme el recuento oficial, en el País Vasco sólo votaron a favor del nuevo orden jurídico 479.000 personas, lo que representaba un poco más del 30 por ciento del censo.

Muchos de los gobiernos españoles se han apoyado en las minorías periféricas y tanto nacionalistas catalanes como vascos han sacado buen provecho de ello, extendiendo y ampliando sus privilegios. Prebendas que en las sociedades modernas huelen a rancio, a naftalina y a reminiscencia de tiempos pasados y apolillan las políticas de igualdad social del Estado, provocando agravios, inestabilidad y disensos. No es comprensible que, como calculan reputados economistas independientes, Euskadi, una de las sociedades más ricas de España, no sólo no aporte nada a la solidaridad de las regiones más pobres, sino que reciba de ellas indirectamente sus contribuciones, al soportar éstas en mayor proporción los gastos generales de los servicios del Estado.

Ejemplo de la desigualdad de prestaciones es el desembolso por alumno en educación en Euskadi, que asciende a 8.976 euros, más del doble de lo que gasta Andalucía. Los vascos presumen de buena puntuación en el informe Pisa, cuando no pueden ser comparables las cifras entre comunidades por el abismo en inversión en capital formativo. Esta diferenciación educativa, por razón económica, contribuye a que se genere una desigualdad en origen, dependiendo de que un niño estudie en Andalucía o Euskadi y, además, paraliza la progresión social de las personas que habitan las regiones más pobres del Estado, en atención a sus estudios efectuados con medios más precarios. Con ello, se fomenta que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres, pero lo más grave es que casi nadie hace nada para cambiar ese status quo, que parece irreversible y con el que nos conformamos a regañadientes.

Lo más chocante es que la mayoría de los partidos acepten sin rechistar esa desigualdad por cálculos electorales o por no querer perder algunos sillones en el Gobierno Vasco. Además, todo este régimen económico, tal como se materializa insolidariamente, sería inconstitucional pues contravendría el artículo 138.2 de nuestra ley suprema que declara que: “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.

Pero el mayor agravio, con tintes escandalosos, que fomentará un incremento mayor de la riqueza en Euskadi, en detrimento de las regiones colindantes, es que gracias al cupo recientemente concedido se va a rebajar el impuesto de sociedades en esa región del 28 al 24 por ciento para las grandes empresas y al 20 por ciento para las pequeñas y medianas. Ello provocará una competencia desleal entre comunidades y fomentará la deslocalización de compañías mercantiles hacia Euskadi. Esto no es de recibo. Tal vez, si en alguna región se deberían bajar los impuestos para que se implanten empresas sería en las regiones menos desarrolladas y con mayor nivel de paro, al objeto de paliar el desempleo y fomentar la igualdad, la solidaridad y el reparto de riqueza. Hay mucho miedo a perder votos en Euskadi y en que se altere la paz tras tantos años de muerte y sufrimiento.  ¿Nos tendremos que aguantar y tragar un sapo más o algún valiente se atreverá a poner el cascabel al gato?

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