La Policía Nacional ha impedido en el puerto de Tarifa que una mujer abandonara España con destino a Tánger junto a sus tres hijos menores de edad, después de comprobar que sobre los niños pesaban distintos señalamientos de protección internacional. La intervención se produjo en el marco de los controles establecidos para la salida del espacio Schengen, orientados a verificar la documentación y la situación legal de los viajeros que cruzan la frontera hacia países no comunitarios.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de diciembre, cuando los agentes detectaron a la mujer y a los menores durante los controles previos al embarque. Tras las comprobaciones documentales, se constató que existían alertas activas emitidas por las autoridades francesas a través del sistema Sirene, un mecanismo de cooperación policial europeo. Dichos avisos advertían de la necesidad de adoptar medidas de protección sobre los menores debido a su situación legal y personal.
Según la información trasladada por Francia, la madre no ostentaba la custodia de los niños y era plenamente consciente de las actuaciones judiciales abiertas en ese país. Pese a ello, habría trasladado a los menores fuera de su entorno habitual el pasado 21 de noviembre con el objetivo de sustraerlos de la acción de la justicia europea y sacarlos del ámbito comunitario, llevándolos a un país extracomunitario.
Posibles agresiones
Los menores habían sido previamente retirados del cuidado de la progenitora por las autoridades francesas tras la detección de presuntas agresiones. Como consecuencia de estas circunstancias, habían quedado bajo la tutela de los servicios sociales en Francia, que mantenían activas las medidas de protección y seguimiento sobre su situación.
La actuación desarrollada en el puerto de Tarifa ha puesto de relieve la función de los controles fronterizos en la detección de casos sensibles vinculados a la protección de menores. Asimismo, ha evidenciado la operatividad de los canales de cooperación policial internacional, especialmente aquellos destinados a la prevención de delitos de carácter transnacional y a la salvaguarda de personas en situación de vulnerabilidad.
Tras la intervención policial, los tres menores fueron separados de la madre y puestos a disposición de los servicios sociales en España para garantizar su protección inmediata. Todo el procedimiento se llevó a cabo con conocimiento y autorización de la Fiscalía de Protección de Menores, que mantiene abiertas las diligencias necesarias para determinar la situación definitiva de los niños y coordinar las actuaciones futuras conforme a la normativa vigente.