Memoria histórica versus 'leyes de concordia'

El presidente Sánchez busca tomar 'aire' político y anuncia que va a llevar a instancias internacionales las leyes autonómicas que están aprobando los gobiernos del PP y Vox por atentar contra la Memoria Histórica

Memoria histórica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el laboratorio forense en el Valle de Cuelgamuros.
Memoria histórica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el laboratorio forense en el Valle de Cuelgamuros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recién bajado, como el que dice, del avión que le ha llevado de gira exprés por Oriente Medio ha ido a Cuelgamuros (Valle de los Caídos) para anunciar que quiere llevar directamente a instancias internacionales las 'leyes de concordia' que seis de las autonomías gobernadas por el PP con el apoyo de Vox tienen en distinto grado de tramitación. El presidente estima que el planteamiento de las leyes de concordia –se ha generalizado el uso de ese término partiendo del nombre que se ha dado a la valenciana– choca frontalmente con la última Ley Estatal de Memoria Histórica y, claro está, con las anteriores normas autonómicas que provienen de gobiernos socialistas.

La dignificación de las víctimas de la represión franquista está en el centro de las leyes de Memoria Histórica, algo indiscutible y que, efectivamente, se relativiza en las nuevas leyes autonómicas, ya que aparecen otros sujetos y otras épocas que es evidente que dispersan el foco de atención y cómo atenderlo, sobre todo por lo que se refiere a la II República y las víctimas del terrorismo. Respecto al segundo caso, el del terrorismo, es evidente que podrían tener su propia ley y consideración aparte, distinta, qué problema habría.

La cuestión realmente gravita sobre la II República, que el Gobierno y sus socios consideran intocable en todos los sentidos, mientras que estas leyes, de alguna manera, pretenden abrir una rendija cuestionando algunas de sus actuaciones, en la medida en que quieren hablar de víctimas de dicho régimen.

La legalidad, la legitimidad y el carácter democrático de la II República es absolutamente incuestionable y hace bien el Gobierno en su defensa. Ahora bien, eso no quita para que ciertamente, en su nombre, en nombre de la República, se produjeran abusos por parte del Estado en una época extraordinariamente convulsa. Por supuesto que se puede y se debe hablar de ello, otra cosa sería tratar de establecer una equiparación legal con la calculada y medida represión franquista, algo que no tendría sentido.

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