El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una videconferencia con Pablo Casado el pasado 20 de abril. FOTO: MONCLOA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una videconferencia con Pablo Casado el pasado 20 de abril. FOTO: MONCLOA

La libertad de expresión no se protege por casualidad en la Constitución. Sobre ella se sustentan muchas de las demás libertades. Sin ella, no hay libertad política, ni de empresa, ni libertad de cátedra educativa… Es lo que nos diferencia en gran parte de modelos de sociedad nada respetables que hemos vivido en la historia de la humanidad, desde el medievo hasta los totalitarismos del siglo XX.

La nueva batalla de los bulos pone en jaque esta libertad, porque un pueblo que opina en base a argumentos falsos es un pueblo esclavo de los intereses de los que son capaces de decir las mentiras más grandes y que tengan un mayor atractivo, mayor capacidad de reproducirse, y es la peor expresión de la forma sobre el fondo. Las redes sociales son un campo de batalla por el poder que ha desplazado a los medios de comunicación tradicionales. Y ahí se juega su futuro electoral la clase política, la lucha por el poder. Pasó con Trump, pasó con el Brexit, y esas armas son cada vez más complejas y teledirigidas.

¿Pueden otros derechos fundamentales conculcar la libertad de expresión, como serían esos bulos? Pues pasa con cada derecho, que se conculca en base a otros. Es regla general. La salud pública, por ejemplo, justifica que se impida a un negocio mandar mensajes fraudulentos. Y eso está bien. Hay que acabar, por ejemplo, con quienes se quieren lucran de las desesperaciones de una familia con un enfermo terminal. Así ocurre ya, y no se puede reprochar.

El Gobierno no puede ganar la batalla de los bulos silenciando a nadie, ni restando un milímetro a la libertad de expresión

Dicho esto, ¿dónde está la línea? Si un político dice una mentira, ¿se puede ejercer acción civil o penal, o poner en marcha sanciones administrativas? Evidentemente, si un político llama a consumir a sabiendas productos dañinos para la salud, eso no es libertad de expresión. Quizás en mitad de la tormenta no sea lo más indicado disparar contra el capitán del barco, pero bajo ningún concepto se puede justificar en la lucha contra los bulos un beneficio político o partidista. El escenario es terrible, porque nos acerca a modelos de sociedad oscuros. Es posible que este Gobierno no sea antidemocrático, pero no estaría de más salir a decir abiertamente que Vox o el PP tienen el derecho a decir lo que quieran opinar.

La batalla contra los bulos necesita de inteligencia, y de ir a por hechos concretos, pero nunca para restarle ni un solo milímetro al terreno de la libertad de expresión en su fundamento. Los políticos de todos los colores tienen el derecho a decir lo que quieran, aunque no tengan razón. Si hay algún ente partidista, o sus satélites en forma de pseudomedios, haciendo fango, habrá que arrojar luz sobre ellos, pero el Gobierno no puede ganar esa batalla silenciando a nadie. Porque si no, cuando el color político cambie en el ejercicio del poder, no tendrá argumentos para denunciar mordazas, las que ya conocemos y que tanto criticaron en el pasado reciente los dos partidos en el poder.

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