En política hay un viejo dicho que dice que no se puede sorber y soplar a la vez. Eso es lo que parece que pretende hacer el gobierno municipal de Jerez, quinta ciudad andaluza en población y una de las que —nos atrevemos a decir porque es vox pópuli— cuenta con peor movilidad de España, que ha llegado a un acuerdo con la empresa que opera los aparcamientos de Mamelón y Alameda Vieja para que los padres de los alumnos de dos centros educativos del centro tengan facilidad para aparcar gratuitamente a la hora de dejar o recoger a sus hijos.
El loable anuncio olvida que desde el Ayuntamiento precisamente se tiene que empezar a trabajar –más pronto que tarde– en la creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a la que está obligado al ser Consistorio de un municipio de más de 50.000 habitantes, conforme a lo dispuesto por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a partir de la Agenda 2030 de la ONU.
El Ministerio del ramo ha establecido el 30 de junio de 2024 como la fecha tope antes de la cual todas las ciudades que superen dicha población tienen que tener fijada su ZBE.
El acuerdo del gobierno municipal con dicha empresa, Telpark, se refiere propiamente al lanzamiento de una serie de bonos que permiten, en aras de favorecer al comercio del centro, aparcar a residentes y foráneos en pleno centro de Jerez por 1,5 euros durante 12 horas, cualquier día y horario. Fruto de ese acuerdo, se van a repartir también 4.000 vales entre los padres y madres de los alumnos del Beaterio (junto a la Catedral) y del Miguel de Cervantes (junto a la plaza del Arenal) para que tengan media hora gratuita al dejar o recoger a los niños.
Mientras que en otras ciudades se habla de caminos seguros hacia la escuela o fomento de los vehículos no motorizados para los desplazamientos rutinarios, la medida pretende evitar las desagradables imágenes de entrada y salida de estos centros (como sucede en la mayoría de la ciudad), pero sin estimular que se deje el coche aparcado en casa.
Nada más lejos que ir contra los padres del alumnado de estos dos centros o los beneficiarios de los abonos, pero donde se aparca, se accede en coche y, en consecuencia, se emite. Es cierto que por ahora el Ayuntamiento no ha delimitado cuál va a ser la zona concreta de Jerez que pase a ser ZBE, más allá de un ambiguo “va a ser en Intramuros” lanzado además por el anterior gobierno socialista.
Tampoco ha trascendido qué medidas se van a implementar en dicha ZBE en cuanto a acceso de vehículos, ya que la ley tampoco es concreta al respecto. Se habla, sí, de fomentar corredores verdes, carriles-bici, más transporte público y restricciones al acceso rodado al centro de las ciudades, pero deja plena libertad a los ayuntamientos para que concreten cuáles van a ser sus zonas ZBE y sus medidas adicionales.
Independientemente de cuál vaya a ser la ZBE de Jerez y qué medidas la van a acompañar, es un hecho tangible que, con decisiones como las que dimanan del acuerdo con Telpark, para el gobierno municipal el asunto de la reducción de emisiones en el centro por ahora es más un trámite legal –que en algún momento habrá que cumplir– que otra cosa, ya que convenios como el firmado para favorecer el acceso y el aparcamiento en el centro no van en absoluto en la línea de las disposiciones y recomendaciones de la ley o de la propia Agenda 2030, al contrario.