El Ejecutivo que preside Juanma Moreno suele hacer gala de su eficiencia en la gestión. Sin embargo, es un hecho reconocido, incluso por el propio presidente, que la gestión que se ha hecho –que se está haciendo– del Bono Alquiler Joven no está siendo modelo, en absoluto. Desde el PSOE han recordado recientemente sus propias palabras sobre este asunto, las de "vamos tarde y mal", que huelga decir que son concluyentes.
Los propios datos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda reconocen que solo se ha tramitado el 36% de las solicitudes recibidas, y eso después de que se creara una especie de dotación especial por la que unos 60 funcionarios más comenzaran a atender la resolución de los expedientes recibidos porque se ha empezado muy tarde y se está echando encima el plazo.
Las críticas de los interesados han ido creciendo en las últimas semanas hasta el punto de que el lunes están convocadas a través de distintas plataformas movilizaciones en las ocho capitales de provincia. Los retrasos –hay que tener en cuenta que en algunas comunidades autónomas, estos expedientes no solo se han resuelto, sino que los jóvenes que se han visto favorecidos ya han comenzado a cobrar– no son solo el único tema de crítica. Hay que tener en cuenta que hace unos días Rocío Díaz, titular de la Consejería, explicó también que finalmente no habrá 14.000 beneficiarios en Andalucía, tal y como se previó desde un inicio, sino que el dato final rondará los 11.000 beneficiarios. Por último, los jóvenes critican que la Junta no haya 'acercado' algo de dinero más a los 68 millones de euros que le corresponden a Andalucía del dinero que el Gobierno central ha destinado a dicho plan. Todo esto ha hecho que la consejera Díaz esté en el punto de mira e incluso se haya solicitado su dimisión desde distintos ámbitos.
Por último, harán bien en seguir organizados los beneficiarios de las ayudas una vez que empiecen a percibirlas. En otras comunidades, los beneficiarios de esta ayuda o de otras similares para el alquiler han visto como se producen subidas en la renta incluso sobre el precio previamente acordado, esgrimiendo como razón un simple hecho: los 250 euros de 'partida' (en este caso) de que disponen para pagar el alquiler, abusos que son intolerables y deben tener una respuesta social.
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