EDITORIAL. La 'lideresa' jerezana es hoy la viga en el ojo de su partido, implacable a la hora de señalar la paja en el ajeno.
Hace escasos días que un juez del Tribunal Supremo anunció la apertura de una causa contra la senadora aforada y ex alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, por presuntos delitos continuado de prevaricación administrativa y falsedad en documento público en relación con determinados contratos administrativos realizados con la Gürtel para Fitur 2004. El caso se remonta a su primera etapa como alcaldesa, cuando siendo presidenta del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, adjudicó y ordenó los pagos de diversas actividades para Fitur con empresas vinculadas a Francisco Correa, cabeza visible del entramado corrupto. Lo distintos informes de la UDEF, peritos de Hacienda y el demoledor auto del Juez de la Mata, pusieron de manifiesto que, mucho después de la celebración de los distintos eventos, se amañaron los contratos firmados por la alcaldesa dándole apariencia de legalidad. Desde entonces, el PP ha utilizados dos argumentos: negar la imputación (tampoco habla de preimputación como cuando Chaves y Griñán con los ERE de Andalucía) y asegurar la firme voluntad de Pelayo por aclararlo todo en sede judicial, algo que podría hacer cuanto antes si renunciase ya a la condición de aforada que se niega a perder.
En los últimos días, eldiario.es ha dado a conocer testimonios demoledores de Correa con los que pretendía rebajar la posible pena. En ellos se cita el vínculo entre la ex regidora jerezana y uno de los “conseguidores” de contratos para la trama, Isidro Cuberos, ex jefe de prensa de Javier Arenas. Según Francisco Correa, “tenían buena relación (al parecer), y nos adjudicó un evento de Caballos”. Esa “relación” de Pelayo ha situado a Jerez en el itinerario de la Gürtel junto a otros ayuntamientos españoles que, presuntamente, pagaron “mordidas” a los corruptos en forma de comisiones. En el caso de los contratos de Jerez, los documentos investigados por la Audiencia Nacional revelan que Isidro Cuberos cobró unos 53.000 euros por su presunta intermediación con el ala PP del entonces gobierno municipal compartido con el antiguo PSA de Pacheco.
La exalcaldesa, ausente prácticamente de la escena pública desde la preimputación del Supremo, incluyendo el último pleno (donde entre otros asuntos se aprobó la vuelta de los despedidos con sentencias improcedente del ERE municipal a sus puestos) ha reaparecido ahora reforzada por el secretario provincial de los populares, Antonio Saldaña, quien hace escasos días afirmó, con contundencia, que Pelayo “irá en las listas de las generales sin ninguna duda" y la que sigue considerando públicamente como "la alcaldesa a la que votaron los jerezanos". Alentada y jaleada por su delfín, la vimos desplazar a codazos a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, en el acto de inauguración del Centro de Negocios de San Agustín; ninguneando al alcalde portuense, David de la Encina ("¿y tú quién eres?", le preguntó) en una visita a la playa de Fuentebravía; o sentada ayer detrás de la actual regidora socialista en la presentación del Plan director del Centro Histórico. No cabe extrañarse del estilo estrambótico de Pelayo, muy dada a las risotadas públicas y un irrefrenable descaro por salir en la foto y darse a notar, al más puro estilo Teófila compitiendo con Kichi en el puente, por ejemplo. Esa forma de actuar es una seña de identidad del PP desde que Fraga dijera “la calle es mía”. Recordemos como también persiguió a Pilar Sánchez en su momento, incluso vistiendo con los mismos vaqueros y camisas.
Pelayo ha terminado de dejar arrasado el Ayuntamiento y muy deteriorada la marca Jerez -en sus dos etapas como alcaldesa- con su pésima gestión y sus supuestas “amistades” peligrosas. Si tiene la mínima decencia política y algún interés por procurar el bien de Jerez y el bienestar de los jerezanos, ya está tardando en dimitir de todos sus cargos. Así se lo ha reclamado en bloque la oposición jerezana, salvo Ciudadanos, desde el auto del Supremo del pasado día de la Merced. Eso es lo higiénicamente democrático y necesario, y lo razonable si se aplica el código ético del PP, que con tanta determinación pide dimisiones cuando la corrupción afecta al adversario político. La lideresa jerezana es hoy la viga en el ojo de su partido, implacable a la hora de señalar la paja en el ajeno.