El Greco, el artístico acrónimo con que se ha dotado el Grupo de Estados contra la Corrupción, perteneciente al Consejo de Europa, le viene indicando a España desde hace seis años que tiene capacidad de mejora y le ha hecho un total de 19 recomendaciones en esta materia, huelga decir que casi todas ellas centradas en lo que se refiere a su prevención y detección, sin dejar de lado prácticas de transparencia y buen gobierno, auténticas ‘vacunas’ contra la corrupción.
Este informe se ha hecho público hace escasamente unos días, tiempo después de que la UCO de la Guardia Civil destapara los presuntos casos de corrupción del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán; del ex ministro José Luis Ábalos e incluso del, digamos, asesor Koldo… sin olvidarnos tampoco del exministro del PP Cristóbal Montoro. Tras consultar con sus socios de gobierno y de investidura y cotejar que, en principio, sigue teniendo los apoyos para seguir adelante, el propio presidente, Pedro Sánchez, anunció un plan estatal con 15 medidas anticorrupción que, desde luego, no surtieron mayor efecto entre la ciudadanía, ya que dio la sensación de ser una colección de propuestas preparada sobre la marcha, más con fines políticos, de abrir un nuevo frente en el debate, que otra cosa, además de incluir, a modo de ‘fuegos artificiales’, referencias a la Inteligencia Artificial, la creación de una Agencia o a la compliance corporativa.
Por contra, las recomendaciones del Greco les sonarán mucho a la ciudadanía, sobre todo a ese 93,4% que, según un panel de El Mundo, se encuentra “bastante” o “muy” inquieta por los últimos casos de corrupción.
El informe del Greco, contrariamente a lo que suelen ser este tipo de escritos, no es nada ambiguo y va a temas concretos. Ciñéndonos a los últimos casos, por ejemplo, pide a España que debe regular todo lo que concierne a los asesores gubernamentales, profundizar en lo que se refiere a los intereses de conflictos de los altos cargos, las puertas giratorias o los aforamientos –temas que llevan años sobre la mesa– sin que se hayan llevado a cabo las reformas propuestas en seis años, lo que deja bien a las claras que tomar nuevas medidas contra la corrupción no ha estado en la primera línea de los dos ‘gobiernos de progreso’ encabezados por el PSOE.