El pasado domingo, un terrible accidente sacudía la localidad cordobesa de Adamuz. Gran parte de sus vecinos se echaban a la calle y algunos incluso a las vías para ayudar. Es la mejor cara del ser humano y todos los aplausos para ellos serán pocos. La tragedia ha costado 45 vidas y aún deja decenas de heridos, algunos de los cuales requerirán de largos procesos para recuperarse. Lo primero es estar con las víctimas.
Pero casi una semana después, comienza el tiempo de analizar qué otras consecuencias puede tener este accidente. La sociedad andaluza se ha conmovido y ha sufrido con las víctimas desde la distancia. Pero buena parte de ella también se está sintiendo directamente interpelada. Casi todos los andaluces en los pasados 34 años han cogido alguna vez el tren hacia Madrid por la línea del AVE. Muchos lo hacen con cierta regularidad, al menos alguna vez cada año o cada dos años.
Y es que el AVE al principio era de unos pocos hasta que fue de cada vez más gente. De apenas una baja frecuencia que se permitían solo los más adinerados a convertirse en una opción para viajeros de todas las provincias por las que pasa a día de hoy. La alta velocidad, dicen, era un orgullo nacional, y casi andaluz con eso de que comenzó con el eje Sevilla-Madrid.
Este accidente llega después de un proceso evidente de pérdida de confianza en el tren, que se ha acelerado en los últimos años. Renfe no cumple con los horarios y fruto de ello incluso se tomó la decisión de compensar retrasos de más de 30 minutos para larga distancia y de 60 minutos en media distancia, un incremento de tiempo respecto al pasado porque en la práctica estaba siendo necesario compensar a muchísimos de los viajeros.
La pregunta que resulta pertinente hacerse es si lo público está siendo, también en el transporte, desmantelado. Ocurre con la sanidad y la educación. La entrada de operadores privados venía por petición europea, una liberalización que ha comenzado a sobrecargar el sistema... y puede ser que esas mismas vías. Donde antes pasaban dos trenes ahora pasan decenas. La investigación apunta a un problema en una vía.
Es precipitado sacar conclusiones y habrá que esperar a los resultados de la investigación. Pero existe un temor a que la infraestructura no estuviera preparada de origen para lo que le ha tocado soportar. No hay que olvidar que hablamos de trenes de alta velocidad, algunos con dos pisos de altura... Si ha existido una sobrecarga que no ha supuesto un mantenimiento proporcionalmente incrementado, la conclusión es preocupante.
Hay otra lectura más allá de esta necesaria defensa de lo público. Adif ha estado en los recientes casos de presunta corrupción que se han ido conociendo a lo largo del último año. ¿Se ha malgastado dinero público que hacía falta para otros fines? Si bien ese posible robo de enchufar a personas cercanas al exministro Ábalos dentro de un gran presupuesto pueda ser solamente simbólico, cabe preguntarse si se ha dado el mejor uso al dinero de todos, si se ha gestionado bien lo público.
Y ojo porque en situaciones de crisis se acaba disparando la desconfianza de la gente. Cuando lo público no funciona, cuando hay razones para sospechar de corrupción, cuando la privatización o la mala gestión convierten en inoperativo cualquier servicio, entonces surgen las ideas conspirativas, las posiciones ultras... Esas mismas que afloran en cada vez más encuestas.
Que lo público funcione bien es obligación del dirigente; fallar puede costar vidas o propiciar una desconfianza hacia lo común que daña la democracia. Que no ocurra nunca más lo ocurrido en Adamuz y que se conozcan pronto las causas.