No nos referimos con "humanidad" al conjunto de hombres y mujeres, el sentido más habitual del término, sino al quinto sentido que la RAE adjudica a esta palabra, el de "sensibilidad, compasión de las desgracias de nuestros semejantes". Y éste, lamentablemente, ha dejado de existir en algunas zonas del planeta como tragado por un agujero negro.
Hablo de los territorios cercanos a las fronteras, por tierra o por mar, con EEUU y/o Europa. Todos los artículos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos fracasan estrepitosamente en ellos.
Llevamos meses -y el nombre aquí es una dolorosa ironía- escuchando noticias sobre El Paso, ese lugar en la frontera entre México y Tejas, cerca del famoso Río Bravo (llamado así en México, Río Grande en EEUU) por donde intentan entrar diariamente miles de personas para buscar refugio. El pasado marzo más de 700 inmigrantes fueron detenidos por la Border Patrol estadounidense, "la migra", como ellos la llaman. En mayo hubo 2.200 arrestos en un solo día. No hay listados de detenidos y es difícil averiguar en qué prisión están, si es que no han sido deportados.
Hace unos años el grueso de migrantes estaba constituido por varones mexicanos que decidían cruzar solos y se escondían para entrar en el país sin ser vistos, los denominados "espaldas mojadas", wetbacks, porque cruzaban sobre todo por puntos del Río Grande en los que prácticamente no hay caudal de agua . O bien de centroamericanos que atravesaban México de Sur a Norte en el llamado "Bestia" o "Tren de la muerte", un tren de mercancías al que resultaba altamente peligroso subirse y que ha dejado de funcionar.
Ahora se trata en su mayoría de familias y menores no acompañados procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Llegan pidiendo asilo y huyen de la violencia de las pandillas en sus países, de la inestabilidad política, de la pobreza y la falta de empleos. El problema es que cuando alcanzaban la frontera de EE.UU. se encontraban con otro tipo de violencia, pues los niños eran separados de forma traumática de sus familias, enfermaban e incluso morían, como ha ocurrido ya con seis de ellos en custodia federal o poco después de ser liberados, hasta que un juez de San Diego decidió poner fin a esta barbarie.
La visita de un grupo de congresistas demócratas a dos centros de detención de la zona ha sacado a la luz las terribles condiciones de vida que imperan allí: mujeres y niños sin agua corriente, durmiendo sobre el cemento, váteres atascados, maltrato psicológico, cientos de personas hacinadas entre basura a más de 30 grados y denuncias de vejaciones por parte de los agentes fronterizos. Son auténticos campos de concentración, como ha reconocido la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez. La intencionalidad de este tipo de actuaciones, además de crueles, ilegales, es claramente disuasoria.
La construcción y refuerzo de nuevos tramos de muro en la frontera sur -ya existen, desde la década de los 90 del pasado siglo, más de 1000 kms. de muros, vallas y barreras en esa área- que Trump pretendía llevar a cabo con un coste de unos 25.000 millones de euros, se encontró con la repetida oposición del Congreso de su país, y desembocó en 2018 en la concesión de un contrato por un valor de unos 324 millones de dólares a la constructora Barnard. La penúltima de las iniciativas en este sentido es la promesa de López Obrador, el presidente mexicano, de enviar 6000 agentes a la frontera con Guatemala para detener la entrada de indocumentados en su país y de acoger a más asilados, a cambio de frenar la guerra arancelaria del mandatario norteamericano. La última, el anuncio por parte de Trump, que está haciendo de la política anti inmigración su bandera preelectoral, de llevar a cabo redadas y deportaciones indiscriminadas de "sin papeles", lo que ya han denunciado diversas ONGs que afectará a la economía del país, puesto que los amenazados por esta medida no se atreverán a ir a sus trabajos ni llevarán a sus hijos al colegio.
Europa no está libre de culpa. Las más espeluznantes son las noticias que no aparecen en los telediarios o por las que se pasa de puntillas, porque no interesa que se sepan o, en todo caso, interesa que se olviden pronto.
Es el caso de Tayura, a 15 ilómetros de Trípoli, capital de Libia, donde dentro de un complejo militar malviven 620 emigrantes y refugiados procedentes sobre todo de Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea y Somalia. Comen sólo una vez al día, son amenazados con extorsiones a sus familiares y golpeados a menudo por sus vigilantes. La mayoría de los internos fueron detenidos en el mar, después de haber pagado por el viaje auténticas fortunas, por la Guardia Costera libia, financiada por cierto por la UE.
En este centro de detención, al igual que en los otros 25 existentes en el país, muchos migrantes pueden pasar años en un limbo legal, porque los trámites de evacuación por Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) son complicados y largos. Aunque el Gobierno de Unidad Nacional ha sido reconocido por la ONU, tras la ejecución de Gadafi Libia es un estado fallido sumido en el caos y la violencia, donde se mueven con impunidad tanto diferentes milicias como los traficantes de personas. El acceso a los centros de detención de periodistas y fotógrafos está restringido, pero en los rostros que aparecen en las fotos que han podido sacarse se reflejan una desesperación y tristeza infinitas.
Hace unos días el centro de Tayura fue bombardeado, según el gobierno libio por las tropas del mariscal Jalifa Hafter, que comanda el llamado Ejército de Liberación Nacional y que había emprendido el 4 de abril el asedio a Trípoli. Oficialmente la cifra de fallecidos asciende a unos 40, pero podría llegar hasta los 80, porque muchos están todavía bajo los escombros. Se dice que se va a abrir una investigación, pero por otro lado ha trascendido que la guardia costera libia disparaba contra los que intentaban escapar del ataque aéreo.
Otro es el caso de Carola Rackete, la valiente comandante alemana de 31 años del barco de rescate "Sea-Watch 3", que, desobedeciendo al gobierno de Salvini, atracó hace unos días en Lampedusa y salvó a 52 inmigrantes. Fue detenida y posteriormente puesta en libertad por una jueza italiana, aunque está todavía pendiente de otro juicio.
Dos barcos más han desafiado a Salvini: el barco Alex, de la ONG italiana Mediterranea, que llegó ayer al puerto de Lampedusa con 41 inmigrantes rescatados en aguas internacionales frente a Libia y que el ministro italiano pretende desviar hacia Malta, un destino demasiado lejano para un velero pequeño y sobrecargado. Mientras, una segunda nave espera un puerto frente a las mismas costas de Lampedusa, la Alan Kurdi -así llamada por el niño sirio que se encontró ahogado en 2015 en una playa turca-, de la ONG alemana Sea-Eye, con 65 inmigrantes a bordo salvados también en el Mediterráneo.
La ONG española Proactiva Open Arms ha vuelto también al mar desoyendo a su vez la prohibición del gobierno de nuestro país. Recientemente la ONG Caminando Fronteras, a través de su portavoz Helena Maleno, así como de fuentes sindicales de Salvamento Marítimo, ha denunciado que el protocolo ante las alertas de pateras en peligro ha cambiado, ya que ahora España no interviene en caso de que la embarcación se encuentre en aguas de soberanía marroquí.
Por otro lado, se han redoblado esfuerzos para que Marruecos tome una actitud más activa a la hora de interceptar las pateras que salen de sus costas y se ha presionado en la UE hasta lograr que el país alauí reciba 140 millones de euros para mejorar sus controles fronterizos. Una política parecida a la de Trump con el nuevo papel de México en el control de la inmigración procedente de Centroamérica.
En 2018 el gobierno español creó un mando único en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para centralizar las actuaciones vinculadas a la inmigración irregular, de forma que ahora ya no se hace nada sin que lo ordene este mando, que es un cuerpo militar dirigido por la Guardia Civil.
En cambio, Salvamento Marítimo es un cuerpo civil encargado de prestar auxilio en el mar, independientemente de quién sea el que esté en apuros. Pero ahora no puede mover ningún barco sin que lo ordene el mando centralizado militar o si la patera está en aguas marroquíes. La consecuencia es la menor llegada -es lo que se pretende- de inmigrantes a los puertos españoles. No se prohibe el desembarco, no se devuelve en caliente, no se disparan balas a los que saltan la valla en Ceuta o Melilla, no se colapsan los CIEs, simplemente se mira para otro lado cuando hay gente que puede naufragar y morir. Aún así siguen llegando pateras a las costas españolas: ayer mismo llegó a Sancti Petri una con 15 inmigrantes de origen magrebí.
Lo cierto es que se prioriza el control migratorio sobre la defensa del derecho a la vida y se criminaliza a las ONGs que rescatan a personas es peligro. De hecho, Helena Maleno fue investigada en Marruecos por supuesto tráfico de personas -en realidad por su labor de socorro en el mar-, enfrentándose a una pena de prisión e incluso a cadena perpetua. La causa ha sido archivada, pero la desobediencia civil se impone como imperativo moral frente a un neofascismo galopante que convierte el discurso oficial de los valores de Occidente y los derechos humanos en simple papel mojado. Nunca mejor dicho.
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