La batalla de Adelante: ¿qué puede pasar este miércoles? ¿Qué dice el Parlamento? ¿Puede acabar en juicio penal?

La guerra entre Podemos, IU y los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez es uno de los episodios más complicados de la izquierda actual de partidos en Andalucía, con pretensiones legítimas por ambas partes, muchos grises y reflexiones políticas que tienen su reflejo en leyes que no dejan claro qué hacer

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Pablo Fdez. Quintanilla

Licenciado en Periodismo y Máster en Comunicación Institucional y Política por la Universidad de Sevilla. Comencé mi trayectoria periodística en cabeceras de Grupo Joly y he trabajado como responsable de contenidos y redes sociales en un departamento de marketing antes de volver a la prensa digital en lavozdelsur.es.

Teresa Rodríguez, de Adelante, y Toni Valero, de IU, en una manifestación de hace unos meses con el también expulsado José Ignacio García
Teresa Rodríguez, de Adelante, y Toni Valero, de IU, en una manifestación de hace unos meses con el también expulsado José Ignacio García

Para entender la batalla abierta entre Podemos, IU y los Anticapitalistas dentro de Adelante Andalucía hay que ver la situación en su contexto. El asunto de la patada a ocho diputados de Adelante, incluyendo a su candidata, Teresa Rodríguez, y a otros dos miembros con amplia presencia mediática José Ignacio García y Ángela Aguilera, tiene como precedentes la salida de estos de Podemos, aunque no todos los ochos se marcharon, empezando por Rodríguez, que no tramitó baja, ni se ha expulsado a otros que sí se dieron de baja. Hay que entenderse bien de dónde viene el problema para entender cuál es el dibujo de la disputa, que es política, pero que tiene ya su cara jurídica, legal. El informede los letrados del Parlamento han dado el verdadero trasfondo. Repasemos. 

¿Qué ha pasado hasta ahora?

En un breve repaso cronológico, basta recordar que Rodríguez pertenecía a lo que era una facción de Podemos desde su fundación, Anticapitalistas, que venía de ser un partido ya antes con escaso éxito electoral. A medida que avanza Podemos, aumentan las tensiones y Rodríguez se enfrenta con Echenique a Pablo Iglesias en el primer congreso. A Iglesias le apoyaba Errejón. Después sería Echenique el aliado de Iglesias y Errejón dejaría el partido. Este febrero de 2020, se lleva a cabo una salida pactada que culmina en un vídeo de Rodríguez e Iglesias llamando a naturalizarlo como una discrepancia. Asimismo, Antonio Maíllo, de IU Andalcía, abandona la política activa y el poder lo toma Toni Valero. Maíllo hizo posible el entendimiento para crear Adelante, una marca diferente a la de Unidas Podemos, haciendo hincapié en el carácter andalucista frente a la unión de Podemos con IU a nivel nacional, bajo la marca Unidas Podemos. Es decir, Adelante no es UP. Valero es contrario a ese acuerdo andaluz y al poco de llegar comienzan las desavenencias. Los roces más graves, en verano de 2020: los comunitas y los morados acusan a la dirección de Adelante de apropiarse de dos cuentas de diputaciones que son comunes, y del uso de las redes sociales. Los de Rodríguez defienden que lo hacen por protección. Eso estuvo a punto de romper el acuerdo.

Éste aguanta hasta que una mañana de octubre, Inmaculada Nieto, portavoz de Adelante pero dirigente de IU, lleva a la Mesa del Parlamento la petición de la salida de los ocho diputados. No hay margen para hacer efectiva por parte de los diputados afectados la petición de que Inmaculada Nieto deje de ser su portavoz. La consecuencia es que esos ocho pasarían a ser parlamentarios no adscritos y pierden desde su capacidad de intervenir hasta los fondos propios del partido. Este miércoles 18 se tomará una decisión. Pero en paralelo ha habido un desarrollo de acontecimientos. El Pacto Antitransfuguismo. Éste se firmará en Madrid aunque aún no está cerrado el consenso de todas las formaciones. No tiene carácter legal, es un acuerdo de principios para que los partidos se comprometan a legislar en ese sentido. Adelante teme un "traje a medida" para aplicarlo contra los ocho.

Y todo ello cuando IU no expulsó a más de ocho porque en la práctica sería dejar fuera a más integrantes de los que permanecían, aunque en realidad mantiene en el grupo a personas de Anticapitalistas. Eso es clave para ese Pacto Antitransfuguismo, porque ya sobre el papel podría dársele la vuelta en su contra una vez que los que se mantienen en el grupo se señalan a sí mismo como afectados aunque no les tocara la salida. Y el informe del Parlamento deja caer que no hay normas que habiliten a Inmaculada Nieto para expulsar, pues una portavoz sería simplemente una transmisora de voluntades del grupo. Por otro lado, se da cierto margen a ésta porque los grupos pueden organizarse como quieran. La Mesa legalmente aceptó y efectuó la salida por acuerdo de los grupos, pero partiéndose de la base de que los diputados afectados efectivamente se habrían dado de baja de Podemos y sería casi automático aceptarlo. Sin embargo, una vez que los ocho indican que no están de acuerdo con el argumento, se les readmite y se sienta para el estudio de si efectivamente salieron o no de Podemos.

Visto esto, ¿cuáles sería el fondo, tanto desde un punto de vista puramente político como el legal?

  1. El poder de los partidos sobre sus cargos electos. 
    Digamos que si un partido sufre una salida de un tránsfuga a otro partido, éste tendría derecho a reaccionar porque se estaría faltando al derecho a la participación política del partido y sus votantes. Pero si esa salida es pactada, o si sobre el papel no hay marcha de Podemos, ¿puede un partido echar a gente por disputas internas para presionar su renuncia al acta? ¿Dónde quedaría, entonces, la libertad de los votantes? En España se votan listas. Cerradas, pero listas de nombres, no únicamente partidos políticos donde dé igual quién es candidato o portavoz. Eso corre va en favor del conjunto de los ocho diputados.
     
  2. El derecho de los votantes a elegir.
    La democracia española. Es representativa. Se cede la voluntad de cada ciudadano a una lista para que represente sus intereses. Si cambian las condiciones, si ya el partido deja de ser lo que era, ¿no pueden los votantes sentirse defraudados por un incumplimiento de contrato? ¿No tiene derecho el partido a reaccionar? ¿Implica incluso echar a alguien de un partido y utilizar ese hecho para declararle tránsfuga?
     
  3. La pregunta, en este caso, de quién lesiona a quién.
    Es decir, ¿es Teresa Rodríguez y los suyos quienes se cargan apenas un año después de ser elegidos un acuerdo al dejar de ser Podemos Andalucía? ¿O es Podemos e IU los que incumplen? En especial, ¿Podemos incumple al dejar de aceptar el mismo acuerdo político que aceptó en febrero en aquel famoso vídeo?

Y dicho esto, ¿qué dice el informe de los letrados del Parlamento?

  1. Que el Parlamento no puede desconocer la realidad interna de los grupos. Y a ese respecto, no vale que la portavoz sea quien diga que se echa a ocho personas, porque no hay una norme que le dé ese derecho. Si cuando se conformó el grupo se hubiera redactado unas normas internas del grupo que la facultaran, entonces sí podría. No hay procedimiento del Parlamento andaluz cerrado para echar a diputados. No tiene la potestad, por lo tanto el Parlamento debe velar por el derecho de Rodríguez
     
  2. "La baja en el partido política no implica automáticamente la baja en el respectivo Grupo Parlamentario; de admitirse, se estaría lesionando el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución", dice el informe. Es decir, que los ciudadanos "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes".
     
  3. En definitiva, no significa que no se pueda echar a nadie por transfuguismo, sino que "solo será posible si así resulta de las normas internas por las que éste se rija o a las que a ellos se hayan sometido libremente". Porque "los vínculos y lealtades de orden político son circunstanciales" a una "democracia representativa en la que los partidos, muy en especial, cumplen los cometidos capitales que enuncia el artículo 6 de la Constitución" (la libertad política), pero es la "propia racionalidad de esta forma de gobierno la que impide, en favor de una representación libre y abierta, que el Ordenamiento Jurídico haga suyos tales compromiso". Entonces, no corresponde a leyes comunes a todos sino a la organizción interna. 

Visto esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar?

  1. El Pacto Antitransfuguismo del Congreso supondrá un pequeño respaldo a las pretensiones de IU, pero si el Parlamento no lo aprueba de forma concreta para sí, no puede funcionar. Además, desde Adelante consideran que sería contrario a derecho aplicar unas normas nuevas a unos hechos pasados. Por lo general, cuandos se aprueba una norma, ésta comienza a cumplirse desde que se aprueba. Además, como se habla de representación política, sería un derecho fundamental de la Constitución y estos no se pueden impedir en base a normas posteriores, son normas irretroactivas en principio. Otra interpretación posible es que el transfuguismo no haya ocurrido solamente, sino que esté ocurriendo, lo cual sí abre la puerta  auna interpretación en favor de IU.
     
  2. Izquierda Unida y Podemos presentarán de nuevo los documentos de la baja de Rodríguez. Y si esto, a ojos de la Mesa, significa que de verdad ya no están en Podemos, podría tomarse una decisión concreta sobre quienes libremente tramitaron su baja y otra decisión sobre quienes han sido expulsados de Podemos.
     
  3. El acuerdo de la Mesa podría ser suficiente para que pasaran de forma definitiva a los no adscritos los ocho. Pero la baza de los afectados es abrir procedimiento judicial por varias vías: primero, ante el Constitucional, porque es un asunto político de representación parlamentaria; luego, por vía administrativa contra los actos aprobados por la Mesa; y por último, la vía penal, no solo contra quienes promueven la expulsión, sino también contra quienes la aceptan. La Mesa del Parlamento puede tomar decisiones equivocadas, pero si las toma contra el dictamen de los letrados del Parlamento, aunque no sea vinculante, rompen con la excusa de que pensaban que actuaban pensando que era lo legal. Habría dudas y en última instancia serían los tribunales los que dictaminaran en cada vía. Adelante teme además que se alargue a varios años de contienda judicial, lo que en la práctica supondría que no habría forma de resarcirles por los años perdidos de actividad política. En cualquier caso, el asunto es grave, porque podrían acusar a todos los miembros de la Mesa, de todos los partidos, de cohecho, la toma de decisiones por parte de personas con actividad pública (políticos o funcionarios) conociendo que son injustas.
     
  4. Una reforma del reglamento del Parlamento previo acuerdo entre las partes para que se permitiera la creación de un nuevo grupo en la Cámara, los de la corriente de Teresa Rodríguez, que supona una reasginación de fondos y tiempos de intervención, para que trabajaran autónomamente. Es la opción a día de hoy más conciliadora.

En definitiva, este asunto toca dos temas importantes: qué se entiende por representación dentro de nuestra democracia y qué herramientas tienen los partidos para actuar frente a los cargos por los que fueron elegidos. Es un tema gris porque a ambos, partidos y representantes, se les reconoce una serie de derechos y poderes y la colisión entre ambos es un terreno de grises. Y lo claro es que, a día de hoy, parece que ambos argumentos, los de cada parte, tienen su lógica, y son legítimos. Más allá de las formas de cada uno, desde cómo se efectúa la salida hasta si Adelante, con Rodríguez al frente, hizo bien tomando el control de cuentas y redes sociales. No hay solución porque Rodríguez no es una tránsfuga en el sentido previsto de fondo, el de votar contra lo que prometió, como cuando un concejal se cambia de partido para facilitar la investidura de un adversario político, a menudo por intereses personales. Pero IU y Podemos también fueron votados. El morado de Podemos, el verde de IU y el verde de Adelante ya no suman un arcoiris. Todo es gris.

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