Sin duda, tenemos derecho a decir lo que pensamos, es un derecho humano universal. Lo mismo si queremos obtener y compartir información, lo que en muchas ocasiones conlleva un riesgo al no estar de acuerdo con quienes ostentan poder. Ejercer estos derechos son un requisito democrático y los debemos practicar sin obstrucciones ilícitas, lo que es consustancial con el valor constitucional de justicia social, esto es, disfrutar de los derechos humanos.
Sin embargo, es habitual cómo determinados gobiernos tienden a poner mordaza a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y con ello a la libertad de información veraz. Recientemente lo estamos viendo en directo cuando se pretende hacer callar a unos periodistas de Infolibre por el simple hecho de informar al público de determinados hechos relacionados con un ejercicio arbitrario del poder, mostrando, así mismo, intolerancia al derecho a que se comparta información que tenga como finalidad aflorar la corrupción política que lleva ínsita esos actos de favor.
El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un derecho consustancial a todas las personas y es inherente, así mismo, al derecho a la libertad de pensamiento, de tal manera que, si no se da el primero, el segundo no se podrá realizar completamente y ambos están conectados con una prensa libre, independiente, que informe verazmente de las cosas que interesan y conforman nuestras vidas.
Se puede afirmar categóricamente que es una de las piedras angulares de una sociedad democrática y respetuosa con los derechos humanos, de tal forma que sin prensa libre e independiente no hay democracia plena y cualquier posible limitación debe ser mínima, proporcionada y justificada, precisamente lo que impide la actual Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' que favorece la discrecionalidad, cuando no la arbitrariedad policial, provoca autocensura informativa, desmovilización ciudadana y dificulta el trabajo periodístico. Amnistía internacional lo ha documentado en su informe España: activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira, donde constan pruebas “sobre identificaciones masivas de manifestantes y sobre acusaciones policiales a periodistas que solo querían hacer su trabajo, impidiendo así el ejercicio del derecho a la información”.
Y es aquí donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en que el papel que juega la prensa es de carácter fundamental e eminente en un Estado de Derecho y es al que corresponde comunicar informaciones e ideas sobre las cuestiones políticas y sobre temas de interés general, pues proporciona a los ciudadanos uno de los mejores medios de conocer y juzgar las ideas y actitudes de los dirigentes políticos. Es más, llega a calificar, tajantemente, a los periodistas como “perros guardianes” de la democracia.
Siendo como es, es imprescindible que en Andalucía se desarrolle esa libertad de prensa respetuosa con los derechos humanos, es decir, que la despliegue como perro guardián en el ámbito de nuestra Comunidad autónoma, donde la prensa vive un momento clave que requiere una adaptación a las necesidades de la población que cada vez exige con más rigor una prensa libre, sin ataduras, lo que no quita que tengan su propia línea editorial, o si se quiere ideología, eso, en absoluto les resta independencia, todo lo contrario, sería más periodismo dentro de más democracia, algo muy distinto a determinados grandes medios clásicos que son altavoz, y que se limitan a recibir la noticia ya escrita, en vez de buscarla, investigarla, indagar la verdad contando la historia, describiéndola, mostrándola y difundiéndola para ser conocida, sin acritud, pero con valentía, sin caer en la rutina y con la intención de intentar cambiar algo todos los días. Andalucía necesita que ese buen periodismo despierte, se despliegue. El Sur necesita una Voz.
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