El nuevo gobierno municipal ha anunciado que va a recuperar la figura del Defensor de la Ciudadanía y que será un concejal de la oposición quien ocupe ese cargo, lo que puede parecer la recuperación de una figura de defensa del ciudadano ante la administración, y lo que parece ser un gesto de generosidad hacia la oposición, no es ni lo uno, ni lo otro.
En primer lugar debemos aclarar que la intención del Partido Popular no es la recuperación de la figura del Defensor de la Ciudadanía, una institución independiente del gobierno y presidida por una persona de prestigio, independiente y de consenso, ni tampoco ofrece a la oposición ninguna herramienta real de fiscalización de la acción del gobierno.
Lo que el gobierno municipal pretende es llamarle Defensor de la Ciudadanía a la persona que presida la comisión especial de sugerencias y reclamaciones, una comisión de pleno en la que además tendrá mayoría el Partido Popular, por lo que ese llamado "Defensor de la Ciudadanía" poco puede hacer sin el beneplácito del gobierno. Además, quien tramitará las quejas y elaborará los informes será una unidad administrativa, que dependerá jerárquicamente de algún delegado del gobierno municipal. Cuando un ciudadano envíe una queja ni siquiera llegará al llamado defensor de la ciudadanía, sino a funcionarios dependientes del gobierno municipal.
Pero esto no se lo inventan ahora, fue el Partido Popular quien después de ganar las elecciones en 2011 eliminó la oficina del Defensor de la Ciudadanía y adaptó el reglamento del Ayuntamiento a la Ley de Grandes Ciudades, creando la comisión especial de sugerencias y reclamaciones y llamando "Defensor-a de la Ciudadanía" al presidente/a de esta comisión.
Es un fraude para los ciudadanos, que creerán que el Defensor del Ciudadano es una figura parecida al Defensor del Pueblo, o el Defensor del Pueblo Andaluz, instituciones no solo presididas, sino dirigidas por personas independientes.
El Defensor del Ciudadano debería ser una figura a la que acuden los ciudadanos cuando las estructuras jurídicas y políticas no satisfacen las necesidades del ciudadano, ya sea por violaciones de derecho, abusos de poder o falta de transparencia en la administración pública, pero también por la desconfianza que tiene la ciudadanía en las estructuras del estado, a menudo rechazadas por burocráticas e ineficientes.
La figura del defensor debe ser independiente e imparcial, que sea un concejal adscrito a un partido político determinado, además de poder generar un conflicto de intereses y afectar su objetividad, puede generar rechazo por parte de la ciudadanía. Además, la oposición, en un régimen parlamentario y plural como es nuestro modelo constitucional, no es una oposición uniforme, sino que está compuesta por diferentes partidos con distintos intereses y agendas políticas. En España ni siquiera está recogida oficialmente la figura de "líder de la oposición", a pesar de los intentos que ha hecho el bipartidismo por establecer esa figura, ya sea legalmente o comunicativamente.
El anuncio también puede ser percibido como un gesto de generosidad, e incluso transparencia, hacia la oposición, pero la realidad es que presidir una comisión de sugerencias y reclamaciones no es una herramienta útil, ya que las quejas ni siquiera llegarían al defensor de la ciudadanía, ya que la tramitación de las quejas y la generación de los informes lo realizará una unidad administrativa dependiente del gobierno.
Si el gobierno pretende dotar de herramientas de control y supervisión a la oposición, hay medidas mucho más sencillas y efectivas, y si lo que pretende es dotar de herramientas a los ciudadanos, debería establecer una figura verdaderamente independiente y no vinculada a ningún partido político, que cuente con competencias reales y con el respaldo y la confianza de todos los sectores de la sociedad.
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