Como todos sabemos hemos acabado el 2016 con un gran retroceso en cuanto a derechos humanos se trata, pero lo peor es que este nuevo año no pinta ir a mejor, según nos indica el informe anual de Amnistía Internacional. A medida que vamos despreocupándonos de las atrocidades que van sucediendo a lo largo y ancho de nuestro mundo, vamos perdiendo sensibilidad y creando un mundo más dividido y peligroso.
En España persistió el uso de “enaltecimiento del terrorismo” como delito para procesar a personas que ejercían de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión, se denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza, expulsión colectiva por parte de agentes de Policía contra personas, entre ellas las que intentaban entrar irregularmente en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos. En algunos casos no se investigaron eficazmente las denuncias de tortura y otros malos tratos, por otra parte, las autoridades sólo aceptaron reasentar y reubicar a unos pocos cientos de personas refugiadas, una cantidad muy inferior a la declarada en los compromisos contraídos con la Unión Europea.
España no aplicó las directivas europeas sobre personas apátridas en los procedimientos de asilo y sus condiciones de recepción. Seis años después de la entrada en vigor, la Ley de Asilo seguía sin implementarse, lo que hizo que el acceso de las personas solicitantes de asilo a la asistencia que tenían derecho a recibir, no fuera el mismo en todo el país. En enero del 2016 se pronunció la sentencia del juez que investigaba la muerte de Juan Antonio Martínez González en Cádiz el 4 de abril de 2015 a consecuencia de las lesiones sufridas al ser “inmovilizado” por agentes encargados de hacer cumplir la ley. El juez concluyó que no existían pruebas que respaldaran la acusación de que los agentes habían empleado métodos de inmovilización prohibidos, o de que se habían excedido en el ejercicio de sus funciones durante su intervención.
Y así llegamos al extremo de que las resoluciones pronunciadas por nuestros jueces ya casi ni tienen en cuenta los motivos de preocupación expresados por los organismos internacionales de derechos humanos que tratan sobre la impunidad y la ausencia de investigaciones eficaces y exhaustivas, así como sobre la falta de calidad y precisión en las investigaciones. Las medidas de austeridad puestas en marcha también siguen afectando negativamente a los derechos humanos, sobre todo en cuanto el acceso a la salud y la protección social de algunos de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad de nuestro país.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el establecimiento de juzgados de violencia contra la mujer habían entrado en vigor en 2004. Sin embargo, desde entonces no se habían evaluado los efectos de la ley de manera participativa y transparente, a pesar de las preocupaciones expresadas respecto a la eficacia o no de los procesamientos y sobre su idoneidad en las medidas de protección de las víctimas. Lo cierto es que después de estos pequeños desgloses, empezamos 2017 en un mundo muy inestable con mucha inquietud e incertidumbre sobre nuestro futuro, y en este contexto es bueno recordar una parte muy significativa de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque aunque hayan sido redactados en 1948 después del periodo mas sangriento de la historia de la humanidad, hoy en día nos encontramos más que nunca lejos de garantizarlos.
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos del hombre han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado como la aspiración mas elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias.
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto mas amplio de la libertad.
Con estos puntos debemos recordar que cada vez es más urgente y necesario reavivar nuestro compromiso con los valores básicos, con nuestras quejas sociales o económicas, con la sensación de inseguridad y pérdida de derechos, porque al final del camino todo aquello nos deriva a factores como el desempleo, la inseguridad laboral, la creciente desigualdad y la reducción de los servicios públicos, debemos exigir compromiso, y cambios en la política por parte de nuestro gobierno, pero antes, ¡EXÍGETE TÚ EL MISMO COMPROMISO, ES URGENTE!
Artículo de Tania Paiva, activista del equipo de medios de comunicación de Amnistía Internacional Andalucía.
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