Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una imagen reciente.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una imagen reciente.

"Durante años muchos políticos se han dedicado a hacer el paleto, a crear identidades donde no las había, a hablar de ser más leoneses, más navarros, baleares, de ser más catalanes. Han permitido que sus empresas se vayan arruinando, han ido subiendo indiscriminadamente los impuestos a sus empresarios, no han propuesto ninguna política creativa y han permitido que sus jóvenes y la iniciativa privada se fueran a otras comunidades como Madrid". Así se despachaba Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid el 18 de febrero, apenas unos días antes de que llegara el coronavirus. Un mes más tarde el sindicato de médicos de la comunidad consideraba que Madrid "necesita ayuda de otras comunidades autónomas". 

Cuando en Madrid se superaron los 50 casos por 100.000 habitantes, el 14 de marzo, se decretó el estado de alarma y toda España, tuviera los casos que tuviera, se confinó solidariamente. Todos. En ese momento comunidades autónomas a las que Ayuso calificaría de “paletas”, como Andalucía, estábamos en menos de 4 casos por cada 100.000 habitantes. 

La Comunidad de Madrid pelearía más tarde para entrar en Fase I y finalmente lo lograría el 25 de mayo, cuando aún acumulaba 27 casos por 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días. Andalucía solo llevaba en fase I una semana a pesar de que hacía más de un mes -el 23 de abril- que había bajado del umbral “madrileño” de los 27 casos. Hoy, con todavía un 1.500% más de casos que Andalucía y con un descenso de sólo un 8% respecto a su situación de pase a Fase I, los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid piden su pase anticipado a Fase 2. 

Isabel Díaz Ayuso nos recordó aquel 18 de febrero que hay comunidades autónomas de primera y de segunda y el coronavirus nos está revelando qué significa esto en la práctica. Quizá al menos la monumental ignorancia de Ayuso nos ayude a poner el foco en un hecho relativamente ignorado por la historia oficial de nuestro país: la única virtud de Madrid es su título, el de capital y, por supuesto, sus oropeles, los que corresponden a ser la residencia de las cortes. Cortes en plural y en minúsculas, porque me refiero a las sedes de los cortesanos del poder capitalino, el mediático, el económico y por supuesto el político.

Esas cortes medran al calor de los excedentes económicos que le garantizan los negocios y las decenas de miles de salarios de las 19 de las 35 empresas del IBEX con sede en Madrid -cerca del poder-, de los trabajadores y trabajadoras de 22 ministerios, las sedes de todos los partidos políticos estatales, toda la cúpula del poder judicial (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional), de los más de 1.500 trabajadores del Congreso, los 350 diputados, los 265 senadores….pero también de las direcciones operativas y políticas de Renfe, Adif, Loterías y Apuestas del Estado, Agencia EFE, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que incluye a empresas de la dimensión de Tragsa o Mercasa, que gestiona 23 mercas en las principales ciudades de España), del Grupo Correos, Paradores Nacionales, ICEX,  ICO, Consorcio de Compensación de Seguros, AENA, Enaire, RTVE,  Sepes), CSIC, etc., y un largo etcétera de empresas públicas con capacidad de gestión y poder para dirigir y traccionar sectores de crucial importancia para la economía española como el propio Banco de España, la CNMV o la CNMC… 

El hipercentralismo es tan grosero que incluso sectores vinculados íntimamente a la costa, como los astilleros de Navantia, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) o Puertos del Estado, tienen su sede en el centro de la península, en Madrid, donde tributan ellas, sus filiales, sus subcontratas y sus empleados por supuesto. En términos netos 150.000 empleos públicos estatales radican en Madrid, el 30% del total del Estado, el doble de lo que le correspondería por población y con un abultado sobrepeso de los puestos directivos. Según el Boletín del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en la Comunidad de Madrid el 39% del empleo público depende de la administración estatal, más del doble de la media nacional, donde supone únicamente el 19% del total del empleo público. 

Y este es solo un dato menor comparado con el peso económico y el poder político que suponen de las instalaciones públicas que en Madrid residen. Por poner un único ejemplo de lo que supone este inmenso sector público para Madrid, solo el Aeropuerto Adolfo Suárez, el hub aeroportuario español, en palabras de su exPresidenta Cristina Cifuentes, ya genera el 10% del PIB de la región.

Por si esto fuera poco el sector público es el mayor inversor en Madrid. Solo contando las inversiones planificadas por el Ministerio de Fomento tenemos de un lado a Aena, que ha puesto en marcha la ampliación del aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez, el mayor proyecto de inversión en Madrid para los próximos años con 2.000 millones de euros. De otro lado el segundo proyecto en volumen de inversión también correrá a cargo de una empresa pública, Adif, que invertirá 1.460 millones en integrar Atocha y Chamartín en una megaestación.

Y no, el principal aeropuerto del país no tiene por qué estar en la capital del Estado, no lo está el principal aeropuerto de Alemania, que se encuentra en Frankfurt, ni el de EEUU, que se sitúa en Hartsfield-Jackson, Atlanta. Ambos son hubs aeroportuarios que, fruto de decisiones políticas acertadas, impulsan regiones sin otras capacidades económicas tractoras.

Como vemos los impulsos públicos, y por ende sus decisiones políticas conexas, conforman una parte central del aporte de excedentes a Madrid, el mismo excedente de ingresos y rentas que le permite bajar impuestos y hacer dumping fiscal contra otras Comunidades. Decisiones políticas, del mismo modo que es una decisión política la que construyó una red radial de carreteras y ferrocarriles, boicoteando de facto relaciones naturales entre regiones como el norte y el suroeste peninsular o los puertos del corredor mediterráneo, al tiempo que redirigían tráficos hacia el centro, hacia Madrid.

Y apenas hemos rozado la superficie de las externalidades negativas para el resto de territorios de esta hiperconcentración del poder político, económico, judicial y mediático en Madrid. Pensemos solo en cómo se descapitalizan los recursos humanos del resto de las comunidades autónomas cuando se  obliga a los y las trabajadoras a trasladarse a la capital para poder alcanzar los más altos escalafones de sus carreras profesionales.

Por el contrario ni nos hemos asomado a las externalidades positivas de una desconcentración del poder y el empleo asociado a este mediante subcontratas, producción auxiliar, servicios, conocimiento, etc. que serían un motor del alza salarial de zonas depauperadas que redundarían en beneficios en todos los escalones de la cadena productiva y demográfica, incluido el campo.

La reversión del fenómeno al que asistimos está en manos de la clase política. Si queremos reequilibrar demográfica y económicamente nuestro país hay que tomar decisiones políticas. Si queremos restituir los lazos de identidad interregionales que harían posible una identidad plurinacional española basada en la solidaridad y la voluntariedad, hay que tomar decisiones políticas. ¿cuáles?, bastaría con comenzar a desconcentrar el poder público y generar dinámicas y sinergias en torno a ellos en distintos puntos de la geografía nacional. ¿Por qué no puede residir Puertos del Estado en Algeciras?, ¿por qué el hub aeroportuario español no debería estar en Málaga?, ¿y por qué no las oficinas centrales de Navantia en Ferrol?, ¿y la sede de los poderes judiciales en Zaragoza? ¿y Salvamento Marítimo en Almería?, ¿la sede del Grupo Correos en Avilés?, ¿Tragsa en Lugo?, ¿el Senado en Barcelona y el Congreso en Santander?, ¿el CSIC en León?.... Solo hace falta voluntad para hacerlo. Pero claro, quizá los paletos no merezcamos ser sede de nada más que estiercol y arena para disfrute de los amigos de la señora Ayuso. 

Pregúntense algo, si la provincia de Cádiz hubiera superado aquel 14 de marzo los 50 casos por 100.000 habitantes con Madrid en 4 casos por 100.000… ¿se habría confinado toda España con Cádiz? ¿Qué habría sucedido en España si la provincia de Madrid hubiera bajado de 27 casos por 100.000 habitantes el 23 de abril -como sucedía en Andalucía- con la provincia de Cádiz aún en 220 casos por 100.000 -como sucedía en Madrid?, ¿habríamos seguido confinados todos tres semanas más?.

Quizá Isabel Díaz Ayuso tiene razón y en España hay comunidades de primera y comunidades de segunda. Madrid está primero y luego estamos “los paletos”. O quizá esta monumental crisis nos haga entender de una vez por todas que la descentralización del poder cortesano es nuestra única y mejor palanca para salir de crisis reimpulsando la economía pero también con más igualdad, equilibrio y cohesión territorial.

Sergio Pascual es ingeniero y Antropólogo. Diputado andaluz en el Congreso durante las legislaturas XI y XII.

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