Los discursos de odio que escupe la ultraderecha contra las personas migrantes son deleznables. En primer lugar, porque buscan arrebatar la dignidad inherente a cualquier ser humano. Olvidan el primer artículo de la Declaración Universal: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales y dotados como están de dignidad y derechos, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Pero conceptos como libertad, igualdad o fraternidad —que ellos desprecian como woke— son precisamente los pilares de cualquier sociedad decente.
Quizás convenga recordarles también lo que dice la doctrina cristiana: “El amor al prójimo es universal y no conoce fronteras de raza, de cultura o de religión”, en palabras de Juan Pablo II, poco sospechoso de veleidades progresistas. O la carta a los Gálatas de San Pablo: “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús”. Y, si se quiere ir más arriba, las enseñanzas de Jesús: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
Uno no es especialmente religioso, pero sorprende la capacidad de la ultraderecha para renegar incluso de sus supuestas raíces con tal de esparcir el odio que les corroe por dentro.
A menudo parece que no valen razones. Pero no está de más recordar argumentos ilustrados —aunque les resbalen— que están cargados de evidencia y sentido común. Y estos días ha caído en mis manos un excelente trabajo titulado España ante el reto migratorio. Dos futuros posibles, publicado por la Oficina Nacional de Prospectiva. Sus conclusiones son tan claras que deberían formar parte del debate público.
España ante dos futuros: uno que se encoge y otro que se mantiene vivo
El estudio plantea un ejercicio tan simple como revelador: imaginar cómo sería el país en 2075 con los flujos migratorios actuales… y cómo sería con un 30% menos de inmigración. El contraste convierte el debate en una cuestión de realismo, no de ideología.
España lleva años registrando más muertes que nacimientos. Con una fecundidad de 1,1 hijos por mujer y una esperanza de vida altísima, la población solo crece gracias a quienes llegan de fuera. Si ese flujo se reduce, el país pasaría de 48 a 40 millones de habitantes en 2075. Y, lo más grave, perdería 9 millones de personas en edad de trabajar. España sería un país que se apaga.
La inmigración no solo sostiene la demografía: sostiene la economía. Con menos inmigración, el PIB sería un 22% menor en 2075. Cada residente perdería unos 18.000 euros de renta anual. Menos trabajadores significa menos consumo, menos innovación y menos ingresos públicos. España sería un país más pobre.
Y sectores esenciales se verían en riesgo. En la agricultura podrían desaparecer 220.000 explotaciones por falta de mano de obra. En los cuidados, la oferta caería un 28%, justo cuando la población dependiente crecería un 60%. Y en la hostelería, el país perdería el equivalente a 90.000 bares y restaurantes.
Menos inmigración implica menos cotizantes. El gasto en pensiones sería 1,2 puntos del PIB mayor y cada trabajador tendría que aportar 2.000 euros más al año. Para compensar la caída de ingresos habría que subir el IVA un 6% o el impuesto de sociedades un 14%. El Estado del bienestar, con un descenso drástico de la inmigración, podría desmantelarse.
En el escenario restrictivo, España podría perder nada menos que 2.300 municipios. La inmigración aparece como el único freno real a la despoblación rural. Sin inmigración, el territorio se vacía.
Una lucha que exige datos, no prejuicios
El informe no prescribe políticas, pero sí deja claro que la inmigración es un factor estructural para evitar el declive demográfico, económico y territorial de España. No se trata de buenismo ni de ideología: se trata de realismo. De elegir entre un país que se apaga o un país que se mantiene vivo.
El problema es que nuestra ultraderecha —y la derecha que la acompaña— no atiende ni a razones ni a evidencias. Sus discursos de odio y las políticas que de ellos se desprenden se basan en la construcción de una identidad colectiva asentada en el miedo y la exclusión, con un objetivo menos épico y más pedestre: obtener réditos electorales, poder y acceso a recursos.
No es solo odio irracional: es una estrategia política que instrumentaliza el resentimiento y la incertidumbre para convertirlos en cohesión interna y movilización electoral.
Desde los valores progresistas, la lucha contra el discurso de odio no consiste únicamente en desmentir bulos. También exige aportar razones —como las de este estudio— y confrontar política, social y electoralmente a quienes hacen del miedo su proyecto. Porque su ascenso no trae soluciones: trae retrocesos, desigualdad y un país más pequeño en todos los sentidos.
Y conviene decirlo sin rodeos: la ultraderecha no ataca a las personas migrantes porque sean un problema, sino porque necesita un enemigo. Necesita señalar a alguien para no señalar sus propias carencias. Necesita fabricar miedo para no hablar de derechos. Necesita dividir para no tener que construir. Su estrategia no es proteger a nadie: es erosionar la convivencia para convertir la fractura social en votos.
Frente a eso, la respuesta no puede ser tibia. Defender la dignidad humana, la igualdad y la convivencia no es una opción ideológica: es una obligación democrática. Y defender la inmigración con datos, con argumentos y con políticas valientes no es un gesto de buenismo: es la única manera de garantizar que España siga siendo un país vivo, próspero y decente.
Porque lo que está en juego no es solo cómo tratamos a quienes llegan, que también, sino qué tipo de sociedad queremos ser. Y entre una España que se apaga y una España que se mantiene viva, la elección debería ser evidente.