La Justicia se ha comportado con José Luis Peñas, el que destapó el caso Gürtel, como Quinto Servilio Cepión, procónsul romano, con los tres lusitanos que mataron a Viriato (por orden del otro procónsul, Marco Pompilio), a los que mandó ejecutar, pronunciando la célebre frase: Roma no paga a traidores.
Sin la colaboración del delator nunca hubiese habido caso y el Gobierno de la nación no sufriría ninguna moción de censura. José Luis ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión. Este hombre no solo presentó la denuncia ante la UDEF, la fiscalía y ante el juez Garzón sino que, jugándose el tipo, aportó grabaciones que demostraban los hechos manifestados y, además, sus declaraciones incriminatorias posteriores fueron cruciales para proseguir las investigaciones contra los responsables y desenmarañar la trama de financiación ilegal del partido que gobernaba Majadahonda.
Este personaje trabajaba en ese Ayuntamiento madrileño como funcionario eventual y en 2003 se presentó por el PP, salió concejal y le nombraron responsable de la concejalía de Planeamiento Urbanístico hasta 2005, donde descubrió con pruebas de cargo la trama. Al denunciar, su vida se convirtió en un infierno, odiado por casi todos sus excompañeros. El 29 de julio de ese año fue expulsado del partido junto a Juan José Moreno Alonso y ambos, ante tal situación, intentaron constituir el grupo mixto municipal pero se lo impidieron. Para colmo, no les dejaban votar ni ejercer sus derechos políticos en las comisiones informativas convocadas, circunstancia que determinó la presentación de 112 recursos de amparo al Tribunal Constitucional, después de agotar la vía contenciosa administrativa y habiendo llegado el procedimiento hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a consecuencia de sentencias y resoluciones desestimatorias. El Tribunal Constitucional les dio la razón y determinó la nulidad de esas comisiones informativas por privarles de su derecho a la igualdad. Aparte, recibió infinidad de amenazas telefónicas y de todo tipo.
Por si fuera poco, su hija sufrió un atropello en circunstancias extrañas, que podía ser la forma con que las mafias presionaban para que mantuviera la boca cerrada y se desdijera de sus declaraciones, aunque el autor de tal agresión nunca se ha encontrado. Es más, José Luis ha afirmado que incluso le han ofrecido una ingente cantidad de dinero para que no hablara y, en cambio, se mantuvo firme y nunca cayó en la tentación. Al revés, vive honradamente y humildemente de su trabajo con un sueldo de 1.400 euros al mes.
La culpa de que esta injustica suceda es que se ha puesto pegas a la aprobación de la Ley Integral contra la Corrupción y para protección de los denunciantes, presentada por el partido naranja para la regeneración política. Los grandes partidos han puesto piedras a esta iniciativa, hasta conseguir aparcarla en las Cortes, porque temen el coste electoral de que la gente se envalentone y denuncien más casos que les afecten. Como ya dije en este medio, en mi artículo Alianza contra la corrupción. España es uno de los únicos cuatro estados de la OCDE que no protege a los denunciantes de la corrupción y, ahora, creo firmemente que lo seguirá siendo por mucha moción de censura al Gobierno. José Luis Peñas se merece más un monumento que una condena, por ser un héroe. Pero para muchos será un tonto útil con que derribar a un oponente y, para otros, un traidor. Somos un país desagradecido. Así se escribe la historia desgraciadamente, condenando el valor y la honradez.
Recientemente la Fiscalía Anticorrupción ha pedido su indulto para evitar que entre en la cárcel, pero lo que nunca debió sufrir este hombre son esos duros y largos años de procedimiento bajo la condición de imputado y, luego, procesado, fue una crueldad innecesaria. ¿Lo indultarán los que han vivido tan de cerca la corrupción en sus filas?
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