"Toda alianza anticorrupción es buena y recomendable [...] pero en este asunto hay mucho postureo y gesticulación de los políticos".
España es uno de los cuatro países de la OCDE que no protege a los denunciantes de los casos de corrupción. Para paliar esta aberración, se está tramitando en las Cortes la Ley integral contra la corrupción y para la protección de los denunciantes. Buena parte del articulado de este proyecto de ley recoge las demandas de la Plataforma por la Honestidad, que fue creada mayoritariamente por personas que revelaron muchos de los casos de corrupción destapados y que se están investigando actualmente en los juzgados.
Gracias al coraje y valentía de estos héroes conocemos parte de este iceberg de inmoralidad. Uno de sus miembros, y ejemplo de proeza, es Ana Garrido, exfuncionaria del Ayuntamiento de Bobadilla del Monte, que con un dossier de más de 300 páginas ayudó a encausar el caso Gürtel. Esta valiente sufrió un infierno por mostrar la podedumbre, le intentaron hacer la vida imposible y fue objeto de acoso laboral. A esta combativa mujer la despojaron del despacho y de su móvil y la degradaron profesionalmente, consecuencia de lo cual sufrió 18 meses de baja por depresión. Pero en ese tiempo de enfermedad no se amilanó, sino que acumuló datos patrimoniales de los implicados en la trama delictiva para obtener pruebas suficientes y evitar, así, ser acusada de denuncia falsa.
Por ello, propondría, desde aquí, que esta señora obtuviese un reconocimiento público de toda la ciudadanía por su coraje y arrojo y que su nombre figure en alguna calle de las ciudades españolas, del mismo modo que Miguel Angel Blanco debe tener su recuerdo , éste por motivos más funestos y como símbolo de la resistencia al terror. La razón de esta iniciativa es muy sencilla: al igual que el castigo a la corupción debe ser ejemplarizante, muy visible públicamente y contundente, sin que quepa indultos posteriores, para escarnio del delincuente y para evitar que se imiten esos modelos sociales; el premio por honestidad debe ser también ostensible,como paradigma y patrón de la conducta a emular.
Hace unos días, a nivel regional, se ha presentado la Alianza de Denunciantes contra la Corrupción como instrumento para la lucha contra esa lacra en Andalucía y con objeto de ayudar y estimular a aquellas personas que se atrevan a desvelar las corruptelas de las distintas administraciones en este territorio. Entre sus integrantes, destacan los descubridores de la Operación Poniente, contra el alcalde de Roquetas, o los que sacaron a la luz el Cártel del Fuego, causa en la que afloró un acuerdo ilícito entre compañías abastecedoras de medios contraincendios con la administración andaluza, así como con otras comunidades autónomas. Otro de sus promotores es Roberto Macías, trabajador de una de las empresas vinculada a un importante sindicato, que se atrevió a declarar en la Guardia Civil las corruptelas del mismo. Los fundadores aspiran a que se integren en esta asociación otros famosos luchadores, comprometidos por la honradez y limpieza de la actuación pública, como Spiriman, impulsor de la Marea Blanca que ha cuestionado la gestión de la sanidad andaluza.
Toda alianza anticorrupción es buena y recomendable, por lo que habría que recibir esta nueva iniciativa con alegría y con deseos de que obtenga muchos éxitos, máxime cuando el CIS considera que la corrupción es la segunda preocupación de los españoles. Pero en este asunto hay mucho postureo y gesticulación de los políticos.
Lo que no es de recibo es que se critique esta purulencia, cuando siempre y en última instancia ésta puede ser perseguible judicialmente, y luego, se llenen las administraciones con una legión de asesores, amigos, amiguetes, familiares puestos a dedo y algunos, incluso, sin formación académica. Esta adminstración paralela es, incluso, hasta más reprochable, pues se justifica al dictado del gobernante de turno, que legaliza la ampliación de plantillas a su antojo, con sólo aprobar una norma, disposición que raramente es discutida por la oposición, salvo cuando recibe sólo migajas. Además, esta legalidad, bajo una apariencia democrática por vía indirecta, impide que sea perseguible judicialmente, por lo que el ciudadano no puede defenderse de ese derroche público.
Al final los ciudadanos no tienen el derecho democrático a decidir cuántos asesores deben de haber, sino que son los mismos políticos los crean las normas que regulan su actividad a su conveniencia. Pedir la palabra al pueblo sólo para repartirse los sillones y una vez cada cuatro años es valorar muy poco a la población.
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